Montero se queda sola con su modelo de financiación, que rechazan todas las comunidades menos Cataluña

María Jesús Montero ha defendido este miércoles su nuevo modelo de financiación autonómica y ha negado que implique un «cupo separatista» o un sistema diseñado para contentar a Cataluña. La propuesta, sin embargo, ha provocado el rechazo casi unánime de las comunidades. El encuentro ha estado marcado por el malestar ante el hecho de que el anuncio partiera la semana pasada del líder de ERC, Oriol Junqueras.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que es «mentira» que el Gobierno haya pactado un «cupo separatista» en su nueva propuesta de financiación autonómica. «Es falso que este sea un modelo ideado para contentar a Cataluña», ha afirmado en rueda de prensa tras la cumbre celebrada con los consejeros autonómicos de Economía, en la que la práctica totalidad de comunidades trasladó su rechazo al nuevo sistema.

Según la titular de Hacienda, el modelo planteado por el Ejecutivo es «más solidario» que el anterior y los datos «ponen de manifiesto que no hay ningún tipo de privilegio, de trato de favor, con ninguna comunidad autónoma». Montero ha defendido además que la reforma «beneficia a todas» las regiones y «garantiza la suficiencia» financiera para sostener el Estado del bienestar, al movilizar un total de 20.975 millones de euros para que las autonomías gestionen servicios básicos como sanidad, educación y dependencia.

En su exposición, la ministra ha subrayado que de esa cantidad, «más de 15.000 millones» irán asignados a comunidades gobernadas por el Partido Popular. «El dato habla por sí solo, por tanto, de que si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda es el PP», ha añadido. En ese contexto, Montero ha reprochado a la formación de Alberto Núñez Feijóo que no se haya querido sentar con el Gobierno para abordar la financiación autonómica, en lo que ha descrito como una «negativa permanente» a ejercer su labor de oposición.

Rechazo de las comunidades

La reunión celebrada este miércoles se prolongó durante más de cuatro horas y terminó con el rechazo de todas las comunidades, salvo Cataluña. A la salida del encuentro, la consejera de Madrid, Rocío Albert, advirtió de que el sistema no saldrá adelante en el Congreso porque la norma que debe regularlo no recibirá apoyos suficientes. «Ni siquiera cuenta con el apoyo de sus socios de Gobierno, ni con el acuerdo de los socios de investidura, ni con el de ninguna comunidad autónoma, salvo Cataluña», señaló. «¿Cómo va a aprobar este acuerdo?», se preguntó.

Desde el PP, el consejero gallego Miguel Corgos calificó de «muy decepcionante» la propuesta y lamentó la falta de explicaciones «sobre un modelo negociado a nuestras espaldas». En la misma línea, la consejera extremeña Elena Manzano criticó la «falta de respeto institucional» de la ministra y habló de una vulneración del principio de igualdad recogido en la Constitución.

El rechazo, sin embargo, no se limitó a las comunidades gobernadas por el PP. El responsable económico del Ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, afirmó que salió «más decepcionado» que al inicio del encuentro y criticó un modelo que, a su juicio, fomenta la desigualdad y traslada a las autonomías «el chantaje» de los independentistas.

Mayoría absoluta

El nuevo modelo de Hacienda necesitaría mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor, una exigencia parlamentaria que varias comunidades consideran difícil de reunir en el actual escenario político. En esa línea, la consejera canaria Matilde Asian lamentó que Montero les hubiera dicho que ya tenía preparado el texto de la ley orgánica, pese a que se trata de una propuesta que debería pasar antes por un debate multilateral y posteriormente por el trámite parlamentario.

Frente al rechazo casi unánime, la única defensa del modelo llegó desde Cataluña. Su consejera de Hacienda, Alicia Romero, aseguró que «se abre ahora un período de negociación de un modelo» y lo enmarcó como una oportunidad de 21.000 millones para que «todas las comunidades ganemos».