El Gobierno cuela entre las 'trampas' del decreto por Irán un acelerón para desmantelar Almaraz y otras nucleares

El decreto de ayudas por la guerra en Irán aprobado en Consejo de Ministros extraordinario el pasado viernes tiene una cara A –con descuentos y ayudas fiscales, por ejemplo, a la gasolina, el diésel, el gas o la electricidad– y una B, mucho más extensa y estructural.

Entre las medidas introducidas por el Ejecutivo aprovechando la crisis figura una que contribuye a allanar el camino para cerrar las centrales nucleares. Ésta está contemplada, en concreto, en la disposición final decimotercera del citado decreto.

En dicha disposición se habilita al Consejo de Ministros a declarar nudos de transición justa a aquellos en los que evacúen energía «centrales térmicas o nucleares que, o bien hayan cerrado o cuyo cierre se vaya a producir en un corto plazo de tiempo».

Asimismo, «también podrán formar parte de dicho listado de nudos aquellos otros que se encuentran en la misma zona de influencia eléctrica que los nudos antes señalados, o dentro de un radio de 50 km de éstos, a los efectos del otorgamiento de permisos de acceso», añade la disposición.

Los nudos de transición justa son aquellos donde la capacidad de acceso a la red eléctrica liberada tras el cierre de las centrales energéticas se adjudican mediante concurso a nuevas centrales de energías renovables. Estos concursos, afirma el Ministerio de Transición Ecológica, «priorizan los proyectos de energías renovables que maximizan los beneficios socioeconómicos y ambientales para las zonas en transición».

La figura se creó para tratar de compensar a las zonas afectadas por el cierre de las centrales de carbón, pero no incluía, hasta ahora, a las nucleares. Fuentes del sector energético creen que esta disposición se ha redactado específicamente pensando en la central extremeña de Almaraz, cuyo futuro está ahora mismo en manos del Consejo de Seguridad Nuclear.

El órgano debe redactar un informe técnico antes de verano, tras la petición de las compañías propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) de extender su vida operativa hasta 2030. Sin este informe y sin el posterior visto bueno del Gobierno, el reactor I de la planta dejará de operar en noviembre de 2027, y el reactor II en octubre de 2028. En pocos días, además, está prevista su última recarga de uranio.

Tanto Junts como Podemos han anunciado que permitirán la aprobación del real decreto en la votación de este jueves. No ocurrirá en principio lo mismo con su 'hermano' referido a la prórroga de los alquileres, forzado por Sumar al plantarse antes la reunión, y condenado a extinguirse dentro de 40 días tras generar un descomunal lío jurídico en el sector inmobiliario.

Desde el PP, sin embargo, miran con recelo el documento: aunque celebran que incorpore rebajas fiscales defendidas por los populares (como la reducción al 10 % del IVA a los combustibles, la electricidad y el gas; la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5 % o las ayudas extraordinarias de 0,20 céntimos por litro de diésel a profesionales), critican que solo el 30 % del texto tiene que ver con Irán. «El 70 % restante son estructurales que cuando decaigan las primeras permanecerán», denuncian fuentes populares.

En una carta enviada este martes al ministro de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, los populares piden al Gobierno además que deflacte la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. «Esto supone una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias,

especialmente sobre las familias con hijos, a quienes la inflación ha erosionado su poder adquisitivo. Esta distorsión, lejos de corregirse, se va a agudizar como consecuencia directa de la subida de precios asociada al encarecimiento energético. Es incomprensible que un decreto de ayudas olvide a las familias en este contexto», asegura la misiva.