Tubos Reunidos contrató al expresidente de la Sepi dos meses después de recibir un rescate de 112,8 millones

La siderúrgica vasca Tubos Reunidos contrató como asesor al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández Guerrero, apenas unos meses después de que el organismo público le concediera un rescate estatal de 112,8 millones de euros. Esta vinculación se extendió durante cuatro años, hasta noviembre de 2025, cuando el antiguo alto cargo fue detenido por su implicación como presunto cabecilla de la trama de Leire Díez.

Según ha desvelado El Mundo, la responsable de tramitar el expediente del grupo vasco fue la directora de Participadas de la Sepi, Rosario Martínez Manzanedo, el 13 de julio de 2021. Martínez Manzanedo accedió al cargo por designación de Fernández Guerrero, con quien guardaba relación desde su etapa en la Intervención General de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con las actas de aquella sesión, la primera tras el escándalo de Plus Ultra, la intervención de la directora de Participadas resultó determinante para convencer a los vocales de transferir los 112,8 millones de fondos estatales, una decisión que el Consejo de Ministros ratificó apenas una semana después.

La investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz apunta a que la red encabezada por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxón Alonso desvió 114.950 euros provenientes de la firma industrial vasca. Este capital se camufló supuestamente mediante facturas mendaces emitidas a través de la mercantil instrumental Mediaciones Martínez, una sociedad radicada en Madrid.

Fernández Guerrero compatibilizaba sus asesorías con la firma Servinabar, entidad vinculada societariamente al secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. La dirección de Tubos Reunidos ha eludido detallar de manera desglosada el volumen total de los emolumentos abonados al investigado durante sus cuatro años de vinculación.

La investigación también evidencia que el cese de Fernández Guerrero en la presidencia de la Sepi en 2019 no anuló su ascendencia sobre el organismo. El exvicepresidente del ente, Bartolomé Lora –cuya de por sí anómala comparecencia en la reunión de adjudicación se produjo sin ostentar ya competencias reales tras el nombramiento de Belén Gualda–, admitió ante el Senado que continuaba despachando de forma regular con el investigado sobre expedientes de rescates económicos.

Fuentes de la Sepi confirman que Fernández Guerrero mantenía un acceso fluido a los despachos de las principales direcciones generales, disponiendo de información interna sensible que presuntamente explotaba en beneficio de la organización criminal.

El expediente de Tubos Reunidos que daba luz verde al rescate incorporó, además, el respaldo institucional del Gobierno vasco. La entonces consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, la jeltzale Arantxa Tapia, remitió una misiva para urgir la concesión de la ayuda estatal. A esta defensa se sumó a los dictámenes emitidos por la Universidad de Deusto, y Simmons & Simmons y BDO Auditores, asesores externos en el procedimiento, en un momento en el que Sánchez necesitaba el apoyo del PNV para permanecer en Moncloa.

Hoy, Tubos Reunidos se ha declarado recientemente en concurso de acreedores, justificado en que su situación de insolvencia le impide reintegrar los fondos públicos cuyo vencimiento definitivo está fijado para el año 2028. La situación es calcada al caso de Plus Ultra, cuyos administradores negocian contrarreloj una prórroga de su calendario de amortizaciones tras el impago del pasado mes de marzo.