Cataluña paga 15.700 euros más por empleado público que Madrid

Hay debates que el Gobierno intenta cerrar a golpe de titular, pero que los datos se empeñan en volver a abrir. Uno de ellos es el de la supuesta infrafinanciación de Cataluña, ese mantra que se repite como si fuera una verdad revelada y que sirve de coartada para justificar acuerdos políticos que nada tienen que ver con la realidad económica.

El último ejemplo es el pacto con ERC, presentado como una reparación histórica, cuando en realidad es una operación contable para satisfacer a un socio parlamentario. Pero basta con mirar las cifras de los salarios de los empleados públicos de las comunidades autónomas para comprobar que la historia es otra.

Porque sí, Cataluña necesita dinero. Pero no porque esté mal financiada, ni porque Madrid la maltrate, ni porque el sistema autonómico sea injusto. Cataluña necesita dinero porque su sector público cuesta muchísimo más que el del resto de España.

No lo digo yo: lo dicen los datos oficiales de la IGAE y del INE. Datos que, por cierto, el Gobierno nunca menciona cuando habla de «déficit fiscal», «agravios históricos» o «financiación insuficiente».

Todos los discursos que oigo para justificar los 4.700 millones adicionales a Cataluña son una falacia absoluta. Cuando buceas en las cifras te das cuenta de que se trata de un acto puramente político para mantenerse en el poder y poder seguir durmiendo en un colchón viejo y arrugado de tanto uso. No le estamos dando 4.700 millones a Cataluña porque tenga problemas: se los estamos pagando para que no hagan caer el gobierno de Salvador Illa, que de gestión ya demostró durante la pandemia que no sabía nada de nada. Y, además, para seguir sosteniendo al Gobierno de Sánchez.

Para que sepamos de qué estamos exactamente hablando, he preparado el siguiente mapa:

Entre enero y octubre de 2025, el coste medio de un empleado público catalán ha sido de 55.940 euros. En el mismo período, el coste medio de un empleado público madrileño ha sido de 43.601 euros. La diferencia es de 12.339 euros en solo diez meses. Si extrapolamos la cifra al año completo, estamos hablando de 15.700 euros más por empleado. Cataluña tiene 263.889 empleados públicos. Hagan ustedes mismos la multiplicación y verán que el problema no es de financiación, sino de estructura.

Cataluña paga a sus empleados públicos un 28 % más que Madrid. Y paga un 36 % más que Extremadura, donde el salario medio es de 41.198 euros. ¿De verdad alguien puede sostener que Cataluña está infrafinanciada cuando paga salarios muy superiores al resto del país? ¿De verdad se puede hablar de agravio cuando Baleares paga 52.462 euros, el País Vasco 50.185 y Cataluña 55.940, mientras que Galicia, Asturias, Aragón o Castilla-La Mancha se mueven entre los 41.000 y los 43.000 euros?

La media española es de 46.076 euros. Los empleados públicos de Madrid cuestan, en estos diez meses, 2.475 euros menos que la media, y los de Cataluña 9.864 euros más que la media. Es muy difícil sostener que los empleados públicos en Cataluña cuesten 14.762 millones y en Madrid 10.146 millones. Qué casualidad que la diferencia sea de 4.616 millones a octubre, que son los datos públicos que tiene la IGAE disponibles para todos.

La diferencia salarial no se explica por un mayor nivel de cualificación, ni por un mayor número de servicios, ni por una mayor carga de trabajo

Lo más llamativo es que esta diferencia salarial no se explica por un mayor nivel de cualificación, ni por un mayor número de servicios, ni por una mayor carga de trabajo. Se explica por decisiones políticas. Por estructuras administrativas que nadie se atreve a revisar. Por un modelo que ha crecido sin control y que ahora se pretende financiar con dinero del resto de España.

La fotografía es tan clara que cuesta entender cómo alguien puede seguir defendiendo que Cataluña necesita más recursos para prestar los mismos servicios que el resto.

Lo que Cataluña necesita es gestionar mejor, contener el gasto y dejar de utilizar la financiación autonómica como excusa para mantener un modelo público sobredimensionado y, en muchos casos, duplicado. Porque no es lo mismo financiar servicios esenciales que financiar estructuras políticas, chiringuitos administrativos o redes clientelares que llevan décadas enquistadas en la administración catalana.

Cataluña no está infrafinanciada, está «sobregastada». Lo está porque paga salarios que no paga nadie más, porque mantiene estructuras que no mantiene nadie más y porque utiliza la financiación autonómica como un cajero automático para sostener un modelo que no es sostenible.

La financiación autonómica debe servir para garantizar servicios públicos homogéneos, no para sostener privilegios

La financiación autonómica debe servir para garantizar servicios públicos homogéneos, no para sostener privilegios salariales. Si Cataluña quiere mantener esos privilegios, debe hacerlo con sus propios recursos, no con los de todos. Lo contrario es una injusticia y una burla al sistema.

Por eso el acuerdo con ERC no es solo un error político: es un engaño económico. Se vende como una corrección de un supuesto agravio cuando, en realidad, es un pago político para mantener una mayoría parlamentaria, y se justifica con argumentos que se derrumban en cuanto uno mira los datos.

Hay estructuras públicas que funcionan como casas antiguas, tantos años apuntaladas que ya nadie recuerda cómo eran sin los soportes. Cataluña ha construido un edificio administrativo tan caro que ahora pretende que el resto de España sostenga los puntales. Pero un sistema de financiación no está para reforzar vigas ajenas, sino para garantizar que todos los ciudadanos reciban los mismos servicios.

Cuando alguien exige más porque gasta más, no está pidiendo justicia, sino que otros paguen su reforma. El acuerdo con ERC no quiere pagar el arreglo de la casa, quiere que el arreglo se lo paguen otros.