El 41 % de los españoles aporta al Estado más de lo que recibe: 'paga' la población de entre 25 y 64 años

Los niños en España no vienen con un pan bajo el brazo, sino con una pesada mochila financiera. Si se mantiene el diseño actual de impuestos y prestaciones a lo largo de la vida de una persona, un individuo nacido en 2024 recibirá del sector público unos 140.000 euros más de lo que aportará durante toda su vida, de acuerdo con el último informe de EsadeEcPol. Los autores atribuyen ese desequilibrio al diseño actual del Estado del bienestar y advierten de que, sin reformas, el coste acabará trasladándose a las próximas generaciones.

Con el sistema actual, cada generación financia a la anterior con la expectativa de ser sostenida por la siguiente, pero el envejecimiento de la población está concentrando cada vez más el esfuerzo fiscal sobre un grupo reducido de trabajadores mientras aumenta el número de perceptores de pensiones y de gasto sanitario.

Durante la infancia y la juventud, los españoles son receptores de recursos públicos a través de la educación y la sanidad. Es, al incorporarse al mercado laboral, cuando pasan a convertirse en contribuyentes, alcanzando su máxima aportación en torno a los 50 años. A esa edad, un trabajador aporta al Estado aproximadamente 11.000 euros netos anuales más de lo que recibe.

Sin embargo, ese remanente no basta para compensar la etapa posterior. A partir de los sesenta años, el cese de la actividad laboral, el inicio del cobro de la pensión y el aumento del gasto sanitario generan un déficit que alcanza los 16.000 euros anuales por persona en torno a los 70 años.

El problema es que las bases que sostienen este modelo son cada vez más estrechas. Actualmente, solo el 41 % de la población española presenta un saldo fiscal neto positivo. Es decir, seis de cada diez ciudadanos reciben del Estado más de lo que aportan. El peso del sistema recae casi exclusivamente sobre la población de entre 25 y 64 años, donde el 68 % de los ciudadanos son contribuyentes netos.

La rentabilidad prometida

El propio diseño del sistema de pensiones incorpora, además, una rentabilidad implícita difícil de sostener a largo plazo. Según calcula EsadeEcPol, las reglas actuales del sistema de prestación definida ofrecen una rentabilidad real implícita del 2,61 % anual sobre las cotizaciones realizadas por los trabajadores.

La cuestión es que los ingresos reales del sistema por cotizaciones contributivas apenas crecieron un 1,4 % anual entre 2005 y 2024. Prometer una rentabilidad del 2,6 % cuando la capacidad de financiación apenas aumenta un 1,4 % es un problema que, según advierten los autores, irá aumentando conforme las generaciones del baby boom se jubilen.

Confiar todo el ajuste a una mayor inmigración tampoco resolvería el problema. El informe apunta a que la llegada de trabajadores extranjeros mejora las cuentas públicas a corto plazo al ampliar la base de cotizantes, pero ese efecto es pasajero, ya que esos mismos trabajadores terminarán generando en el futuro sus propios derechos a pensión y al resto de prestaciones del Estado de bienestar.

Las reformas que siguen pendientes

Como advierten los autores del informe, «un ajuste concentrado en una única cohorte –sea la actualmente jubilada o la que se incorpora al mercado laboral– resulta difícil de justificar en términos de equidad intergeneracional». Por ello, EsadeEcPol plantea un conjunto de reformas que ya funcionan en otros países europeos y que permitirían repartir de forma más equilibrada el coste del envejecimiento entre generaciones.

La primera consiste en aumentar la participación laboral entre los trabajadores de 55 a 64 años. El estudio estima que la recaudación aumentaría en unos 14.000 millones de euros al año si España consiguiera que trabajaran tantos mayores de 55 años como lo hacen los países europeos con mejores tasas de empleo.

La segunda pasa por vincular la edad efectiva de jubilación a la evolución de la esperanza de vida, siguiendo el modelo aplicado en países como Dinamarca, Estonia, Finlandia, Italia o Suecia. De este modo, el incremento de la longevidad se repartiría entre más años de trabajo y más años de percepción de la pensión, incorporando excepciones para profesiones especialmente exigentes.

Por último, los autores proponen evolucionar hacia un sistema público de «cuentas nocionales», similar al implantado por Suecia a finales de los años noventa. En este sistema, cada trabajador acumula en una cuenta ficticia las cotizaciones realizadas durante su vida laboral. Ese dinero no se invierte ni se guarda realmente –ya que sigue financiando las pensiones actuales–, pero sirve para calcular la pensión futura en función de lo aportado, del crecimiento de la economía y de la esperanza de vida de cada generación.

Con este sistema, la relación entre lo aportado durante la vida laboral y la pensión futura sería más transparente. Las promesas de gasto quedarían así vinculadas a la capacidad real de financiación de la economía, evitando que los desequilibrios actuales se trasladen a las próximas generaciones. «Los resultados sugieren que los responsables de política económica deberían incorporar la dimensión intergeneracional del gasto público en el diseño de las próximas reformas del sistema de protección social, antes de que el grueso de la presión demográfica se materialice», concluyen los autores.