El principal ideólogo del Ministerio de Consumo es uno de los fundadores del Sindicato de Inquilinas

Sumar ha aprovechado el caso Maricarmen para llevar la intervención estatal del mercado de la vivienda más allá de lo que está dispuesto a asumir el PSOE. Para defender este modelo, el Ministerio de Consumo se ha valido de una serie de informes coordinados por uno de los fundadores del Sindicato de Inquilinas –responsable de las movilizaciones por el desahucio de la anciana madrileña–, que redefine la figura del pequeño casero y considera «multiarrendador» a quien alquila dos o más viviendas. Así, la formación liderada por Yolanda Díaz reclama una mayor intervención de los precios, la prórroga obligatoria de los contratos y restricciones a otras modalidades de alquiler.

Pablo Bustinduy se ha erigido durante el último año en el principal abanderado de Sumar en materia de vivienda. El titular de Consumo ha tratado de ocupar el vacío que, según su formación, ha dejado la socialista Isabel Rodríguez, a la que acusa de «falta de ambición» y cuya dimisión han llegado a reclamar dirigentes del partido. Gran parte de su discurso se ha dirigido contra los llamados «multiarrendadores», un término acuñado por el entorno del ministro para incluir a cualquier propietario que arriende dos o más viviendas. La Ley de Vivienda, por el contrario, mantiene la definición de «gran tenedor» a partir de 10 inmuebles –o 5 en zonas tensionadas si la CCAA lo decreta–.

El principal ideólogo es Javier Gil, investigador del CSIC y uno de los fundadores del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Gil coordina los tres informes publicados hasta ahora dentro de la serie Vivienda, Consumo y Desigualdad, elaborada por Consumo en colaboración con el Instituto de Filosofía del CSIC. Los trabajos tienen además como finalidad aportar conocimiento para el «diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas». Es decir, para marcar la agenda del Gobierno en materia de vivienda.

El primero, titulado Un mercado dominado por multiarrendadores, establece una frontera clara entre quienes alquilan una única vivienda y quienes arriendan dos o más. Con esta clasificación, los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria muestran que el 52,8 % de las viviendas alquiladas por particulares pertenece a propietarios que arriendan dos o más inmuebles, frente al 47,2 % en manos de quienes solamente alquilan uno.

Al incorporar a las personas jurídicas y la vivienda pública, el informe eleva ese porcentaje y estima que aproximadamente el 60,8 % del mercado está en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas, mientras que el pequeño casero que alquila una única vivienda representa alrededor del 39,2 %. El propio Ministerio convirtió después esta conclusión en una de sus banderas para defender una mayor intervención del mercado.

Las Palmas de Gran Canaria encabeza la clasificación, con un 64,9 % de las viviendas arrendadas por particulares en manos de multiarrendadores, seguida por Santa Cruz de Tenerife (64,6 %), Palma (63,1 %), Barcelona (60,8 %) y Madrid (56,4 %). Entre 2016 y 2023, además, el número de viviendas alquiladas por propietarios que arriendan un único inmueble creció un 30,4 %, mientras que las correspondientes a los multiarrendadores aumentaron un 39,9 %. Con estas cifras sobre la mesa, los autores concluyen que «la figura del pequeño casero con una sola vivienda en alquiler no describe adecuadamente la realidad del mercado español».

«Sociedad de propietarios»

El segundo informe describe el debilitamiento de la tradicional «sociedad de propietarios». Entre 2008 y 2022, los hogares sin ningún inmueble pasaron del 15 % al 22,1 %, mientras que aquellos con dos o más propiedades aumentaron del 26,8 % al 37,1 %. En sentido contrario, los hogares con una única propiedad cayeron del 58,3 % al 40,9 %. De hecho, los multipropietarios representan ya el 51,7 % de los titulares en Catastro. Para los investigadores, esta evolución certifica un cambio de paradigma en el que «la vivienda deja de ser exclusivamente un bien destinado a satisfacer una necesidad básica para convertirse progresivamente en un activo de inversión y acumulación».

Los datos del Catastro utilizados en otro de los cálculos del estudio muestran que, entre 2008 y 2025, el número de titulares con un único bien cayó un 3,7 %, mientras crecieron todas las categorías a partir de dos propiedades: un 8,1 % entre quienes tienen dos, un 22,5 % entre los que poseen tres y un 51,6 % entre quienes acumulan entre seis y diez.

