España perderá cientos de millones de los fondos Next Gen pese a que Bruselas ‘levantó la mano’ con las condiciones

Fondos sin gastar, avances parciales y desequilibrios pendientes a pesar de que las condiciones «han sido menos exigentes de lo que prometía el diseño». Es el balance que, desde Fedea, se hace del Plan de Recuperación dos meses después del cierre del programa y cuando aún quedan unos 22.900 millones por recibir desde Bruselas, pendientes de la evaluación por parte de la Comisión de la última solicitud.

Por ahora, España ha perdido 198 millones por no cumplir un hito, el de elevar la fiscalidad del diésel. Tiene además otros 1.164 millones en riesgo; 626,6 de ellos por no reducir la temporalidad en el empleo público; y otros 537 por incumplir otros objetivos de inversión, como recoge un análisis elaborado por los economistas Judith Arnal y Ángel de la Fuente, de Fedea; y Juan Pablo Riesgo, de EY Insights.

«Veremos a cuánto asciende la cantidad final, pero perder 198 millones ya es grave, sobre todo porque se ha dado la oportunidad de modificar varias veces los objetivos», explica a El Debate Judith Arnal, coautora del informe.

El plan se ha modificado en un total de nueve ocasiones, incluyendo una última, en agosto de este mismo año, que afectó a 96 medidas entre reformas e inversiones. Un ajuste que se hizo para recortar aún más la ambición inicial del programa, constata el análisis de los expertos.

Según destaca Fedea «los hitos se han dado por cumplidos, en general, al comprobar que las normas aprobadas recogen los elementos descritos en la Decisión del Consejo que aprobó el plan, propuestos por el Gobierno y aceptados por la Comisión, sin evaluar en la mayoría de los casos su diseño económico, su aplicación ni sus resultados. La Comisión comprobó la correspondencia con las recomendaciones específicas de país al aprobar el plan, no al verificar su ejecución, y varias reformas se alejan de lo que esas recomendaciones pedían».

«Por intentar que el programa fuera un éxito político, la Comisión no ha sido todo lo exigente que habría cabido esperar con la condicionalidad», comenta Arnal. «Además ese cumplimiento de la condicionalidad ha sido nominal: si se aprueba la ley damos por cumplido el hito. Habría sido mucho más interesante mirar la letra pequeña de la reforma aprobada. Esto es otra lección aprendida de estas ayudas», señala.

«Es imposible ahora mismo conocer con exactitud cuántos fondos se van a perder porque dependerá de la madurez de los proyectos», corroboran otras fuentes.

«Buena parte del tiempo se ha ido en papeleo»

En España se ha registrado una baja tasa de ejecución debido a factores como la falta de madurez de los proyectos presentados, pero también el complejo andamiaje administrativo derivado de la superposición de distintos niveles (Estado, ayuntamientos, comunidades autónomas y diversos entes públicos), «que hacen que buena parte del tiempo se haya ido en papeleo», apuntan por su parte desde el equipo de fondos europeos de BIP Iberia.

Además, según BIP se han producido un cuello de botella por la capacidad de la propia administración, que no se ha dotado de más personal para hacer frente a la gestión de los fondos, lo que ha hecho que la tasa global de resolución se sitúe en apenas el 75 %.

Cabe recordar además que España ha renunciado a 61.711 millones de los créditos blandos que había pedido, y sólo ha retenido 21.449 millones de esta partida. «El propio Banco Central Europeo consideró que España no iba a tener capacidad de absorber los préstamos, sobre todo porque no había una ventaja financiera clara por el coste al que se financiaba el tesoro», detalla Arnal.

La economista subraya además las dificultades a la hora de encontrar datos, lo que dificulta además hacer comparaciones con otros países como Italia. Por ello, Fedea ha circunscrito su análisis a cuatro ámbitos clave para la vida de una persona, la educación, el empleo, la vivienda y las pensiones, dejando para más adelante la radiografía completa del impacto del plan.

Los expertos ven en el empleo y en la vivienda la cara y la cruz del impacto de las ayudas. Los avances más visibles se han dado en el primer punto, donde la temporalidad privada ha caído a la mitad, del 25,7 % al 12,3 %, si bien la mejora de la estabilidad efectiva ha sido mucho menor. Sobre todo, porque el sector público sigue instalado en una temporalidad del 27,3 %.

En cambio, el balance más desfavorable se encuentra en vivienda, con los precios escalando un 12,1 % interanual en el segundo trimestre de 2026, el doble que en la UE; un agujero de 750.000 casas en España y una edad de emancipación instalada en los 30,2 años. Pero también en pensiones hay agujeros, dado que la mayor protección de los pensionistas se ha logrado «con un coste de oportunidad creciente en términos de menores recursos para otras prioridades», según el análisis de Fedea.