Canarias salva a Cataluña de defender en solitario junto con Hacienda la reforma de la financiación

Canarias se suma a la reforma de la financiación autonómica pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras. La autonomía ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno central para disponer de unos 1.337 millones de euros adicionales.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha considerado una «magnífica noticia» el acuerdo. «Es la prueba de nuevo que el diálogo funciona y es la prueba de nuevo que cuando un gobierno tiene como objetivo la mejora de los servicios públicos, se sienta, habla y llega a acuerdos», ha dicho en declaraciones a los medios desde Vietnam.

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Fernando Enseñat, cree que «el Gobierno de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres volverá a incumplir sus compromisos de financiación con Canarias porque, sencillamente, es lo que han hecho hasta ahora».

El diputado popular admite que la última propuesta, pactada este lunes en el archipiélago, ha recogido, vía mecanismos complementarios no consolidados, algunas de las mejoras que solicitó la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, «pero no están garantizadas en el nuevo sistema de financiación».

Por eso, indica, «sigue siendo claramente insuficiente y se tendría que haber seguido negociando para aclarar aspectos que pueden afectar a Canarias a largo plazo, pero no gobernamos solos».

Este lunes, los consejeros de Hacienda de Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla reclamaron a Arcadi Espada que retrase la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocada para este miércoles, dado que el modelo se ha pactado «con una sola parte y a espalda de todas las demás».

Según las regiones firmantes, aunque existe «un consenso generalizado sobre la necesidad de reformular el sistema de financiación autonómica» tras 16 años, «resulta imprescindible acometer una revisión que permita adecuar la financiación de las comunidades autónomas (de todas) a sus necesidades reales de gasto y a la evolución de los factores que condicionan la prestación de los servicios públicos fundamentales».