«Cataluña tendrá mejor sanidad o educación»: los consejeros del PSOE desarman la financiación impuesta por Sánchez

Nueva pantalla para la financiación autonómica. El Gobierno ya ha dado el primer paso para aprobar la primera reforma de la financiación autonómica desde 2009, al imponer su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el único respaldo de Cataluña y Canarias.

Todas las comunidades autónomas del PP, y Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, han rechazado la propuesta de Hacienda, a pesar de que el ministerio defiende que dotará de más recursos a todas las comunidades autónomas. En concreto, 20.957 millones de euros.

El nuevo modelo, presentado en enero por el Ministerio de Hacienda, incrementa el porcentaje de impuestos cedidos a las comunidades autónomas: del 50 al 55 % en el caso del IRPF, y del 50 al 56,5 % en el IVA. Además, mantiene cedido el 58 % de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos, y el 100 % de patrimonio y sucesiones. A ellos añade la cesión del impuesto sobre depósitos bancarios y una tasa sobre el reciclaje de basuras.

Las autonomías, sin embargo, rechazan que se haya diseñado de manera unilateral con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), cuyo líder, Oriol Junqueras, fue el encargado de anunciarla tras verse con Pedro Sánchez en Moncloa. La reforma además está empapada del principio de ordinalidad, una demanda de los independentistas catalanes, para que Cataluña no se vea perjudicada a la hora de distribuir los recursos del sistema.

«La ordinalidad es todo lo contrario a lo que debería defender un partido socialista, porque va en contra de la redistribución, dado que el que más paga, más recibe», en palabras del consejero de Hacienda de Castilla - La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina. Según trasladó tras abandonar la reunión con el ministro Arcadi España, el modelo aprobado da derecho «a quién más dinero tiene a elegir mejor sanidad o educación».

La reforma «prima las capacidades fiscales de algunas autonomías», según su compañero de filas, el asturiano Guillermo Peláez. Peláez justifica así el rechazo de Asturias: «Una reforma de financiación debe garantizar que todas las comunidades autónomas disponen de recursos en un plano de igualdad». Y resalta que la solidaridad «no es entre territorios sino entre contribuyentes», que son quienes, a fin de cuentas, pagan los impuestos que luego el Gobierno redistribuye.

Con la propuesta de Hacienda, Asturias se ve perjudicada, al situarse muy por debajo de la media. De ahí que la comunidad exigiera la implantación de un Fondo de Dinamismo, dotado con 3.000 millones de euros, para compensar a las regiones que caigan por debajo de la media. Su implantación, según Hacienda, podría incorporarse mediante una enmienda a la tramitación parlamentaria de la reforma de la financiación.

El rechazo de Castilla - La Mancha y Asturias dejó a la catalana Alicia Romero como la única consejera socialista en respaldar la reforma del sistema. La consejera de Hacienda de Canarias, Matilde Asián, del PP, no acudió a la reunión. En su lugar asistió Nieves Lady Barreto, de Coalición Canaria.

Diseño 'ad hoc' para Cataluña

El diseño de Hacienda incorpora un nuevo cálculo sobre el reparto de los fondos en base a la población ajustada, y dos nuevos fondos extraordinarios, uno sobre el IVA de las pymes recaudado en cada territorio y otro para paliar los efectos del cambio climático en las comunidades del arco mediterráneo. Estos son los mayores puntos de fricción, dado que según varios análisis, incluido uno de Fedea, benefician especialmente a Cataluña, la autonomía con mayor número de pymes.

Según Fedea, Cataluña es la comunidad que más gana, con un incremento de 507 euros por habitante ajustado. La Comunidad Valenciana gana 496 euros por habitante (+4,8 puntos en el índice relativo) y Murcia obtiene 468 euros adicionales (+4,3 puntos). Cantabria, La Rioja, Extremadura y Castilla y León, en cambio, recibirán la misma cuantía por habitante ajustado que en la actualidad.

Para Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, la propuesta del Estado supone «un fuerte trasvase de recursos del Estado» a las comunidades autónomas, que «agravará los problemas de riesgo moral que ya sufren». El riesgo moral implica que las regiones asumirán más gastos dado que se difumina la responsabilidad sobre los mismos. Todo ello mientras el Estado «queda en una situación precaria».

Preguntado por El Debate sobre este particular, el ministro España trasladó que la mejora de la recaudación fiscal en los últimos años permite transferir «muchos más fondos» a las regiones. No precisó, sin embargo, cuál sería el límite para dicha aportación antes de situar al Estado en una posición de debilidad.

Como recordaba recientemente en El Debate el economista José María Rotellar, director del observatorio económico de la Universidad Francisco de Vitoria, «ningún sistema puede repartir indefinidamente más recursos de los que es capaz de generar. Cuando el Gobierno anuncia mayores porcentajes de cesión tributaria y, simultáneamente, incrementa la aportación estatal, no está creando riqueza adicional. Simplemente está redistribuyendo de otra manera los mismos recursos o comprometiendo ingresos futuros mediante un mayor endeudamiento o una mayor carga fiscal».

Rotellar incide además en que «el Estado carece de dinero propio. Todo euro que incorpora al sistema procede de los contribuyentes actuales o de deuda que terminarán soportando los contribuyentes futuros».