Los inmuebles en manos de hogares con entre seis y diez propiedades pasaron de 827.381 a 2.338.985

Los hogares con una única propiedad concentraban algo más de diez millones de bienes en 2008, pero la cifra había caído por debajo de 7,9 millones en 2022. En cambio, los inmuebles en manos de hogares con entre seis y diez propiedades pasaron de 827.381 a 2.338.985, mientras que los correspondientes a quienes poseían más de diez se multiplicaron por más de cuatro: de 137.943 a 625.883.

Los autores concluyen que el aumento del parque inmobiliario no ha ampliado de forma equivalente el acceso a la propiedad. En aproximadamente quince años se incorporaron cerca de dos millones de inmuebles, pero los hogares con una única propiedad perdieron peso mientras aumentaba el patrimonio de quienes ya poseían varias.

El alquiler como transferencia de renta

El tercer informe da un paso más. Renta, riqueza y régimen de tenencia analiza las diferencias económicas entre propietarios e inquilinos y sostiene que el alquiler no se limita a reflejar la desigualdad existente, sino que transfiere renta desde los hogares con menos ingresos hacia otros con mayores recursos. Los autores afirman que «el mercado del alquiler funciona como un mecanismo mediante el cual hogares con menos ingresos transfieren parte de su renta a grupos con mayores niveles de renta».

Usando datos de la Encuesta Financiera de las Familias de 2022 del Banco de España, los hogares inquilinos presentan una renta mediana anual de 21.335 euros, frente a los 32.120 euros de quienes poseen la vivienda en la que residen. La diferencia aumenta considerablemente entre quienes obtienen ingresos del alquiler: los caseros que arriendan una única vivienda alcanzan los 50.959 euros y los multiarrendadores, los 80.375.

El informe de Gil concluye que los jóvenes no tienen menos riqueza por el hecho de serlo «sino principalmente porque son inquilinos»

La renta mediana alcanza los 74.808 euros entre quienes alquilan dos viviendas y los 83.898 entre quienes tienen tres. Para los hogares que arriendan cuatro o más se dispara hasta los 213.120 euros anuales. Entre los arrendadores de una única vivienda asciende a 407.975 euros, 184 veces más, mientras que entre los multiarrendadores alcanza los 996.826 euros, una diferencia de 450 veces. Los hogares que alquilan cuatro o más viviendas superan los 1,5 millones de euros de riqueza neta mediana.

De ahí que los investigadores sitúen la tenencia de vivienda por encima de la edad como principal factor de desigualdad. Los menores de 35 años acumulan una riqueza once veces inferior a la de los mayores de 64, pero la brecha relacionada con la posición de cada hogar respecto a la vivienda resulta todavía superior. La riqueza neta mediana oscila entre 20.069 y 223.960 euros según el tramo de edad, mientras que pasa de 2.217 euros entre los inquilinos a 996.826 entre los multiarrendadores. El informe de Gil concluye que los jóvenes no tienen menos riqueza por el hecho de serlo, «sino principalmente porque son inquilinos».

Del informe a Consejo de Ministros

A partir de las conclusiones de estos estudios, Bustinduy ha ido pidiendo una mayor intervención del mercado del alquiler. Dos días después de presentar el informe de multiarrendadores, anunció el envío de cartas a 541 empresas que gestionaban o concentraban más de 50 viviendas. El objetivo era recordarles que estaban obligadas a aceptar la prórroga extraordinaria de hasta dos años solicitada por los inquilinos cuyos contratos vencieran entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La propia nota del Ministerio hacía referencia al 61 % del mercado atribuido a multiarrendadores y personas jurídicas con el 39 % correspondiente a los pequeños caseros.

Buena parte de las medidas defendidas por Sumar han terminado entrando este martes en los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros. El Gobierno ha ampliado hasta finales de 2028 la prórroga extraordinaria de los contratos, ha limitado al 2 % la actualización de los alquileres y ha regulado los arrendamientos de temporada y por habitaciones para evitar que se utilicen como vía para esquivar las condiciones del alquiler habitual.

El acuerdo establece además la renovación automática de los contratos, aunque contempla excepciones cuando el propietario necesite recuperar la vivienda para sí mismo o para un familiar. Esta era precisamente una de las principales exigencias que Sumar mantenía abiertas en la negociación con el PSOE apenas unas horas antes del Consejo de Ministros.

El paquete incorpora además otras medidas contra la concentración y los usos alternativos de la vivienda: prohíbe hasta 2028 determinadas compras consideradas especulativas por el Gobierno, modifica la fiscalidad de las Socimi y establece un IVA del 10 % para los pisos turísticos, que hasta ahora estaban exentos. El tipo queda finalmente por debajo del 21 % que el Ejecutivo había planteado inicialmente. En junio, el propio Gobierno todavía anunciaba ese 21 % junto a la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones.