El Supremo imputa a tres directivos de Acciona por los amaños de obra pública investigados en el caso PSOE

El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, instructor del caso PSOE, ha acordado levantar, parcialmente, el secreto de la pieza separada abierta la semana pasada, en el marco de la cual ordenó la práctica de ocho entradas y registros en domicilios ubicados en distintas provincias de España, además de otras diligencias de investigación, algunas de ellas instadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre los presuntos implicados en la trama de adjudicación de obra pública que salpica a los socialistas, supuestamente, organizada y dirigida por el ex secretario de Organización Santos Cerdán.

Y, al mismo tiempo, ha citado como investigados a tres directivos vinculados a una de las presuntas empresas de la trama, Acciona (la cual concurrió en UTE en varias licitaciones de la mano de Servinabar). De tal manera que Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel tendrán que comparecer como investigados en el Alto Tribunal el próximo día 3 de diciembre.

En el auto dictado esta misma mañana, al que ha tenido acceso El Debate, el juez Puente adopta esta decisión a la vista del informe presentado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 11 noviembre, «que contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación» estas tres personas.

La resolución dictada por el instructor señala, también, que una vez practicadas las diligencias que determinaron el secreto parcial de las actuaciones (necesario para que no resultara frustrado su objeto), poner «en este momento procesal el conocimiento de lo actuado por las partes no se considera que pueda perjudicar ya a la investigación».

Por ello, indica que, habiendo variado las circunstancias que aconsejaron declarar estas actuaciones parcialmente secretas, procede dejar sin efecto dicha declaración, poniendo en conocimiento de las partes personadas en esta causa la totalidad de lo actuado hasta la fecha, sobre una trama que, por el momento, apunta a que se habría repartido un 2% del total de las licitaciones bajo sospecha, en forma de 'mordidas' con las que se pagaban los supuesto favores políticos de quienes tomaban la decisión sobre las empresas adjudicatarias de los pliegos.