Fachada del Tribunal Supremo.
El Supremo obliga al Banco de España a revelar cómo se repartieron 7.800 millones entre los bancos
Una sentencia reconoce el derecho de tres diputados de Sumar a conocer los intereses pagados por las facilidades de depósito en 2022 y 2023
El Tribunal Supremo ha dado la razón a Sumar en el recurso que el grupo presentó contra el Banco de España por negarse a facilitar información sobre los beneficios obtenidos por las entidades financieras a través de las facilidades de depósito del banco central. La sentencia reconoce el derecho de tres diputados de la formación a acceder a los datos desglosados de los intereses pagados a las entidades de crédito durante 2022 y 2023.
En una resolución fechada el pasado 24 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por los diputados Carlos Martín, Txema Guijarro y Manuel Lago, apoyado por la Fiscalía, y revoca el criterio que había mantenido la Audiencia Nacional en enero de 2025. En aquel momento, este tribunal consideró que la negativa del gobernador del Banco de España a facilitar la información solicitada no suponía una vulneración del ordenamiento jurídico.
El Alto Tribunal, sin embargo, sostiene que las Cortes Generales tienen derecho a acceder a este tipo de información en el ejercicio de sus funciones de control político. La sentencia subraya que la legislación sobre entidades de crédito no incluye al Parlamento dentro de la reserva de información que protege determinados datos en poder del Banco de España.
«Habría sido muy difícil que la ley impidiese a las Cortes Generales acceder a alguna clase de información a disposición del Banco de España, dado que el poder de las Cámaras de conocer información en manos del Gobierno y de las entidades públicas es un elemento crucial de la democracia parlamentaria», señala la sentencia.
El Supremo fundamenta además su decisión en el artículo 109 de la Constitución, que establece que las Cámaras y sus comisiones pueden recabar información de cualquier autoridad del Estado. «Que el Banco de España es una autoridad del Estado no puede ser puesto en tela de juicio», añade la resolución.
La Sala también considera que este derecho de acceso no puede limitarse únicamente al pleno o a las comisiones parlamentarias. De lo contrario –advierte– los diputados de la oposición dependerían del apoyo de la mayoría parlamentaria para obtener información, lo que vaciaría de contenido su función de control.
Rechazo del Banco de España
El origen del conflicto se remonta a 2024, cuando los diputados de Sumar solicitaron al Banco de España conocer el desglose, entidad por entidad, de los intereses que los bancos habían recibido por sus depósitos en el banco central durante 2022 y 2023. El organismo supervisor rechazó facilitar estos datos al considerar que estaban protegidos por el deber de confidencialidad y que, además, se enmarcaban en la política monetaria del Banco Central Europeo.
Tras la negativa, Sumar acudió a la Audiencia Nacional, que avaló la postura del Banco de España. Posteriormente, la Fiscalía y los diputados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, que finalmente ha revocado esa decisión.
El debate gira en torno a las llamadas facilidades de depósito, un instrumento de política monetaria del Banco Central Europeo que permite a las entidades financieras depositar a un día su liquidez en los bancos centrales nacionales y recibir una remuneración al tipo de interés fijado por el BCE.
Durante casi ocho años, ese tipo de interés fue negativo, lo que penalizaba a los bancos por mantener su liquidez en el banco central. Sin embargo, el giro de la política monetaria del BCE a partir de julio de 2022 provocó que la remuneración pasara a terreno positivo, lo que llevó a las entidades a incrementar el uso de esta herramienta.
El 65 % de los beneficios
Como consecuencia, el Banco de España tuvo que abonar en 2023 unos 7.805 millones de euros a las entidades financieras por este concepto, más de seis veces los 1.215 millones pagados el año anterior.
Según Sumar esa cifra llegó a representar alrededor del 65 % de los beneficios obtenidos por la banca en España ese año. Al mismo tiempo, la remuneración de estos depósitos contribuyó a que el Banco de España registrara pérdidas en su cuenta de resultados, compensadas mediante provisiones.
Además, el tradicional ingreso anual que el banco central suele transferir al Tesoro procedente de sus beneficios –habitualmente en torno a 2.000 millones de euros– se redujo a cero.
Los diputados de Sumar argumentaban que esta situación justificaba el interés público de conocer el reparto exacto de esos ingresos entre las distintas entidades financieras. En su recurso reclamaban saber, banco a banco, «dónde han ido los cerca de 8.000 millones de euros generados por los depósitos».
La sentencia del Supremo abre ahora la puerta a que el Banco de España tenga que facilitar esa información al grupo parlamentario, lo que permitirá conocer con mayor detalle cómo se distribuyó entre las entidades la remuneración derivada de este instrumento de política monetaria.