José Carlos Díez, economista: «En el Banco de España no hay dinero para pagar las pensiones de diciembre»

El economista José Carlos Díez (Palencia, 1971) acaba de publicar El fin del mundo tal como lo conocíamos, un libro en el que analiza cómo evolucionan Estados Unidos, China, Europa, la inteligencia artificial, la energía, y cómo nos adaptamos en España a este panorama internacional crecientemente complejo. Aunque se enfoca a un público generalista, espera que lo lean también empresarios, y que les ayude a tomar decisiones. Está escrito en positivo, «porque la gente ya tiene bastantes problemas, y no voy a ser yo quien le genere más».

—En su libro aborda situaciones clave sobre Estados Unidos y España. Respecto a Estados Unidos, afirma que las ideas económicas sobre el dólar planteadas por Donald Trump y Stephen Miran podrían provocar una crisis financiera de gran magnitud. En cuanto a España, señala el riesgo de sufrir otra crisis de deuda pública similar a la de 2012. ¿Cómo se articulan ambas afirmaciones?

—Sinceramente, creo que España no provocará una crisis de deuda a nivel nacional ni internacional. De hecho, ya se podría haber producido considerando que llevamos cuatro años sin presupuestos generales. Los inversores son sumamente procíclicos: cuando observan que las economías crecen, no se inquietan, porque aumentan los ingresos públicos, pero si entran en recesión, se ponen nerviosos ante la caída de la recaudación. Actualmente, la situación española no es mala; el problema real reside en que la crisis se desate fuera, concretamente en Estados Unidos. Aunque el dólar sea la moneda de reserva internacional, existen riesgos graves debido a su elevado volumen de deuda y déficit público, unidos a un presidente que incurre en costosas intervenciones militares, donde un solo misil Tomahawk cuesta 30 millones de dólares. Las guerras largas no salen a cuenta.

—¿Cuáles son entonces los principales riesgos, también en el caso de España?

—El principal riesgo económico global es la deuda y el déficit público americano, seguido por Francia, un país próximo al colapso con una alta deuda, un déficit similar al estadounidense y una crisis industrial severa por su incapacidad para competir tecnológicamente con China, sumado a unos salarios franceses que duplican o triplican los chinos. En Francia sería más sencillo reformar el sistema de pensiones alargando la vida laboral porque existen funcionarios que se jubilan con poco más de 50 años, pero no van a querer hacerlo porque se generaría contestación social.

Si llegamos al límite, como pasó en 2012, de que no hay dinero para pagar las pensiones, a ver qué le cuentas a 9 millones de pensionistas o a 3 millones de funcionarios

En España el problema es de exceso de gasto. Ya tenemos una edad de jubilación razonable y no podemos tocar ahí. La parte positiva es que no tenemos deuda privada y la banca dispone de un exceso de depósitos de 300.000 millones para prestar a tipos bajos, lo que nos librará de una recesión como la de 2008. El temor radica en la deuda pública: España necesita emitir 300.000 millones en deuda para abonar principalmente pensiones y sueldos de empleados públicos. Ahora estamos pagando las pensiones de septiembre. En el Banco de España hay fondos para las de noviembre, pero no hay para las de diciembre. Se puede ajustar con los impuestos, podemos hacer recortes en otras partidas, como en 2010... Puedes aguantar unos meses, pero si llegamos al límite, como en 2012, de que no hay dinero para pagar las pensiones, a ver qué le cuentas a 9 millones de pensionistas o a 3 millones de funcionarios. Estás diciendo que la economía española va bien, y de repente hay una crisis financiera fuera, tienes problemas para emitir deuda pública y no hay dinero. Hay que explicar a los ciudadanos que vivimos a crédito, y que necesitamos reducir nuestra deuda. Si no lo hacemos, cuando llegue la crisis, tendremos que hacer recortes dramáticos.

—¿Por dónde deberían realizarse los ajustes necesarios?

—Siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de la Comisión Europea, es imprescindible contener el crecimiento del gasto en pensiones. Se deben proteger las pensiones mínimas y actualizar según el IPC las de quienes perciben menos del salario mínimo, que son dos tercios de los pensionistas. Al tercio restante —con pensiones de hasta 3.500 euros sin haber cotizado lo suficiente para respaldarlas—, hay que explicarles que no se pueden financiar sus pensiones con deuda pública a costa de las futuras generaciones. Quitando la deuda y las pensiones, España podría ser un país que funcionase muy bien con muy poquitos cambios, que tuviese mejores salarios y vivienda. En otros campos de la economía, existen soluciones sencillas en las que incluso formaciones antagónicas como Vox y Podemos podrían alcanzar acuerdos, como la instalación de cables en la red eléctrica de alta tensión. Ello permitiría conectar viviendas, climatizar colegios, abastecer fábricas y dar servicio a centros de datos, que son indispensables.

— Señala en el libro que retomar el consenso parece una clave fundamental para solucionar los problemas, pero hoy por hoy se percibe como algo muy lejano.

