El ministro de Hacienda, Arcadi España.
Hacienda aprueba solo con Cataluña y Canarias la nueva financiación al no prosperar el plantón de Madrid
Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, cargan junto con las regiones del PP contra la reforma diseñada con ERC
Hacienda saca adelante su reforma de la financiación autonómica con la inmensa mayoría de las comunidades en contra. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha dado luz verde este viernes a la reforma diseñada por Pedro Sánchez y María Jesús Montero junto al líder de ERC, Oriol Junqueras.
Lo ha hecho solo con el apoyo de Cataluña y Canarias, y entre críticas generalizadas del resto de autonomías gobernadas por el PSOE y todas las del PP. La clave para ello es que el reglamento otorga al ministro, Arcadi España, el mismo número de votos que el que totalizan todas las comunidades y ciudades autónomas, con lo cual el departamento solo necesita el apoyo de una región para aprobar sus propuestas.
El visto bueno ha sido posible después de que ninguna otra región respaldara el plantón impulsado por la Comunidad de Madrid. Desde la consejería que dirige Rocío Albert se buscaba que no hubiera quórum para poder comenzar la reunión, dado que el reglamento del CPFF establece que ésta no se puede celebrar sin la asistencia de, al menos, la mitad de sus miembros.
«El Gobierno ha recibido un no rotundo del 90 % de los territorios, tanto de las comunidades del PP como de comunidades del PSOE», ha resaltado la consejera de Andalucía, Carolina España.
El próximo paso será la aprobación de la propuesta por el Consejo de Ministros, y su remisión al Congreso de los Diputados. Allí el gobierno necesitará amarrar el apoyo de Junts, dado que necesita una mayoría de 176 votos. La formación independentista hasta ahora ha afirmado que votará en contra. La intención del Ejecutivo es que la reforma esté vigente desde el 1 de enero.
Rechazo mayoritario
La inmensa mayoría de regiones rechaza la reforma al no haber participado en su diseño, que beneficia especialmente a Cataluña, y que se ha diseñado pensando en el principio de ordinalidad que exige el independentismo. Esto es, que la región no pierda posiciones en cuanto a recursos recibidos respecto a la aportación que realiza al sistema.
Madrid considera que la propuesta «supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas».
En términos similares se han pronunciado los consejeros de la Comunidad Valenciana, Galicia o Andalucía, quienes no obstante sí han optado por participar en la reunión, amparándose, en palabras de la extremeña Elena Manzano, por «responsabilidad institucional».
Estas autonomías piden un nuevo modelo de financiación, pero pactado en conjunto, y la aprobación temporal de un mecanismo de nivelación que compense a las comunidades que actualmente se ven más perjudicadas por el modelo vigente, que son Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla la Mancha.
Hacienda no incorpora propuestas del PP
«El modelo privilegia a una sola comunidad, Cataluña, y rompe la igualdad prevista en la Constitución, porque ha sido diseñado por el independentismo para privilegiarle», ha apuntado Carolina España, de Andalucía. «El sistema de financiación tiene que negociarse con las comunidades autónomas y no a espaldas de ellas, solo con un partido que ni siquiera gobierna en Cataluña», ha incidido tras su salida de la reunión. Según ha afirmado, además, Hacienda se ha negado a incorporar ni una sola de las propuestas de las autonomías gobernadas por el PP.
«La negociación ha sido unilateral con Cataluña», ha corroborado el consejero de Castilla - La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina. «La ordinalidad es todo lo contrario a lo que debería defender un partido socialista, porque va en contra de la redistribución: el que más paga, más recibe», ha resaltado. «No voy a defender un modelo en el que quién más dinero tiene puede elegir mejor sanidad o mejor educación»
En idénticos términos se ha pronunciado su compañero de filas, el asturiano Guillermo Peláez. «La solidaridad no es entre territorios sino entre contribuyentes. Una reforma debería garantizar que todas las autonomías disponen de recursos en plano de igualdad», ha criticado
Más impuestos cedidos
El nuevo modelo, presentado en enero por el Ministerio de Hacienda, incrementa el porcentaje de impuestos cedidos a las comunidades autónomas: del 50 al 55 % en el caso del IRPF, y del 50 al 56,5 % en el IVA. Además, mantiene cedido el 58 % de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos, y el 100 % de patrimonio y sucesiones. A ellos añade la cesión del impuesto sobre depósitos bancarios y una tasa sobre el reciclaje de basuras.
A esto se suma un nuevo cálculo sobre el reparto de los fondos en base a la población ajustada, y dos nuevos fondos extraordinarios, uno sobre el IVA de las pymes recaudado en cada territorio y otro para paliar los efectos del cambio climático en las comunidades del arco mediterráneo. Estos son los mayores puntos de fricción, dado que según varios análisis, incluido uno de Fedea, benefician especialmente a Cataluña, la autonomía con mayor número de pymes.
Hacienda, por su parte, defiende que el nuevo modelo permitirá al conjunto de las comunidades autónomas recibir 20.957 millones más de euros, con más transparencia y mayor agilidad. Además, resalta que reducirá en conjunto la desigualdad, dado que se nivela al 75 % la distancia de cada comunidad respecto a la media de recursos por habitante ajustado.
«Pocas veces las comunidades autónomas han tenido tanta información sobre una propuesta de modelo de financiación. La transparencia es máxima», según ha señalado el ministro Arcadi España.