Otra de las reformas en estudio afecta a los permisos retribuidos
Empleo
Estos son los cinco cambios laborales que el Gobierno quiere aplicar en 2026 en España
El Ejecutivo trabaja en medidas que afectan al salario mínimo, los permisos retribuidos, el estatuto del becario, las indemnizaciones por despido y la prevención de riesgos laborales
El Gobierno tiene sobre la mesa varias reformas de carácter laboral que, según se ha avanzado, podrían entrar en vigor a lo largo de 2026. Se trata de iniciativas que aún están en fase de propuesta o tramitación, pero que ya han sido expuestas públicamente y que marcarían un nuevo marco de derechos y obligaciones en el ámbito del trabajo.
En primer lugar, el salario mínimo interprofesional (SMI). La ministra de Trabajo ha asegurado que en 2026 se propondrá una nueva subida y que se hará «lo máximo» para que alcance los 1.221 euros en 14 pagas. La medida tendría carácter general, con independencia del tipo de empleo, y se aplicaría como mínimo salarial para cualquier trabajador.
Otra de las reformas en estudio afecta a los permisos retribuidos. En la actualidad, cuando fallece un familiar, el permiso es de dos días. La propuesta del Gobierno pasa por ampliar ese periodo hasta los diez días, una modificación que, según se ha indicado, «muy probablemente se apruebe pronto».
El Ejecutivo también trabaja en el llamado estatuto del becario, una norma destinada a regular de forma más precisa las prácticas formativas. El objetivo es delimitar correctamente las obligaciones y los derechos de los becarios, especialmente en situaciones de aprendizaje dentro de una empresa, y reforzar su protección laboral.
Pendientes de aprobación definitiva
En cuarto lugar, se plantea una ampliación de las indemnizaciones por despido procedente. Aunque no se han detallado cifras concretas, la iniciativa busca modificar el marco actual y mejorar las compensaciones económicas para los trabajadores afectados.
La quinta medida anunciada es la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales. El Gobierno quiere adaptar la normativa a las situaciones actuales, teniendo en cuenta realidades como el teletrabajo y ajustando la legislación a las nuevas formas de organización laboral.
Todas estas iniciativas están previstas para 2026 y, por el momento, se encuentran pendientes de aprobación definitiva. Su desarrollo dependerá del calendario legislativo y de los acuerdos políticos necesarios, por lo que su aplicación efectiva aún no está garantizada. El proceso parlamentario marcará los próximos pasos y el alcance final de cada una de estas reformas.