La imposición del catalán a las empresas abre una puerta peligrosa
Al mismo precio, habrá quien prefiera tener en nómina a quien maneje dos o tres lenguas cooficiales, y también quien opte por situar su centro de atención al cliente en Barcelona y no en Guadalajara, Parla o Almería
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras
No hay problema que Pedro Sánchez no solucione con una nueva ronda de cesiones periféricas. El último ejemplo es la futura obligación para las empresas de más de 250 trabajadores de atender en catalán a los clientes que así lo soliciten. Algo que Junts presume de haber logrado introducir en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que se negocia en el Congreso, y que según el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy se extenderá también al resto de comunidades autónomas con lenguas cooficiales.
Junts, que es quien levantó la liebre, insiste en que afectará a empresas «en toda España» –Miriam Nogueras dixit–, aunque según el Gobierno se aplicará solo a las reclamaciones en territorios con lengua cooficial: además de Cataluña, el País Vasco, Navarra, Galicia y la Comunidad Valenciana. Habrá, por tanto, que esperar a ver cómo concluye el trámite parlamentario de la norma –quedan aún dos ponencias, su debate en comisión y después en el pleno del Congreso, antes de llegar al Senado– para ver hasta qué punto Moncloa se pliega a las exigencias del independentismo.
En este caso, el problema no es solo el coste económico –las grandes empresas con presencia en País Vasco, Galicia o Cataluña ya tienen personal capaz de atender a su clientela en la lengua que lo demanden– sino todo lo que conlleva. Añade un ladrillo más a la creciente maraña burocrática que cuesta 90.000 millones de euros al año a los españoles, según un informe del Instituto Juan de Mariana. Solo los célebres pinganillos del Congreso supondrán 12 millones hasta 2027.
La maraña burocrática ya cuesta a los españoles 90.000 millones de euros
La nueva cesión choca por duplicado con la Constitución. Es, para la CEOE, un atentado a la libertad de empresa, según el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, recogida en el artículo 38 de la Constitución.
Y abre una peligrosa puerta a la hora de contratar: al mismo precio, habrá quien prefiera tener en nómina a quien maneje dos o tres lenguas cooficiales, y también quien opte por situar su centro de atención al cliente en Barcelona y no en Guadalajara o Almería por un mero requisito burocrático. Ello a pesar de que la Constitución Española, en su artículo 3, deja bien claro que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla.