Hasta 68 reactores nucleares operarán más de 60 años en EE.UU. mientras Almaraz se prepara para cerrar con 46

Días ajetreados en la central extremeña de Almaraz. La planta ha incorporado a más de 1.200 trabajadores eventuales para la que probablemente sea la última recarga de su reactor 1. La mayoría de ellos son extremeños, según destacan desde CNAT, la administradora de la planta atómica, propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Se trata de la 31ª recarga desde su puesta en funcionamiento, en mayo de 1981. La central solicitó oficialmente al Ministerio de Transición Ecológica la extensión de vida operativa hasta 2030, y está ahora a la espera de un informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para conocer si podrá continuar operando hasta 2030. Si no logran el visto bueno del CSN y del Gobierno, dejará de operar entre 2027 y 2028, tras 46 años.

Como destacan desde Almaraz, la planta «cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030». La última palabra, sin embargo, la tendrá el Ejecutivo, que prevé el cierre escalonado de los reactores españoles entre 2027 y 2035 en el PNIEC, su hoja de ruta energética.

En los últimos meses, el Gobierno ha mantenido que permitirá que las centrales sigan abiertas si se cumplen tres condiciones: que no suponga un coste económico para los ciudadanos vía rebajas de impuestos y que se garantice la seguridad de suministros y la seguridad de los ciudadanos. Las mismas las repitió el miércoles pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.

De hecho, la central tecnológicamente gemela de Almaraz en EE.UU., North Anna, en Virginia, ya tiene licencia para operar hasta los 80 años. Al otro lado del Atlántico, ocho reactores tienen licencia para funcionar 80 años y unos ochenta reactores cuentan con licencia para operar hasta 60 años y prevén solicitar la extensión hasta los 80 años.

Es por tanto la primera condición que exige el Gobierno, la del coste económico, la que enfrenta a las empresas energéticas con el Gobierno, después de que el actual Ejecutivo, con Teresa Ribera como vicepresidenta, disparara un 30 % la Tasa Enresa que sufragará el desmantelamiento de las centrales.

«La carga impositiva supone más del 75 % de los costes variables de Almaraz», denuncian desde la planta, lo que «compromete seriamente la viabilidad económica». Un freno artificial a su operativa que dinamita sus costes operativos, que son «muy competitivos».

Hasta tal punto que la unidad 2 de la planta ya se desconectó el 3 de marzo, hasta el 17 de este mes, por criterios de mercado, es decir, porque no puede competir con los bajos precios de la fotovoltaica y la eólica en días como los actuales, de mucha generación y baja demanda.

El Gobierno extremeño ha dado un primer paso a este respecto aprobando una reducción de la ecotasa que afronta la instalación, con un recorte del 50 % si continúa operativa en 2029. El impacto será de unos 45 millones de euros.

María Guardiola, a instancias de Vox, siguió los pasos de la Comunidad Valenciana, que en mayo del año pasado eliminó la ecotasa autonómica a Cofrentes. Cataluña mantiene una tasa de 6,65 euros / MWh, mientras que en Castilla-La Mancha no se aplica tras una decisión judicial adversa hace ya varios años.