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Acciona suspende cautelarmente a dos empleados investigados por el caso Koldo
La compañía ha negado en un comunicado que realizara «pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial»
El grupo de construcción y energía Acciona ha suspendido cautelarmente de sus funciones a Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, dos empleados de la compañía citados como investigados por el juez que instruye el caso Koldo, «sin prejuzgar por ello ninguna responsabilidad».
La filial de Acciona afirma que tuvo conocimiento del auto dictado este martes por Leopoldo Puente, el magistrado que instruye la causa, por el que se cita a declarar también como investigado al exdirectivo Justo Vicente Pelegrini, así como del informe policial incorporado a dicha causa.
Pelegrini fue director de Construcción de Acciona para España hasta el pasado 16 de junio, cuando la empresa lo cesó y resolvió todos los contratos con Servinabar –empresa vinculada a Cerdán y a su socio Antxon Alonso– tras conocer el informe de la UCO sobre el que fuera 'número tres' del PSOE.
Por su parte, Olarte y García eran las dos personas que reportaban a Pelegrini desde sus respectivos puestos en Acciona.
A este respecto, la firma señala en un comunicado que de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones.
Imagen de Justo Vicente Pelegrini encontrada en el teléfono de Antxón Alonso
Según la compañía, los contratos y pedidos asociados a estos proyectos «cumplen con los estándares exigibles que incluyen compromisos de cumplimiento normativo obligatorios para las partes y que prohíben conductas contrarias a la ley o a la ética empresarial».
Así, asegura que todos los pagos realizados al amparo de esos contratos se encuentran soportados por facturas debidamente revisadas, reflejadas en la contabilidad, liquidadas a través de operativa bancaria y se corresponden con los servicios contratados, «sin que de ninguna manera puedan ser considerados pagos de facilitación por adjudicación de obra pública».
Acciona Construcción afirma desconocer y, por tanto, «no puede asumir responsabilidad alguna sobre el posible uso o destino que el proveedor pueda haber dado a los importes abonados con arreglo a los contratos».
Imagen de Justo Vicente Pelegrini encontrada en el teléfono de Antxón Alonso
Al margen de lo anterior, la compañía niega la realización por su parte de pago alguno de cualquier naturaleza en favor de ninguna de las personas señaladas en la causa judicial.
La empresa recuerda que, sin perjuicio de lo anterior y de manera preventiva, una vez conocidos los hechos que originaron esta investigación, decidió el pasado mes de junio la resolución de todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 y la terminación de la relación laboral con Justo Vicente Pelegrini.
En su comunicado, la firma manifiesta su confianza en el sistema público de contratación, su convicción sobre la legalidad de los procedimientos de adjudicación de las obras que son objeto de investigación y niega haber obtenido ninguna ventaja indebida en dichos procedimientos.
Al hilo de esto, reitera su «compromiso» con la cultura de cumplimiento normativo y con los máximos estándares de ética empresarial, y anuncia que adoptará las medidas «oportunas» en caso de que finalmente se acredite que alguno de sus empleados ha incurrido en conducta irregular.
Posibles acciones legales
Así, la empresa «se reserva el ejercicio de las acciones legales que le asisten en Derecho si de las investigaciones se desprendiera algún perjuicio directo como consecuencia de la actuación de las personas investigadas o de cualquier otra que hubiese podido lesionar los intereses de la compañía».
Acciona Construcción dice contar desde hace años con un sólido modelo de cumplimiento normativo sustentado en un código de conducta y diversas normas internas y protocolos accesibles para todos sus grupos de interés que está doblemente certificado con arreglo a las normas ISO 37001 y UNE 19601 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno y Compliance Penal.
Por último, la empresa recuerda que ha venido colaborando con la Justicia desde el inicio de estas actuaciones, «y continuará haciéndolo con el fin de esclarecer los hechos investigados».
