EY, KPMG, Deloitte y PwC son las denominadad «Big Four».
Perú recurre a Deloitte para reorganizar Petroperú ante su grave crisis financiera
La consultora internacional asesorará al Estado peruano para ordenar las finanzas y operaciones de Petroperú, en medio de huelgas y protestas de trabajadores
El Gobierno de Perú ha contratado a la consultora internacional Deloitte para llevar a cabo la reorganización patrimonial de Petroperú, la empresa petrolera estatal, con el objetivo de ordenar su estructura financiera y operativa, reforzar su sostenibilidad y garantizar la continuidad del abastecimiento de combustibles en todo el país, según informaron este sábado fuentes oficiales.
La contratación fue anunciada por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y se formalizó mediante una resolución de su Presidencia. Según explicó la entidad, la decisión se adopta conforme «al mandato otorgado por el Estado peruano» y marca el cierre de la primera fase del proceso de reorganización.
Proinversión señaló que la selección de la consultora responde a un «cronograma técnico exigente», diseñado para asegurar decisiones oportunas, fundamentadas y alineadas con las mejores prácticas internacionales. El organismo aseguró haber asumido «plenamente» la responsabilidad de identificar a las firmas más cualificadas para un proceso que calificó de «gran magnitud y sensibilidad».
El presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, afirmó que Deloitte cuenta con «solvencia técnica, trayectoria comprobada y experiencia real en procesos complejos de reestructuración de empresas estatales estratégicas». Asimismo, subrayó que el papel de la consultora será «estrictamente técnico y de asesoría especializada», actuando siempre bajo los lineamientos, decisiones y conducción del Estado peruano.
La reorganización se produce en un contexto de grave deterioro financiero de la compañía. Al cierre del tercer trimestre de 2025, Petroperú acumulaba una deuda de 5.350 millones de dólares y pérdidas netas por unos 2.224 millones de dólares. Medios locales han informado además de la posibilidad de recortes de empleo en el marco del proceso.