Los técnicos de Hacienda plantean un arsenal de medidas contra el fraude en la contratación pública

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han lanzado una batería de 25 medidas destinadas a minimizar los persistentes riesgos de fraude y corrupción en la contratación pública. La iniciativa a raíz del aumento del 18 % en las denuncias, un indicador que, según los técnicos, apunta a una proliferación de prácticas ilícitas tras el análisis de los indicadores de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

El plan de Gestha se estructura en tres pilares fundamentales: medidas organizativas, preventivas y modificaciones legales, buscando una reforma integral que refuerce los mecanismos de control y disuada a quienes intenten burlar el sistema.

En el ámbito organizativo, Gestha pone el foco en la necesidad imperiosa de fortalecer las estructuras de control existentes y crear nuevas. Una de las propuestas más destacadas es la atribución clara de funciones, competencias y responsabilidades esenciales en los puestos que garantizan la fiscalización de la Intervención General del Estado (IGAE) y las Intervenciones forales, autonómicas y locales. Este blindaje busca evitar duplicidades o vacíos que puedan ser aprovechados para el fraude.

Complementariamente, se propone potenciar los procedimientos de investigación de irregularidades por parte de la IGAE y los órganos de control interno de las Comunidades Autónomas. Para ello, se considera vital aumentar progresivamente las plantillas de la IGAE, la Agencia Tributaria (AEAT) y las Haciendas Forales y Servicios Tributarios autonómicos, argumentando que España presenta un déficit de técnicos en comparación con la media europea, lo que limita la capacidad de control en un país de su envergadura. Esta dotación de personal iría acompañada de itinerarios de formación especializada.

Un aspecto crucial en este apartado es la creación y fortalecimiento de Agencias Antifraude a nivel autonómico y local. Gestha aboga por aumentar el personal técnico investigador en las oficinas ya existentes (Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Navarra) y, significativamente, por la creación de nuevas agencias con funciones de investigación en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y País Vasco. Asimismo, se plantea la recuperación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares (AIB), suprimida en 2024, y la creación de Oficinas Antifraude de ámbito local en municipios de más de 200.000 habitantes, siguiendo el modelo de Madrid y Barcelona.

Las medidas preventivas buscan actuar antes de que el fraude se materialice. La propuesta de aprobar una Estrategia Nacional de Antifraude con criterios unificados y actuaciones coordinadas entre las distintas oficinas y agencias emerge como un pilar fundamental para establecer un marco de acción cohesionado.

Se considera vital establecer un Sistema de Alertas Rápidas de la corrupción en todas las administraciones, permitiendo a las oficinas antifraude analizar los fraudes en fases tempranas y, lo que es crucial, asegurando la protección del denunciante, especialmente si tiene una relación funcionarial o laboral con la entidad señalada.

Además, Gestha incide en la necesidad de exigir un mayor compromiso de los directores de las administraciones públicas con las leyes de Transparencia, limitando las causas de denegación de información y restringiendo la posibilidad de recurrir resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La publicación anual de un listado de personas condenadas con sentencias firmes por casos de corrupción, incluyendo financiación ilegal de partidos y otros delitos relacionados, busca ser una medida disuasoria y de rendición de cuentas pública.

Marco más estricto

Finalmente, las propuestas de Gestha incluyen modificaciones legales que buscan endurecer el marco sancionador y limitar las oportunidades para la discrecionalidad y el fraude. Destaca la intención de desconcentrar el poder de decisión de la contratación mediante la obligatoriedad de órganos colegiados, dificultando así las injerencias políticas o empresariales.

Se propone endurecer la Ley de Contratos del Sector Público en lo referente a la prohibición de contratar para personas jurídicas condenadas por cohecho, prevaricación o financiación ilegal de partidos. También se plantea eliminar el carácter excepcional para que esta prohibición se extienda al conjunto del sector público y no solo al ámbito territorial donde se cometieron los delitos.

Otras modificaciones relevantes incluyen restringir las posibilidades de decisiones discrecionales en la Ley de Contratos y evitar la externalización de la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas o técnicas. En una acción de gran calado, Gestha sugiere a la Fiscalía General del Estado dictar una instrucción para que las Fiscalías soliciten en todos los procesos penales por fraude y corrupción la inclusión de la prohibición de contratar con el sector público en las sentencias, con periodos de entre dos y diez años según el delito.

La propuesta se completa con la exigencia de responsabilidades al gestor del gasto, más allá de las contables, y la modificación de la normativa de financiación de los partidos políticos y la de información patrimonial de los representantes públicos, incluyendo sanciones por su incumplimiento. Con estas 25 medidas, los Técnicos de Hacienda buscan edificar un dique de contención robusto frente a la corrupción en la contratación pública, un ámbito vital para la confianza ciudadana y la eficiencia de los recursos estatales.