El Gobierno aplaza hasta septiembre el decreto de vivienda por falta de apoyo parlamentario
La semana pasada también anunció el aplazamiento del registro horario
El Gobierno ha decidido aplazar hasta después del verano la aprobación del real decreto de vivienda tras constantar que no dispone de los apoyos necesarios para garantizar su convalidación en el Congreso. El texto, que el Ejecutivo pretendía aprobar en el último Consejo de Ministros antes del parón estival, queda así pospuesto ante las discrepancias entre los socios que respaldaron la investidura.
Según ha adelantado El País, la decisión responde a la división entre los partidos que habitualmente sostienen al Gobierno, lo que hacía prever una nueva derrota parlamentaria si el texto se llevaba a la Cámara Baja. Se trata además de una de las medidas estrella con la que el Ejecutivo pretendía cerrar el curso político.
El borrador incluía medidas como la congelación del precio del alquiler durante dos años, hasta el 30 de junio de 2028. El Gobierno había tratado de ampliar el contenido de la norma para atraer el respaldo de más grupos después de que una iniciativa similar cayera el pasado mes de abril por el rechazo de Junts, PP y Vox.
Vivienda había incorporado al texto distintas propuestas para conciliar las posiciones de PNV, Junts, ERC, Bildu y Podemos. Entre ellas figuraban cambios en la regulación del alquiler de habitaciones para equipararlo al de vivienda habitual, con contratos de entre cinco y siete años, y límites de precios en las zonas tensionadas, así como incentivos fiscales para los propietarios que congelaran o redujeran las rentas.
Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido arreglar las diferencias. Podemos exigía retirar del decreto la reforma de la ley del suelo como condición para negociar el resto del paquete, mientras que el PNV defendía precisamente mantener esos cambios para agilizar el urganismo y reforzar la seguridad jurídica, además de preservar las competencias autonómicas.
Ante la falta de una mayoría suficiente, el Ejecutivo ha optado finalmente por retrasar la aprobación del decreto hasta septiembre con el objetivo de evitar una nueva derrota parlamentaria al comienzo del que será el último curso de la legislatura.
La pasada semana, el Gobierno ya anunció su intención de posponer hasta septiembre la aprobación del nuevo reglamento del registro horario. En ese caso, el Ejecutivo sostiene que el retraso servirá para introducir cambios que respondan a las objeciones formuladas por el Consejo de Estado, una vez que Trabajo y Economía hayan dado por cerradas sus diferencias sobre el texto.