Los decretos de vivienda ya dañan el mercado antes de aprobarse: incertidumbre en los propietarios y frenazo de inversiones

Las políticas intervencionistas de vivienda que el Gobierno ha sacado adelante durante estos ocho años han roto por completo el mercado inmobiliario, pero sobre todo el del alquiler. Desde que Pedro Sánchez prometió solucionar el problema, en 2021, anunciando la primera Ley de Vivienda para contener los precios y promover el acceso a la vivienda, la oferta ha caído en casi 400.000 inmuebles, según datos del Observatorio del Alquiler.

Ahora los dos nuevos reales decretos-ley que el Congreso vota este viernes, 2 de octubre, amenazan con recortar aún más el número de viviendas en alquiler. Y es que, tal y como denuncian los expertos inmobiliarios, el Gobierno sigue intentando resolver esta crisis actuando sobre propietarios e inversores que son los que, por el momento, pueden aumentar la oferta.

Desde el sector aseguran que el anuncio de estos decretos ha bastado para provocar una caída en el interés por el mercado residencial en España y ha paralizado operaciones que estaban apunto de ponerse en marcha. En concreto, en la Comunidad de Madrid se iban a construir entre 600 y 700 viviendas de alquiler asequible, pero las transacciones han frenado en seco después de que el Consejo Ministros aprobase estos dos reales decretos.

Así lo denuncia la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), quienes culpan a la «inseguridad jurídica que provocan estas medidas». Desde ella llevan años defendiendo ante la Administración la adopción de medidas que favorezcan la oferta de vivienda nueva, que formulen un marco jurídico, fiscal y económico estable, que flexibilicen la puesta en carga de suelo y que simplifiquen toda la tramitación administrativa de cara a la atracción de inversión para poder incrementar sustancialmente la oferta de vivienda en España.

Los pequeños propietarios también se plantean sacar sus viviendas del mercado. Y es que, la renovación automática de los contratos, las indemnizaciones y las nuevas limitaciones pueden transformar el alquiler en una decisión difícilmente reversible para el propietario.

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) aseguran que no solo se va a reducir la oferta, sino que cambiará el comportamiento del mercado: habrá más viviendas vacías, más ventas, más contratos sometidos a requisitos estrictos y una mayor concentración de la demanda sobre los candidatos con perfiles económicos más seguros.

Se está trasladando a los propietarios una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», señalan desde la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval).

Los decretos no solo van a destruir la oferta y asfixiar al pequeño ahorrador. También van a dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger, denuncian los expertos del sector.

«Estamos construyendo un sistema que protege al inquilino de hoy a costa del inquilino de mañana. Si cada contrato se convierte para el propietario en una relación casi indefinida, el acceso dependerá cada vez más de superar un examen financiero», afirma Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de Fadei.

Desde el sector urgen a retirar los textos y que la reforma se aborde a través de un Pacto de Estado. Además, urgen a construir un verdadero parque de vivienda pública y a desbloquear la Ley del Suelo que lleva bloqueada en el Congreso toda la legislatura.