Su casa y su economía tienen nuevo dueño: el BOE

El Gobierno no necesita expropiar. Le basta con volverle a usted inquilino de su propia casa y, de propina, contribuyente agradecido. Un día se la ocupan. Al siguiente le limitan la renta. Al tercero le prorrogan el contrato, aunque usted no quiera. Y cuando ya no distingue si es dueño o bedel del Ministerio, aparece Hacienda con la sonrisa de quien le está vaciando la cuenta y le dice que es por los vulnerables.

Si usted todavía traga que esto es un error de buena fe, mire la fiscalidad. Ahí se le acaba el cuento y se le ve el negocio.

La okupación no es un percance que «baja en las estadísticas». Es un recado. En 2025, 14.875 allanamientos y usurpaciones; Cataluña, casi el 40 %. No hace falta un ejército de ocupas. Basta con que el particular —el 95 % del parque son familias, no el ogro de la rueda de prensa— calcule que puede no recuperar lo suyo y cierre el grifo. El Estado lo llama función social. Cualquier adulto lo llama latrocinio con BOE.

La Ley de Vivienda de 2023 fue el segundo aviso. Tres años después el alquiler es un 31% más caro y la oferta permanente, un 30 % más flaca. En Barcelona el alquiler largo se ha esfumado cerca de un 70 %. El tope no abarata: evapora el piso. El inquilino gana un índice y pierde un hogar. El propietario gana un sermón y una factura.

Esta semana el Real Decreto-ley 26/2026 pone al día el manual del despojo educado: tope del 2 % hasta 2027 —con la inflación olisqueando el 5 %—, prórrogas de dos años, desahucios de vulnerables en hibernación hasta 2030, cerrojo al de temporada y a las habitaciones, veto a la «compra especulativa» hasta 2028. El segundo decreto, el del alquiler eterno, espera en el Congreso como el segundo tiro. Proteger al inquilino de hoy para dejar sin casa al de mañana: eso, en Moncloa, se llama sensibilidad.

Y entonces entra el fisco, que es el único okupa con despacho y corbata.

Una vivienda en España no se compra: se rescata. Puede devorar más del 62 % de su precio en impuestos a lo largo de su vida. El IEE cifra la tributación efectiva sobre la propiedad en el 30,3 % frente al 6,5 % europeo; sobre el alquiler, el 44 % frente al 31 %. Si usted compra de segunda, trague el ITP —del 6 % en Madrid al 10 % u 11 % en Cataluña—. Si compra nueva, sume IVA del 10 % más AJD. Si se la guarda: IBI, imputación de rentas, Patrimonio. Si la vende: IRPF del 19 % al 30 % sobre la plusvalía y el ayuntamiento, otra vez, con la mano abierta. El riesgo es suyo. El peaje, de todos ellos.

El decreto afina el chantaje. Al inquilino con base inferior a 33.007 euros, una deducción del 10 %: un caramelo para 1,6 millones de hogares, una mensualidad de consuelo y un motivo para no enfadarse del todo. Al casero que no sea «gran tenedor», el paraíso con grilletes: reducción de hasta el 100 % si baja la renta más de un 5 %; un 15 % si se le ocurre subirla más de un 20 % al renovar. Traducción para usted: alquile barato, largo y con sonrisa, o le dejan el IRPF como un palo. A la vivienda vacía —muchas, de miedo, no de yate—, recargo de IBI de hasta el 150 %. Al piso turístico, IVA del 10 % desde diciembre y otro recargo municipal. El IVA del 4 %, claro, es para lo público. Usted construye para el mercado y paga como si fabricara un vicio. Ellos no licencian, no urbanizan, no entregan las 220.000 casas que hacen falta… y se reservan el tipo de amigo.

Tu Casa es la joya. Hasta el 20 % de la entrada, 50.000 euros, tipo 0 % vía ICO. No le bajan a usted el piso. Le prestan para que entre. Usted se endeuda con el banco y con el Estado. El techo sigue siendo un lujo. Usted, un cliente.

Las SOCIMI merecen mención de honor en este teatro. Se inventaron para traer capital al alquiler, cotizar y sacar el ladrillo del cuarto trastero. El decreto no las mata: las domestica. Del 15 % al 25 % el gravamen sobre el beneficio residencial no distribuido. Solo si el 80 % va al «precio asequible» —el que fije el índice— hay indulto; si además reinvierten en tres años, hasta el 0 %. O alquilan al precio político, o Hacienda se queda un cuarto de lo que no reparte. Y de propina, veto al fondo hasta 2028. El particular asustado vende. El profesional ya no puede comprar. Lo público no llega. El piso se pudre con el IBI recargado. Luego le preguntan a usted por qué no hay casas.

Se insegura la posesión. Se capan rentas. Se eternizan contratos. Se multa la tenencia, la vacancia, el turístico, la venta y el beneficio retenido. Se premia solo al que acepta el precio de partido. Tinsa pone el valor mediano un 2 % por encima de 2007 en nominal. Idealista, 2.924 euros el metro. El esfuerzo de compra, el 36,9% del sueldo. Las compraventas caen un 11,1 % en julio y el precio sigue subiendo. No es un milagro. Es un atraco con estadísticas.

El socialismo no debate. Se instala. Cada tope fabrica un agravio. Cada agravio, una ayuda. Cada ayuda, un voto. La deducción no le da a usted un techo: le da anestesia. El tipo 0 % no le hace dueño: le hace deudor del ICO. La SOCIMI «social» no multiplica pisos: multiplica formularios.

España no tiene un problema de ladrillo. Tiene un fisco que trata la casa como yacimiento y un Gobierno que trata al propietario como reo. Cada decreto será lo mismo: alquiler más caro, compra más cara, menos oferta y más gente que, para dormir, necesita sello o tiendas de campaña.

No es vivienda social. Es clientelismo con catastro y rueda de prensa. Y a usted le toca pagarlo.