El Gobierno Vasco pagará 100 millones a Blackstone para evitar que 510 viviendas protegidas pasen al mercado libre

El Gobierno Vasco ha alcanzado un principio de acuerdo para pagar 100 millones de euros a una filial del fondo de inversión Blackstone y evitar que 510 viviendas protegidas de San Sebastián pierdan esa condición en noviembre de 2028. La operación permitirá al Ejecutivo autonómico hacerse con el derecho de superficie sobre los inmuebles, situados en el barrio de Benta Berri, y garantizar que continúen destinados al alquiler protegido de forma permanente. Los actuales inquilinos podrán permanecer en sus viviendas.

El acuerdo ha sido anunciado este miércoles por el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, después de una negociación con Testa Residencial, sociedad inmobiliaria controlada por Blackstone que actualmente es titular del derecho de superficie sobre las viviendas hasta 2069.

La operación, cuya firma está prevista antes de que termine el año, supondrá un desembolso de 100 millones de euros, equivalentes a unos 196.000 euros por vivienda, aunque el paquete incluye también garajes y trasteros adicionales. El Gobierno central aportará 31 millones de euros, mientras que el Ejecutivo vasco pretende completar el pago de la compraventa en 2028.

Itxaso ha calificado el principio de acuerdo de «histórico» y ha reconocido que las negociaciones han sido «muy complejas», tanto por la cuantía económica como por las características de la operación.

La particularidad de esta operación es que el suelo sobre el que se levantan las 510 viviendas ya pertenece al Gobierno Vasco. Lo que ahora comprará la Administración autonómica es el derecho de superficie que permite a Testa explotar los inmuebles hasta 2069.

El origen de esta situación se remonta a 1994, cuando el Ejecutivo vasco adjudicó a una unión temporal de empresas formada por Metrovacesa y Vallehermoso la promoción de las viviendas de protección oficial de Benta Berri.

Para construirlas, la Administración concedió a las compañías un derecho de superficie sobre terrenos públicos durante 75 años, con vencimiento en 2069.

Las viviendas se entregaron a sus primeros inquilinos en 1998, bajo un régimen de alquiler protegido cuya calificación expira en noviembre de 2028. Desde entonces han continuado destinadas al alquiler protegido, gestionadas actualmente por Testa.

La proximidad de esa fecha había generado incertidumbre entre los residentes ante la posibilidad de que los inmuebles perdieran su protección y pudieran incorporarse al mercado libre.

Con la adquisición del derecho de superficie, el Gobierno Vasco reunirá bajo una misma titularidad pública tanto el suelo como las viviendas y garantizará que estas mantengan permanentemente su carácter protegido.

Los inquilinos podrán permanecer en sus casas

Uno de los compromisos asumidos por el Ejecutivo autonómico es garantizar la continuidad de los actuales arrendatarios.

«Todos los inquilinos puedan permanecer en sus viviendas en las actuales circunstancias», ha señalado Itxaso, quien ha defendido que el problema del acceso a la vivienda no afecta únicamente a las familias con menores ingresos, sino también a las clases medias.

El consejero ha descrito San Sebastián como uno de los mercados residenciales más tensionados de España, donde la falta de alternativas de alquiler dificulta especialmente la búsqueda de otra vivienda.

No obstante, ha reconocido que todavía deberán analizarse las rentas y los contratos existentes antes de concretar cómo se aplicarán los baremos del régimen de protección a los actuales residentes.

«No quiero aventurarme sin ver las cifras y sin ver cuál es el estado de las rentas y los contratos que existen», ha explicado, aunque ha reiterado que el propósito del Gobierno Vasco es que todas las familias puedan seguir viviendo en sus casas.

Más de mil viviendas protegidas recuperadas

La operación de Benta Berri forma parte de la estrategia del Ejecutivo vasco para evitar que viviendas construidas bajo antiguos regímenes de protección temporal terminen perdiendo esa condición.

Según Itxaso, existen otros conjuntos residenciales en una situación similar, entre ellos alrededor de un centenar de viviendas en Intxaurrondo, además de inmuebles en Barakaldo, Bilbao y Vitoria-Gasteiz.

El Gobierno Vasco dispone del derecho de tanteo en determinadas operaciones de compraventa de vivienda protegida, un mecanismo que, según el consejero, está utilizando con mayor frecuencia para incorporar inmuebles a su parque público.

«Hemos recuperado más de mil viviendas en Euskadi en esta legislatura, en los dos años y medio que llevamos», ha destacado Itxaso.

El consejero ha reconocido que la existencia de viviendas protegidas con calificación temporal responde a decisiones adoptadas décadas atrás. «Aprendimos del error y además lo estamos corrigiendo», ha afirmado.