De Marx a la Puerta del Sol: el peligro de las medidas pensadas solo para ocupar titulares

En 1867 Karl Marx publicó el primer volumen de El capital. Han pasado 159 años. Desde entonces hemos cambiado casi todo lo que nos rodea, pero bastante menos aquello con lo que decidimos: nuestro cerebro.

Seguimos comparándonos con los demás, reaccionando ante lo que consideramos injusto y necesitando cierta relación entre lo que hacemos y lo que recibimos. Ahí reside una paradoja del comunismo: fue capaz de seducir a millones de personas y, al mismo tiempo, fracasó repetidamente al intentar organizar economías enteras.

La explicación suele buscarse en la planificación central, la burocracia, la corrupción o la falta de libertades. Todo eso importa. Pero existe una pregunta anterior: ¿qué ocurre cuando diseñamos un sistema económico suponiendo que el ser humano se comportará de manera distinta a como realmente lo hace?

La neuroeconomía ofrece algunas pistas. Nuestro cerebro aprende rápidamente si el esfuerzo merece la pena. Si esforzarse más deja de producir una diferencia apreciable, disminuye el incentivo para hacerlo. No trabajamos únicamente por dinero: importan el reconocimiento, la autonomía o la satisfacción. Pero resulta difícil sostener una economía debilitando sistemáticamente la relación entre esfuerzo, resultado y recompensa.

También valoramos especialmente aquello que sentimos como nuestro. Kahneman y Tversky demostraron que una pérdida pesa psicológicamente más que una ganancia equivalente. Por eso una colectivización puede describirse como redistribución desde el poder y sentirse, desde quien entrega su tierra o su empresa, de una forma mucho más sencilla: me están quitando lo mío.

Pero aquí aparece la gran paradoja: algunos de los mecanismos humanos que contribuyeron al fracaso del comunismo explican también su enorme poder de seducción.

Somos extraordinariamente sensibles a la injusticia. El Ultimatum Game mostró que muchas personas prefieren quedarse sin dinero antes que aceptar un reparto que consideran insultantemente injusto. Marx no necesitaba conocer la neurociencia para comprender la fuerza política de ese sentimiento. Observaba desigualdades enormes y condiciones laborales miserables. El comunismo no sedujo porque millones estudiaran la teoría del valor-trabajo, sino porque ofrecía una respuesta sencilla a una poderosa percepción de injusticia.

La crisis de la vivienda permite observar hoy un mecanismo parecido. Hay jóvenes que trabajan y no pueden independizarse, familias asfixiadas por el alquiler y personas vulnerables. Entonces aparece Mari Carmen. A sus 87 años, su desahucio convirtió porcentajes y estadísticas en algo que nuestro cerebro procesa mucho mejor: una persona concreta que podía perder su casa.

La vivienda deja entonces de ser únicamente un problema económico y se convierte en un problema moral: ¿cómo puede ser justo que ocurra esto?

Cuando muchas personas comparten esa frustración, la causa crea identidad. Eso ayuda a entender la acampada de Sol. El malestar puede ser completamente real, pero una dificultad individual se transforma en experiencia colectiva y surge la necesidad de encontrar una explicación común. Si además alguien señala a un responsable, una realidad compleja y multicausal empieza a parecernos mucho más sencilla.

Y ahí entra la política. El Gobierno de Pedro Sánchez respondió a este clima con medidas sobre vivienda y alquiler. Sus defensores pueden presentarlas como protección inmediata ante una situación urgente. Pero lo inmediato posee una enorme ventaja política frente a lo estructural.

Construir vivienda tarda. Desarrollar suelo tarda. Ampliar el parque público tarda. Un decreto puede anunciarse mañana y transmitir la sensación de que algo se ha hecho. Proteger a quien ya está dentro, sin embargo, no equivale a crear vivienda para quien sigue fuera.

Aquí reaparece una vieja lección: las personas reaccionan a las reglas. Si cambian el riesgo, la rentabilidad o la capacidad de disponer de un activo, propietarios, inversores y promotores modifican sus decisiones. Ignorarlo no hace que deje de ocurrir.

El error no es querer justicia. Es creer que la intención basta. Podemos considerar intolerable que una persona vulnerable pierda su casa y, simultáneamente, preguntarnos si una regulación conseguirá que dentro de cinco años haya más viviendas disponibles. No hay contradicción. Hay análisis.

Marx comprendió que la desigualdad podía convertirse en una fuerza política enorme. Hoy sabemos además cómo reaccionamos ante recompensas, pérdidas, injusticia, pertenencia y autonomía. Por eso la pregunta no es si quienes acampan en Sol son comunistas. Sería una caricatura. La pregunta es si estamos utilizando mecanismos emocionales muy antiguos para aceptar soluciones que pueden repetir errores también muy antiguos.

Mari Carmen merecía una solución. Los jóvenes que no pueden emanciparse también. Precisamente por eso deberíamos exigir políticas que funcionen cuando dejan de ocupar titulares.

El Estado puede proteger, redistribuir, construir vivienda pública y corregir abusos. Pero no puede ignorar los incentivos ni sustituir la creación de oferta por una reorganización de la escasez.

Porque un Gobierno puede decidir mediante una ley cómo repartir lo que existe. Lo que ningún Gobierno puede decretar es que, por el mero hecho de escribirlo en el BOE, exista más.