El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a su llegada al Eurogrupo este lunes en Bruselas
Bruselas amplía la denuncia contra España por las imposiciones que decretó a la OPA BBVA-Sabadell
España lleva casi un año ignorando los requerimientos de Bruselas y ya pende sobre nuestro país la amenaza de ser llevado ante el TJUE
La Comisión Europea ha anunciado que va a mandar una nueva carta al Gobierno de España para que modifique la legislación que utilizó para imponer las condiciones que utilizó en la OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell ya que, no solo no ha variado la ley española que choca con el derecho comunitario, sino que con la entrada de una nueva Directiva, el incumplimiento es todavía mayor.
España utilizó la ley española para influir en la OPA que el BBVA lanzó sobre el Sabadell. En concreto, en junio de 2025 el Consejo de Ministros aprobó «autorizar la operación de concentración del BBVA sobre el Banco Sabadell con la condición de que, durante tres años, BBVA y Banco Sabadell mantengan personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía en la gestión», explicó el Consejo de Ministros.
Nada más aprobarse esas condiciones, la Comisión Europea ya advirtió a España en julio de 2025 por el modo en que aplicó la Ley de Defensa de la Competencia para imponer condiciones adicionales a la opa porque considera que, en este caso, no cabía elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC), que había autorizado la opa con condiciones.
Además considera que la legislación bancaria española usada en el caso otorgaba al Ministerio de Economía que dirige el ahora también vicepresidente Carlos Cuerpo poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre operaciones bancarias, lo que contraviene la legislación comunitaria al socavar la competencia exclusiva del Banco Central Europeo (BCE) en operaciones como la propuesta por el BBVA.
El pasado mes de enero, además, entró en vigor la Directiva Europea de Requisitos de Capital que rige las adquisiciones, fusiones, divisiones y otros cambios estructurales en instituciones de crédito y esa legislación española choca también con esta Directiva.
Por ese motivo, la Comisión Europea ha enviado un nuevo requerimiento a España no solo con las advertencias de hace un año, sino con las nuevas derivadas de la aplicación de esta nueva Directiva.
La Comisión Europea explica que España mantuvo en todo momento la comunicación y las conversaciones con Bruselas, pero se empeñó en no cambiar la Ley. Explica Bruselas que el hecho de que la OPA fracasase definitivamente el pasado mes de octubre no tiene nada que ver con el requerimiento europeo porque lo que incumple el Derecho Comunitario no es la OPA en sí misma sino la Ley en la que se apoyó España para imponer esas condiciones. Lo que hay que cambiar, opina Bruselas, es la Ley, no las condiciones que se derivan de ella.
Ahora España dispone de dos meses para responder a la Comisión Europea. Si no lo hace o la respuesta no satisface a Bruselas, ésta podrá llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.