Más de 200 millones de euros del AVE La Meca-Medina bajo sospecha, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha publicado un duro informe sobre las cuentas del Ejecutivo correspondientes al año 2024 (las del año pasado aún no están presentadas).

El supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público reconocido en la Constitución le ha sacado los colores al Gobierno de Sánchez, por lo menos en lo que respecta a algunas empresas públicas, como es el caso de Renfe.

Así, aparte de advertirle que tienen un «potencial deterioro de los activos materiales», tal como informó El Debate, también le advierten de su duda sobre, al menos, 211,4 millones de euros asociados al proyecto La Meca-Medina que podrían estar mal contabilizados. Así figura en el último informe —pendiente de alegaciones— sobre las cuentas del año 2024, al que ha tenido acceso El Debate.

En concreto, el órgano fiscalizador le dice al Gobierno que Renfe ha registrado ingresos y derechos de cobro al consorcio hispano-saudí adjudicatario del Proyecto Haramain (línea ferroviaria de alta velocidad que une La Meca y Medina, en Arabia Saudí) por importes de 67,6 y 143,8 millones, respectivamente, de los que no se «garantiza la fiabilidad de las estimaciones ni la razonabilidad».

¿Por qué? Porque, según el Tribunal de Cuentas, para calcular esos ingresos, Renfe Mercancías, S.M.E., S.A. usó un método (conocido como método de grado de avance) que estima cuánto se ha avanzado en el proyecto basándose «en un plan de negocio con estimaciones significativas de ingresos», prosigue el órgano fiscalizador.

Paralización

El problema es que en 2023 el consorcio comenzó un proceso de reorganización que en 2024 se quedó paralizado. Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas entiende que el plan de negocios en el que se apoyaban dichas estimaciones no es ya fiable.

Dicho de otra manera, los ingresos registrados en 2024 y las cantidades pendientes de facturar relacionadas con el proyecto podrían no ser correctos. En concreto, se trata de 67,6 millones de euros en ingresos y 143,8 millones de euros pendientes de facturar.

Pago de la deuda a Cataluña

Otra cuestión en la que ha reparado el Tribunal de Cuentas es en el hecho de la deuda que la Generalitat acumula con Renfe por 100 millones de euros. El órgano repara en que esta no figura en las cuentas y recuerda además que es el Estado el que tiene la obligación de pagar porque así lo pactó con la administración catalana.

«En el balance de la CGE (Cuenta General del Estado) de 2024 no figura como deuda un importe de 100,6 millones de euros, que corresponde a la cantidad pendiente de abono por parte de la AGE (Administración General del Estado) a la Generalitat de Catalunya, con el fin de sufragar la deuda existente por parte de esta última con Renfe, relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción acordados entre la Generalitat y Renfe», dice el informe.

El Tribunal prosigue recordando la reunión en la que se pactó que la deuda la asumiría el Estado. «En la reunión (...) entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya, celebrada el 22 de julio de 2024, se acordó que la AGE asumiera traspasar a la Generalitat los recursos necesarios para sufragar la deuda existente con Renfe relativa a los servicios prestados en el marco del Plan de Acción, por 191,5 millones de euros, fuera de los servicios acordados en el traspaso».

De este importe, 90,9 millones han sido pagados por el Estado en 2024 y 100,6 millones se abonarán en 2025 y 2026, a razón de 50,3 millones cada año. «Si bien la Administración General del Estado ha registrado en 2024 los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios futuros, no ha registrado ese acuerdo en la contabilidad económico patrimonial», reprocha el Tribunal.

De esta forma, concluye el Tribunal de Cuentas, «las deudas a largo y corto plazo del balance están indebidamente infravaloradas en 50,3 millones cada una de ellas, y el resultado del ejercicio se encuentra sobrevalorado en 100,6 millones».