—La tendencia indica que caminamos hacia mayorías amplias de PP y Vox en ayuntamientos, comunidades autónomas y eventualmente en el Gobierno de la nación. Lo verdaderamente relevante será cómo gestionen ambos partidos de manera pragmática para resolver los problemas ciudadanos, enfocándose en elevar la productividad, mejorar los salarios y solucionar la crisis de la vivienda. Actualmente presenciamos una legislatura inestable y paralizada, caracterizada por la aprobación de decretos cruzados para contentar a socios parlamentarios incompatibles entre sí.

—Ha comentado las dificultades de Francia e Italia. En este contexto europeo, señala a España como la mejor localización industrial. ¿A qué se debe?

—España destaca por dos variables principales: salarios bajos y costes energéticos competitivos. Junto con Italia, somos el país que peor evolución de salarios reales ha tenido entre los países desarrollados en los últimos veinte años. Es un problema, pero, al mismo tiempo, se convierte en una ventaja competitiva frente a la competencia china y a los costes de Francia o Alemania. Un ejemplo es Volkswagen, que ante su crisis de competitividad está contratando a 1.500 trabajadores en Pamplona en lugar de producir en Alemania. Además, gracias a las renovables, especialmente a la fotovoltaica y a las horas de sol, España dispone de un coste energético sustancialmente más barato. Lo único que falta es red eléctrica. El 85 % de la red de alta tensión de Red Eléctrica está saturada. Hay que desarrollar red. Deberíamos haberlo hecho hace ocho años, cuando se envió el Plan Nacional de Energía y Clima a Bruselas. Uno de los puestos clave que hay que elegir en el próximo Gobierno es el de presidente de Red Eléctrica. No puede volver a ser una amiga del líder político que no sabe de redes ni de electricidad, como Beatriz Corredor. Hay que nombrar un profesional, y un consejo profesional que le apoye. Si podemos incluir ingenieros y economistas del Estado, mejor.

Ante el encarecimiento del gas y la inflación, la medida eficaz no es reducir el IVA como ha hecho Carlos Cuerpo, sino exigir a Teresa Ribera que baje el coste de los derechos de emisión de CO2

—A pesar de la incertidumbre global, plantea que existen grandes oportunidades. ¿Cuál es el enfoque central de su propuesta?

—Aunque el título del libro es llamativo por razones editoriales, no es un libro apocalíptico. Propongo un plan realista ajustado al contexto internacional de la inteligencia artificial, la energía y la competencia global. Con medidas sencillas, como desarrollar la red de alta tensión y darle conexión prioritaria a fábricas para crear empleos industriales con buenos salarios, España podría alcanzar el pleno empleo en cinco años y elevar los sueldos medios entre un 30 % y un 50 %. Si es tan sencillo, ¿por qué no se hace? Esa es mi gran frustración. Cada vez hacemos leyes más burocráticas. Mucha culpa la tiene Bruselas. Transferimos leyes que luego aquí son impracticables. Por ejemplo, ante el encarecimiento del gas y la inflación, la medida eficaz no es reducir el IVA como ha hecho Carlos Cuerpo, sino exigir a Teresa Ribera que baje el coste de los derechos de emisión de CO2. Mientras en Europa se pagan 80 euros por tonelada, en China el coste es de solo 10 euros. Asimismo, el Gobierno ha tomado una decisión correcta al prorrogar tres años la central nuclear de Almaraz. Se trata de una medida de pragmatismo indispensable mientras no se regule e impulse el desarrollo de la acumulación energética mediante baterías e hidráulica de doble bombeo para respaldar la intermitencia de la solar y la eólica. Reclamo pragmatismo a la clase política para evitar errores del pasado, como los recortes a las renovables aplicados en 2012 por Alberto Nadal que han derivado en múltiples litigios perdidos en el CIADI de Washington, aunque también es verdad que heredó un déficit de tarifa tremendo y había que hacer recortes. La ciudadanía española es mucho más sensata que sus políticos y reclama soluciones normales a problemas reales.

—En su libro afirma que España necesita un «tsunami de destrucción creativa». ¿A qué se refiere?

—Hago referencia al concepto formulado por Joseph Schumpeter adaptado al contexto actual de la inteligencia artificial. La IA es un desarrollo tecnológico sin precedentes, pero la herramienta es idéntica en San Francisco, Shanghái o España. La diferencia radicará en la habilidad de empresarios y trabajadores para aplicarla. El modelo americano de Silicon Valley utiliza la IA para recortar horarios y costes reduciendo empleo, lo cual incrementa el caos social. Por el contrario, el modelo chino orienta las horas liberadas hacia la innovación y la reasignación de tareas. En España contamos con ejemplos como Amancio Ortega, que comenzó trabajando en una sastrería con 12 años y logró construir la mayor multinacional europea desde Arteixo superando la falta absoluta de infraestructuras. Lo que debe hacer el Estado es cuidar y no molestar a los emprendedores. Hoy en día existen proyectos como la patente de un ingeniero español en climatización que reduce el consumo energético un 85 %, ofreciendo soluciones inmediatas para colegios, viviendas y centros de datos sin necesitar más potencia contratada. Sin embargo, la administración no agiliza los trámites y las certificaciones necesarias. Para avanzar es necesario flexibilizar la burocracia imitando por ejemplo a Portugal, donde bajo la gestión de António Costa se implementaron la declaración responsable y el silencio administrativo positivo.