La UE cambia las reglas y exigirá fabricar en Europa a las empresas que reciban dinero público

La Comisión Europea ha presentado la esperada Ley de Aceleración Industrial, que propone exigir un mínimo de fabricación europea cuando se concedan fondos públicos a sectores estratégicos. Esto se hará con el fin de impulsar la reindustrialización del continente y permitir que compita con China o Estados Unidos.

Para ello, plantea obligar a los grandes inversores de terceros países a operar en la Unión Europea a través de empresas conjuntas lideradas por firmas europeas y a contratar mano de obra local, una medida que afectaría sobre todo a las compañías chinas, consideradas grandes responsables del declive industrial en 'los Veintisiete' por su competencia desleal en muchos sectores.

'Made in Europe' en sectores clave

El pilar central de la normativa es la introducción de requisitos mínimos de fabricación europea a la hora de adjudicar licitaciones, subastas y ayudas públicas, tales como subsidios o incentivos fiscales, en tres sectores estratégicos: industrias de alto consumo energético, tecnologías limpias y vehículo eléctrico.

En el primer caso, Bruselas propone que las autoridades públicas que organicen licitaciones o ayudas en los sectores de construcción y automóvil exijan mínimos de acero (25 %), aluminio (25 %) y cemento (5 %) producido con bajas emisiones de carbono y, además, para los dos últimos materiales, de origen europeo.

En las tecnologías limpias, plantea requerir un mínimo de componentes 'made in Europe' para turbinas eólicas, paneles solares, electrolizadores, baterías, bombas de calor y energía nuclear.

Y la misma lógica sigue con el sector del automóvil, dónde se exigiría que los vehículos eléctricos para los que se den ayudas públicas sean ensamblados en la UE y tengan batería europea y al menos un 70 % del resto de componentes domésticos.

Socios de confianza

A la hora de definir qué significa exactamente 'hecho en Europa', Bruselas propone incluir por defecto las manufacturas de la UE y del Espacio Económico Europeo (Noruega, Liechtenstein e Islandia), así como los fabricados en algunos socios «de confianza».

Sin embargo, no presenta una lista cerrada de estos Estados, sino que plantea designarlos individualmente, en función de cada sector y tipo de ayuda, entre aquellos con los que la UE tiene acuerdos comerciales o de acceso a sus mercados públicos.

Pero para ser considerado equivalente a producción europea no bastará con que tengan estos compromisos, sino que deberán garantizar «reciprocidad» en su trato a los productos europeos y no generar dependencias a la UE, lo que significa que países como Canadá o Estados Unidos, que tienen sus propias políticas de preferencia local, podrían quedar fuera.

Inversiones extranjeras

Más allá del dinero público, Bruselas propone también condiciones para las empresas extranjeras que inviertan más de 100 millones de euros en la UE en proyectos de baterías, vehículos eléctricos, paneles solares y materias primas críticas, cuando procedan de un país que cope más del 40 % de la producción global.

En concreto, estos inversores deberían emplear al menos un 50 % de trabajadores comunitarios, operar junto a empresas de la UE, limitar a un máximo del 49 % la propiedad y el control extranjero del proyecto, así como usar al menos un 30 % de insumos producidos en la UE, tener acuerdos de transferencia de tecnología e invertir en I+D en el bloque.