El Gobierno instruye a los jóvenes para litigar contra las inmobiliarias en una guía oficial

El Instituto de la Juventud (Injuve), organismo dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego, acaba de publicar una guía dirigida a jóvenes inquilinos en la que contiene instrucciones detalladas para reclamar, grabar e incluso denunciar a las agencias inmobiliarias. El enfado entre los profesionales ha sido importante y la patronal ha pedido la retirada al considerar que contiene un trato ofensivo e ideologizado hacia este sector.

Bajo el título Juventud con derechos. Guía de los derechos de las inquilinas, el documento guarda perlas como que es más conveniente alquilar directamente con un particular «porque evitarás las agencias intermediarias que, de forma generalizada, velan solo por sus intereses y los del casero, lo que podría suponerte más trámites y costes» o «si te ves forzado a pagar a la inmobiliaria, puedes pagar los gastos y después reclamarlos».

Explica también cómo reclamar judicialmente la devolución de una comisión a la inmobiliaria, el abono del seguro de impago o una fianza al casero, así como el proceso de desahucio, en el que incluye información sobre las medidas de protección en caso de falta de pago —ocupación—. Por último, el texto recomienda acudir a «grupos de apoyo ciudadano» como el Sindicato de Inquilinos.

Los autores de la guía son Alejandra Jacinto, excandidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, y Víctor Palomo, cabeza visible del Sindicato de Inquilinos de Madrid. Jacinto, abogada vinculada a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), abandonó la política tras el descalabro electoral de Podemos en las elecciones de 2023, donde su partido no llegó a alcanzar el 5 % necesario para obtener representación en la Asamblea. Ambos mantienen una trayectoria ligada a organizaciones de izquierda.

El texto ha levantado ampollas en el sector inmobiliario por la publicación de lo que consideran «estereotipos dañinos» que no distinguen entre profesionales legalmente constituidos con «casos puntuales que, como en cualquier sector, no representan la realidad mayoritaria». Desde la patronal recuerdan que la función de las inmobiliarias es la de actuar como mediadoras, están sujetas a las normas de consumo, fiscales y de protección de datos, y colaboran en la lucha contra el intrusismo profesional.

«Damos la garantía de un proceso transparente», explica a El Debate Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de FADEI, la patronal inmobiliaria de España. «Tenemos unos códigos, estamos totalmente profesionalizados y cumplimos unos protocolos de gestión del alquiler o venta», añade. Gómez Huecas comenta que las inmobiliarias son las primeras en exigir a los propietarios que cumplan las condiciones de habitabilidad, a diferencia de lo que ocurre entre particulares, además de la seguridad jurídica que ofrecen al haber sido analizados todos los documentos legales por profesionales.

Por eso lamenta la publicación de una guía que parece «formar parte de una campaña de demonización del sector». «Una de las partes es para meter miedo sobre las inmobiliarias, cuando todas cumplen los requisitos que marca la ley y apenas hay denuncias», señala.

Problema estructural

Además, considera que estos ataques a una pata fundamental del mercado no ayudan a solucionar el problema de la vivienda. «Hay mucho stock de vivienda de segunda mano que si hubiese beneficios fiscales para vendedor y comprador saldría al mercado. Lo mismo ocurre en el caso del alquiler si se diera protección al arrendador y no proteger el impago. Hablamos de hasta 80.000 viviendas que podrían incorporarse al mercado entre venta y alquiler», apunta.

«La ley de vivienda salió como una ley electoral cuando es un problema estructural. Saquemos la vivienda de las instituciones: hace falta un equipo técnico que conozca la problemática de cada región. Hace falta coordinación», concluye.

Desde FADEI han exigido al Departamento que dirige Sira Rego una rectificación pública que reconozca «el papel legítimo y positivo de las agencias inmobiliarias en el proceso de arrendamiento de viviendas» así como una reunión institucional con carácter urgente para ofrecer su colaboración en la redacción de una nueva versión de la guía que refleje la realidad del mercado del alquiler «de forma rigurosa, equilibrada y sin sesgos ideológicos».