La empresa que desahució a Maricarmen propone que vuelva a su piso a través del Ayuntamiento de Madrid

La empresa que desahució esta semana a Maricarmen Abascal, de 87 años, propone ahora que pueda regresar a la misma vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la que había residido durante décadas. Urbagestión Desarrollo e Inversión ha anunciado este viernes que presentará al Ayuntamiento de Madrid una propuesta de urgencia para incorporar el piso al programa Reviva y buscar así una fórmula que permita a la anciana volver a su casa con un alquiler «estable y asequible».

La iniciativa supone un nuevo giro en un caso que ha adquirido una fuerte repercusión pública durante los últimos días. La compañía asegura que se pondrá a disposición de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y de los Servicios Sociales municipales para tratar de resolver la propuesta «en el menor plazo posible».

Por el momento, se trata únicamente de una iniciativa de Urbagestión. La empresa no concreta cuál sería la renta que tendría que abonar Maricarmen ni existe todavía un acuerdo con el Ayuntamiento que garantice su regreso a la vivienda.

El objetivo declarado por la compañía es utilizar Reviva o, en su defecto, «la alternativa que el Ayuntamiento o, en su caso, otras Administraciones Públicas pudieran entender más factible». Urbagestión precisa además que el piso no está en venta.

La propuesta llega después de que esta semana se ejecutara el lanzamiento de Maricarmen tras un prolongado procedimiento judicial por la extinción de su contrato de alquiler.

Urbagestión sostiene que el auto del Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación presentado por la inquilina y confirmó la extinción del contrato es firme desde el 22 de diciembre de 2023. Según la versión de la empresa, durante el periodo transcurrido desde entonces trató de conseguir un cumplimiento voluntario de la resolución y alcanzar una salida pactada.

Entre las alternativas que asegura haber planteado figuraba la posibilidad de suscribir un nuevo contrato de alquiler con una renta entre un 40 % y un 50 % inferior al precio de mercado. La compañía afirma también que durante este periodo continuó haciéndose cargo de los gastos del inmueble y de la hipoteca sin reclamar ningún pago a Maricarmen.

La empresa ha aprovechado su nueva comunicación para precisar además la propiedad del inmueble después de las informaciones difundidas durante los últimos días. Asegura que no es propietaria del edificio situado en el número 46 de Alcalde Sainz de Baranda, sino únicamente del piso que ocupaba Maricarmen, adquirido a la anterior propietaria del inmueble.

Urbagestión insiste asimismo en que no es un fondo de inversión, sino una pequeña empresa madrileña, y sostiene que el piso de Maricarmen es la única vivienda que tiene actualmente en propiedad.

La oferta de James Rhodes

La compañía ha revelado también los contactos mantenidos con el pianista James Rhodes, que se había interesado públicamente por la situación de Maricarmen.

Según Urbagestión, el británico envió dos correos electrónicos después de que se hubiera ejecutado el lanzamiento. El primero llegó el 23 de septiembre a las 14.29 horas y en él se ofrecía a hacerse cargo de la renta de Maricarmen. En un segundo mensaje, enviado al día siguiente a las 10.44 horas, planteó directamente la posibilidad de comprar la vivienda, aunque sin concretar ninguna cantidad.

La empresa agradece el interés del pianista, pero subraya que ambos mensajes llegaron cuando el desahucio ya se había producido. Añade que durante esos días recibió cientos de correos electrónicos de forma masiva, lo que, según su versión, saturó su servidor y dificultó atender las comunicaciones recibidas.

Urbagestión descarta en cualquier caso la propuesta de compra y asegura que la vivienda no está en venta. La solución por la que ha optado es tratar de canalizar el posible regreso de Maricarmen mediante el Ayuntamiento de Madrid.

Querella a título individual

Uno de los administradores de Urbagestión ha presentado, a título personal, una querella por la difusión de imágenes suyas y de miembros de su familia, incluidos su mujer y sus hijos.

La empresa denuncia además que la presión se ha extendido a sus trabajadores y pide que cesen las «amenazas y coacciones» que asegura que están recibiendo. Tanto estas acusaciones como las circunstancias concretas denunciadas corresponden a la versión facilitada por la propia compañía.