El 'dumping' del que no se quejan ni Montero ni los separatistas: los vascos ya pagan menos por rescatar su plan de pensiones

Los nacionalistas y separatistas del PNV, Bildu, ERC y Junts, junto con la ministra de Hacienda María Jesús Montero, han criticado ampliamente cuestiones como la bonificación del Impuesto de Patrimonio en Madrid, que mantiene el dinero en el bolsillo del contribuyente, pero no se quejan cuando las ventajas de este tipo son para ellos. Les falta coherencia.

En esta línea, el 1 de enero entró en vigor un cambio radical en la tributación del rescate de los planes pensiones en el País Vasco. En lugar de tributar en su totalidad como rentas del trabajo (en algunas comunidades lo hacen al 60 %), los beneficios que hayan producido pasarán a hacerlo como rendimientos del capital mobiliario, del ahorro (máximo del 26 %). El ahorro para los vascos será considerable respecto a los que rescaten su plan de pensiones en otras comunidades de España, en donde todo tributa como rentas del trabajo -con impuestos más altos-, pero a este dumping no se le ha oído ninguna crítica.

El rescate del plan de pensiones les tributará en parte como ahorro, menos que si lo hace como renta del trabajo

Cualquier persona que rescate su plan de pensiones en España tiene que pagar una buena cantidad de dinero. Es así porque para cualquier ciudadano español la recuperación del dinero que puso en el plan de pensiones se suma a las rentas del trabajo. Como María Jesús Montero y el Gobierno de Sánchez no han querido deflactar la tarifa del IRPF, el rescate de ese dinero supone un aumento de la renta, y, por tanto, pagar más impuestos.

Los vascos, sin embargo, han pasado este mes a librarse de esta carga. El rescate del plan de pensiones se sumará a sus rendimientos de capital mobiliario, lo cual les proporcionará un ahorro muy notable.

Esta medida, que es muy positiva, no se aplicará en el resto de España, sino solo en el País Vasco. Ni Montero ni ERC ni Junts ni el PNV se han quejado como lo hicieron con el supuesto dumping que decían que se realizaba supuestamente en Madrid con el Impuesto de Patrimonio.

El Gobierno Vasco tiene una larga lista de peticiones para seguir aprovechándose del Ejecutivo de Sánchez

Con ello los vascos obtienen otra ventaja adicional respecto al resto de ciudadanos españoles, aunque previsiblemente seguirán sumando más mientras esté Sánchez en el Gobierno. El lendakari Imanol Pradales reclamaba recientemente otras diez transferencias al Estado aprovechando la debilidad del Gobierno central. Entre ellas destacaba la petición de los tres aeropuertos que gestiona Aena en el País Vasco.

La modificación que ahora se efectúa en el País Vasco es el mismo que quiso hacer José Luis Escrivá en toda España, pero no le acompañó la fiscalidad. El Gobierno de Sánchez intentó traspasar en 2022 la entonces fiscalidad favorable de los planes de pensiones individuales a los planes de empleo que se pactaban en la negociación colectiva. Después de haber rebajado la aportación máxima a los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros, la bajaron aún más: hasta los 1.500 euros. Al mismo tiempo, se aumentó la aportación máxima a los planes de empresa: de 8.000 a 8.500 euros. El problema es que estos planes de empresa tributan como rentas del trabajo -y, por tanto, su fiscalidad es alta-, aunque buena parte de ese dinero proviene de rendimientos y debería tributar como rentas del ahorro.

La medida del País Vasco es positiva, porque, hasta ahora -y aún sigue así en el resto de España-, al rescatar el plan de pensiones se pagaba el IRPF que se había demorado por destinar el dinero al plan -se demoraba el pago como modo de fomentar el ahorro-, y además se pagaba por la rentabilidad que ese dinero había proporcionado en quince, veinte o treinta años, ya que se consideraba renta del trabajo. Con el paso a considerar las ganancias rentas del ahorro, el País Vasco adquiere una posición ventajosa. Lo lógico sería que se aplicara en toda España, pero María Jesús Montero no quiere hacerlo.

Con la nueva medida los vascos tributarán la parte de la prestación que se refiera a la rentabilidad obtenida (diferencia entre derechos económicos y aportaciones y contribuciones realizadas) como rendimiento de capital mobiliario en la base imponible del ahorro. Si la prestación se recibe como renta vitalicia o de forma temporal, en una cuantía constante y durante un mínimo de quince años, el rendimiento quedará exento. Estas ventajas no las tendrán otros ciudadanos españoles, al menos de momento.

Entidades como la OCDE han criticado ampliamente la falta de incentivos para el ahorro a largo plazo en España. La consecuencia es que el ahorro en planes de pensiones individuales y planes de pensiones de empleo se ubica en el 8,4 % del PIB, frente a la media del 58,1 % en los países de la OCDE, según el Observatorio Inverco.