Los pies de barro de la economía sanchista

El gobierno sigue con su discurso triunfalista sobre la economía, con sus datos de corto plazo impulsados por el gasto público y el incremento de población. Curiosamente, desde hace algún trimestre, ahora que languidece la aportación del sector exterior, los datos parecen dar una sustitución perfecta de la merma en la aportación en el sector exterior con el aumento de la demanda nacional, con datos muy sorprendentes del consumo de los hogares y de la formación bruta de capital fijo cuando la tendencia de todos los indicadores es bajista, no alcista, especialmente en la inversión, que está siendo elevada, sorprendentemente al alza en los últimos trimestres. Esto lo ha repetido el INE ahora de nuevo, con variaciones en distintas rúbricas, unas hacia arriba que compensaban milimétricamente las que iban hacia abajo, ya que el agregado final no se movía.

Ese crecimiento no es robusto: la economía se sostiene en el corto plazo en una especie de huida hacia delante, espoleada por un gasto público de crecimiento exponencial, una deuda desorbitada y una financiación ilimitada gracias al respaldo tácito del Banco Central Europeo (BCE) con su herramienta antifragmentación. Adicionalmente, el todavía buen comportamiento del turismo y, durante buena parte del año, una buena aportación a la economía del conjunto del sector exterior, han permitido que la economía haya mantenido cierto empuje.

Es, por tanto, un crecimiento del corto plazo levantado sobre el acentuamiento de los desequilibrios estructurales que tiene la economía española. Fundamentalmente, el gasto público ha provocado este impulso temporal hacia arriba, que tendrá el recorrido que le dejen las reglas fiscales. La inmensa mayoría de fondos de recuperación de la UE no se han canalizado al sector privado, con lo que, tras la financiación inicial, en lugar de movilizar inversión privada, tendrá que haber aportaciones de fondos públicos, que con el tiempo ya no estarán financiados por la UE, tensando el gasto. Por eso el Gobierno quiere ahora poner en marcha el anunciado falso fondo soberano, porque necesita el gasto para seguir manteniendo la anestesia del crecimiento del corto plazo.

Tampoco la financiación ilimitada fruto del respaldo del BCE podrá ser eterna, y cuando se retire se encarecerá el conjunto de la financiación, perjudicando a la economía productiva y tensando el presupuesto público por un mayor pago de intereses de la deuda.

Con los hogares asfixiados por el incremento de precios y con empresas y familias que han visto encarecerse su financiación, parece difícil entender que la demanda interna vaya a ser la que sustituya a la externa de forma estructural, como vemos en la reciente revisión del INE, de manera asombrosa. El reflejo del mercado laboral tampoco es bueno estructuralmente: Cae la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo la productividad por hora efectivamente trabajada.

Ahora bien, ese espejismo del corto plazo, con los artificios que han ocultado el deterioro estructural de la economía española, se va disipando, las costuras de ese traje no aguantan mucho más y la triste realidad se va imponiendo. La economía, sostenida de manera artificial, se tambalea también en el corto plazo, con una revisión a la baja del PIB de 2025, último año cerrado, que aunque estadísticamente sirve para sostener el crecimiento de 2026, no deja de mostrar la ralentización de la economía, así como un empleo precario, con una elevada tasa de paro, mucho absentismo, desincentivos para trabajar y una concatenación de contratos indefinidos debido al artificio creado al obligar a transformar los temporales en indefinidos.

La inversión extranjera, en retirada

La inseguridad jurídica de la política del Gobierno ahuyenta la inversión extranjera huye de España debido a la inseguridad jurídica generada por la política económica del Gobierno, dejando de recibir 15.000 millones de euros respecto al IITR-2018.

Pese a la recaudación extraordinaria por la inflación, el déficit no desciende lo suficiente y se incrementa estructuralmente, al consolidar gastos con ingresos pasajeros. Todo lleva a que la deuda se mueve hacia los 1,8 billones de euros, mientras los impuestos asfixian a las familias y a las empresas, con altos incrementos en las cargas del trabajo.

En 2018, el trabajador medio soportaba aproximadamente 5.122 euros entre IRPF y cotizaciones sociales. En 2025, esa cifra alcanza los 7.046 euros. Es decir, un incremento de 1.924 euros anuales, equivalente a un aumento del 37,6 %, que hace que el salario neto medio en términos constantes baje de 2018 a 2025, con el PIB per cápita retrocediendo posiciones al compararlo con la media de la UE, porque nos hacemos más pobres. Este empobrecimiento será más intenso –ya lo está siendo– con el empuje de los precios, que rozan el 5 % en septiembre de 2026 y que muestran una fuerte tendencia alcista. Esto puede terminar de ahogar a muchas familias y empresas.

En definitiva, la economía española ha estado -y está- sostenida por el gasto público y la acumulación de población de baja cualificación que empobrece la economía, que tapaba artificialmente el deterioro en el corto plazo, pero que ahora ya se tambalea, con otra pésima herencia que recibirá el próximo gobierno.