España paga, por cada euro invertido, otros 4,2 en intereses

Por si alguien albergaba alguna duda, o por si el lector se considera progresista y de izquierdas –pero no socialista-comunista–, la deuda es uno de los mayores cánceres que padece nuestro país. Todavía sigo escuchando en algunas tertulias que el endeudamiento no es un problema. Es más, cuando el Banco de España publica las estadísticas oficiales y a más de uno debería darle un soponcio, resulta que, a pesar de haber alcanzado los 1,74 billones de euros, nos repiten el mantra de que la deuda baja, que es la consigna habitual en las notas de prensa de La Moncloa.

Aquí no baja nada y mucho menos el pasivo nacional, que ha crecido en 41.000 millones de euros solo en el primer trimestre del año. En ese mismo periodo, el PIB nominal apenas avanzó en 2.200 millones. Es decir, los incrementos de la deuda multiplican casi por veinte el aumento de la riqueza nacional. Sin embargo, ante una patente falta de cultura económica, muchos se convierten en loritos de repetición de los comunicados gubernamentales. Para más inri, tenemos que escuchar que el endeudamiento no importa, que nunca se tiene que devolver y que, por lo tanto, podemos seguir estirando el brazo todo lo necesario para «sostener el Estado del bienestar». Lo que nunca quieren admitir es que nos encontramos ante otra de las grandes falacias de la izquierda autodenominada progresista: el dinero de los contribuyentes se está yendo por un sumidero alarmante llamado intereses de la deuda.

Esta deriva provoca que, aunque los ingresos públicos no dejan de marcar récords, el esfuerzo económico destinado a la partida que realmente debería aumentar para aliviar los problemas de nuestro país no solo no crezca, sino que disminuya drásticamente. Esa partida no es otra que la inversión real. La pérdida de prioridad de la inversión pública acarrea consecuencias muy graves, reflejadas en sucesos dramáticos como el descarrilamiento del AVE a la altura de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas. Para constatar este arrinconamiento, los cuadros comparativos entre 2024 y 2025, así como el del primer cuatrimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2026, resultan demoledores.

Las inversiones en 2024 se quedaron en apenas 11.680 millones de euros. Lo más asombroso es que en 2025 cayeron un 34,2 %, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). En contraste, el gasto público total creció un 5,7 %. Esto provocó que las inversiones pasaran de representar el 3,4 % del gasto público a tan solo el 2,1 %, lo que demuestra el nulo interés del Gobierno por mejorar las infraestructuras de este país y, en especial, el de aquel ministro que dedica su jornada a publicar ataques al resto del mundo en redes sociales con un sueldo pagado por los españoles. Si medimos esta rúbrica sobre los ingresos del Estado –que crecieron un 11 %–, las inversiones pasaron de suponer el 4 % de la recaudación a quedarse en el 2,4 %. El dinero de los españoles nunca va a donde debe.

Si comparamos la inversión con los intereses de la deuda –que crecieron un 8,4 %–, se observa que en 2024 el coste de los intereses ya era 2,7 veces superior a lo invertido, pero en 2025 la factura financiera pasó a ser 4,5 veces más importante. El endeudamiento es ya un problema de primer orden. Por otro lado, dado que la economía nominal no para de crecer por el efecto inflacionario, cada vez nos toca aportar más a la financiación de Bruselas. Esta partida repuntó un 21,5 %: mientras que en 2024 lo pagado a la Unión Europea equivalía al 94 % de las inversiones, en 2025 supuso el 173,7 %, casi duplicando los recursos destinados a la inversión.

Los datos disponibles del primer cuatrimestre de 2026 confirman que no estamos ante un hecho aislado, sino ante una tendencia estructural consolidada. Desgraciadamente para los ciudadanos, el gasto en los cuatro primeros meses del año ha iniciado una escalada muy preocupante al repuntar un 10 %, casi el doble del ritmo de 2025. Los ingresos, aunque siguen batiendo registros históricos, avanzan a un 7,8 %, muy por debajo del 11 % del año anterior. Aunque es prematuro vaticinar si se mantendrá esta desaceleración, podría ser el primer síntoma de agotamiento de nuestro sistema fiscal.

Lo que permanece inalterable es la trayectoria de las inversiones, que vuelven a contraerse un 2,2 %. Por el contrario, las transferencias a Bruselas avanzan con una fuerza que recuerda al «cohete» estadístico que tanto le gusta airear a Pedro Sánchez. En solo cuatro meses hemos enviado 5.862 millones de euros, un 41 % más. Dicho de otro modo: por cada euro que destinamos a inversión, pagamos 2,2 euros a la Unión Europea. A su vez, los intereses de la deuda aumentan un 6,5 %, representando ya el 426,7 % de la inversión real. En plata: por cada euro invertido, estamos abonando 4,2 euros en puros intereses.

En definitiva, a pesar de que el gasto de la Administración General del Estado crece a doble dígito, la inversión real se hunde. El deterioro de las infraestructuras públicas se ha convertido en un auténtico cáncer. Recuperar el terreno perdido tras ocho años de ineficiencia y despilfarro puede costarnos mucho más que el propio desgaste material; puede abocarnos, directamente, a ser un país fallido.