Centenares de funcionarios, cobrando 1.000 euros sin trabajar o «como becarios» por la pasividad de la Administración

El gobierno mantiene en vilo a la última promoción de inspectores de Trabajo y Seguridad Social. En concreto 45 nuevos funcionarios llevan casi un año esperando en casa a que se les asigne destino, pero cobrando un sueldo público de unos 1.100 euros al mes. Esto supone que el Estado está gastando cerca de 50.000 euros mensuales en pagar nóminas de funcionarios que en realidad no trabajan.

Todo comenzó el 6 de marzo de 2025, cuando los opositores por turno libre al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social se examinaron. En diciembre de ese año terminaron su formación en la Escuela de Inspección y, según la convocatoria, deberían tener ya un destino asignado como funcionarios de carrera en activo. Sin embargo, siguen pendientes de la resolución previa de un concurso de traslados de inspectores que ya están en activo. Hasta que esto no ocurra no se publicarán los destinos que quedan vacantes. Después tendrán que elegirlos y ahí llegaría su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social lleva denunciando esta situación desde mayo. «Se está realizando un gasto ineficiente en profesionales formados que deberían estar prestando servicio en sus provincias», asegura, en declaraciones a El Debate, Jesús Prieto, portavoz del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Además, esta parálisis está perjudicando «tanto a la Administración como a los propios trabajadores, que tienen derecho a ejercer y cobrar su sueldo completo», denuncia.

Desde este sindicato no se atreven a dar un dato, pero creen que el proceso se podría alargar todavía hasta principios de diciembre. El Ministerio de Trabajo –dependiente de este cuerpo de funcionarios–, por su parte, aseguran a El Debate que «en breve» se podrán cubrir las plazas de nuevo ingreso. Precisan que es «un procedimiento habitual, altamente garantista con las carreras y traslados de los funcionarios y que lleva unos plazos concretos que no determina el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social». Y le pasa la pelota a Función Pública, ministerio que dirige Óscar López, ya que considera que es una cuestión que «les compete» a ellos.

Problemas para conseguir hipoteca

Este no es un caso aislado. Ya 3.600 funcionarios en prácticas de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado y de Gestión de Sistemas Informáticos –A2–, que se examinaron en 2024, estuvieron dos años sin poder incorporarse a su plaza.

Actualmente, también hay 180 funcionarios A1 del Cuerpo Superior de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones esperando su destino definitivo. La diferencia con los Inspectores de Trabajo es que ellos siguen en su puesto de prácticas, eso sí, cobrando como tal unos 1.200 euros al mes, y «realizando un trabajo de un becario», lamenta en conversaciones con este medio una de las afectadas que prefiere mantenerse en el anonimato para preservar su identidad. Aunque les acaban de informar de que se les asignará, previsiblemente, un puesto esta semana.

Esta situación supone un impacto económico para administración, pero también para los propios opositores, obligándoles a posponer importantes decisiones de vida. En el caso de esta joven, recientemente ha firmado una hipoteca y el banco la acaba de llamar preguntado por qué su salario figura en 1.200 euros, mientras ha pedido un préstamo de 700 euros mensuales. «Le he explicado que no es mi salario real y que mi sueldo futuro será de unos 50.000 euros brutos al año. Al final me lo han aprobado, pero tengo que estar justificándome», asegura.

Ella anteriormente había trabajado en el sector privado, y lo dejó el mismo día que empezó las prácticas. «Sabía que cobraría 1.200 euros, pero pensaba que sería durante tres meses, no durante siete. Y aunque haya ahorrado, el dinero es finito», sentencia.