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El «monumento contra la burocracia» frente al Congreso, en una imagen de archivo

Informe CEU CEFAS y Juan de Mariana

Un informe recomienda derogar o reformar ocho de cada diez leyes de Sánchez, Rajoy y Zapatero

Los expertos cuestionan la hiperregulación «transversal» a los tres últimos Gobiernos, que han aprobado una nueva normativa cada 45 minutos, mucha de la cual permanece «muerta» pero sin ser derogada

Los tres últimos Gobiernos, de distinto signo político, tienen algo en común: su excesivo celo regulatorio. Según un informe del CEU CEFAS y el Instituto Juan de Mariana, hasta el 76 % de las normas con rango de ley aprobadas entre 2004 y 2025 «deberían ser derogadas, simplificadas o reformadas».

El trabajo ha analizado 598 normas, mediante herramientas de Inteligencia Artificial y la participación de una veintena de personas durante cerca de un año. De ellas, tan solo 145, apenas el 24 %, «no requerirían modificaciones prioritarias a corto plazo».

Hasta 132, deberían derogarse íntegramente; otras 31 podrían eliminarse tras negociar con la Comisión Europea -debido a que están vinculadas a la recepción de fondos europeos-; 99 requieren de una revisión para eliminar cargas añadidas a las que exige Bruselas; y otras 191 «requieren de reformas profundas».

«Cuestión de voluntad política»

Emilio Esteban-Hanza, Elio Gallego, Manuel Llamas, Diego Sánchez de la Cruz y Rasheed Griffith posan junto con la regulación aprobada en los últimos añosCedida

«Tres de cada cuatro normas podrían ser derogadas o modificadas», considera Emilio Esteban-Hanza, coordinador del informe por parte de CEU CEFAS. «Cada disposición se ve de forma individual y por tanto se considera razonable. El problema es esa dinámica estructural en el que se parece entender que gobierna mejor aquel que más paginas aporta al BOE. Es un fenómeno que se extiende a gobiernos de distinto signo y acaba siendo u estructural de la economía española»

Modificar o revertir esta tendencia «es una cuestión de voluntad política. Si la hay se puede acometer la tarea en una legislatura», traslada el director del Juan de Mariana, Manuel Llamas.

Entre las normas que los expertos proponen derogar completamente destaca la Ley de Memoria Democrática, el Real Decreto Ley de medidas urgentes en vivienda y alquiler, o la conocida como «Tasa Google» que grava los servicios digitales.

La normativa que podría eliminarse tras comunicarlo a Bruselas engloba la reforma del sistema de cotización de autónomos; mientras que, en el capítulo de normas que trasponen regulación comunitaria que debería ser revisada destaca la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) «cuya extensión, 68 páginas, contrasta con la versión estonia que traspone el mismo Reglamento, que solo tiene 18 páginas».

Con Sánchez toca techo

Los investigadores identifican «algo mas de incidencia de regulación en el gobierno de Zapatero y sobre todo en el de Sánchez». Según Llamas, en los últimos años se ha transpuesto el modelo de sobrerregulación implantado por el peronismo en Argentina, con normativa restrictiva en diversos ámbitos, en particular la vivienda pero también el sector agroalimentario, como por ejemplo el vino. «Sánchez ha sido especialmente productivo, en lo negativo, a la hora de aprobar normas, y además especialmente perjudiciales».

La hiperregulación, no obstante, es una materia «transversal» a los tres últimos Gobiernos, que han aprobado una nueva normativa cada 45 minutos -según cálculos del Banco de España-, mucha de la cual permanece «muerta» pero sin ser derogada.

Sánchez ha sido especialmente productivo, en lo negativo, a la hora de aprobar normas, y además especialmente perjudicialesManuel LlamasDirector del Instituto Juan de Mariana

De las 208 normas de Zapatero, entre 2004 y 2011, el informe propone derogar 41, revisar 32 y reformar en profundidad 64. Respecto a la época de Rajoy, de 147 normas analizadas se recomienda derogar 34, revisar 27 por excesos de transposición europea y reformar en profundidad 51.

En una primera entrega, presentada en febrero, los autores ya identificaron que de las 243 regulaciones aprobadas desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018 habría que derogar 57. negociar con Bruselas la eliminación de otras 31, corregir los excesos regulatorios de otras 40 y reformar en profundidad 76.