Cataluña concentra casi un tercio de la lista de espera de dependencia en España con 82.000 personas aún en el 'limbo'

La gestión de la dependencia en Cataluña atraviesa una situación crítica. La comunidad encabeza las listas de espera en España y ofrece una ayuda a domicilio muy por debajo de la media nacional. El resultado es un sistema que no logra atender con la rapidez y la intensidad necesarias a decenas de miles de personas vulnerables.

De acuerdo con un reciente estudio de Fedea, Cataluña acumulaba a 1 de octubre de 2025 un total de 81.894 personas pendientes de valoración o de asignación de una ayuda, el 28,8 % de toda la lista de espera nacional, pese a representar alrededor del 16 % de la población española. El informe sostiene que el modelo catalán «arrastra un desequilibrio estructural» caracterizado por la infrafinanciación, la lentitud administrativa, la fragmentación entre el ámbito social y el sanitario y «una elevada carga familiar asumida de forma desproporcionada por mujeres».

La espera media hasta la resolución efectiva de una prestación alcanza los 270 días. La valoración del grado de dependencia tarda 198 días y la aprobación del Plan Individual de Atención (PIA) añade otros 78, a los que pueden sumarse nuevas demoras para acceder a determinados servicios.

En 2024, 4.080 personas fallecieron en España mientras esperaban la resolución de su grado de dependencia y otras 5.449 murieron antes de recibir la prestación reconocida en el PIA. El informe sostiene que las listas de espera «siguen siendo una barrera crítica» y que la mortalidad registrada mientras se aguarda la atención evidencia «la urgencia de reformas».

El atasco administrativo no es el único problema. El Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), concebido para que las personas mayores puedan permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares, presta en Cataluña una media de apenas 13 horas mensuales por beneficiario. La media nacional alcanza las 21 horas, mientras que países como Francia o Suecia superan las 29 y las 30 horas, respectivamente.

Para los autores, esta escasa intensidad de la atención explica que buena parte de los cuidados siga recayendo sobre las familias, especialmente sobre las mujeres, y dificulta uno de los principales objetivos del sistema: permitir que las personas dependientes puedan seguir viviendo en su domicilio el mayor tiempo posible.

Detrás de esa diferencia también hay un problema de financiación. Fedea recuerda que España destina alrededor del 0,8 % de su PIB a la atención a la dependencia, la mitad de la media europea, situada en torno al 1,6 %. Ese menor esfuerzo presupuestario termina reflejándose en unos servicios menos desarrollados y en una mayor presión sobre las comunidades autónomas y las familias.

Infrafinanciación

En Cataluña, el sistema de dependencia moviliza alrededor de 1.400 millones de euros al año, de los que unos 1.100 millones proceden de financiación pública y otros 300 millones corresponden al copago de los usuarios. En la práctica, la Generalitat asume el 61 % del coste, mientras que los beneficiarios financian el 20 % y el Estado aporta el 19 % restante.

Esta distribución cambiará con el Real Decreto-ley 17/2026, que prevé elevar progresivamente la financiación estatal hasta aproximarse al 50 % del coste total. Sin embargo, Fedea advierte de que ese mayor esfuerzo presupuestario podría no traducirse íntegramente en más recursos para la dependencia.

Los autores alertan del denominado efecto desplazamiento (crowding out), por el que algunas comunidades autónomas podrían reducir su propia aportación al recibir más financiación del Estado, limitando así el impacto real de la reforma.

Salarios bajos y empleo extranjero

El informe destaca también la dificultad para atraer y retener profesionales en el sector de los cuidados. Los autores describen un mercado laboral marcado por salarios reducidos, elevada rotación y crecientes dificultades para cubrir las necesidades de personal. La remuneración equivale aproximadamente al 63 % del salario medio en la atención residencial y al 60 % en los servicios de ayuda a domicilio. Además, el 36 % de la plantilla ha nacido fuera de España.

Mientras tanto, el cuidado informal sigue descansando sobre las familias. El 76 % de los cuidadores no profesionales son mujeres y uno de cada tres compagina esa responsabilidad con otro empleo remunerado.

Ante este panorama, Fedea concluye que mejorar el sistema «exige más que la corrección de trámites administrativos». A su juicio, la reforma pasa por reforzar la atención domiciliaria, profesionalizar los cuidados, integrar los sistemas sanitario y social y garantizar una financiación estable que permita responder al rápido envejecimiento de la población.