El Instituto Coordenadas pide prorrogar las concesiones de 993 kilómetros de autovías y evitar los contratos de emergencia

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha reclamado al Gobierno que prorrogue los contratos de concesión de las autovías de primera generación, que vencen en diciembre, y que apruebe un Plan Nacional de Urgencia para la Conservación y Modernización de Carreteras 2027-2036, con objetivos, indicadores y memoria económica plurianual.

La propuesta se recoge en el informe de posición ‘España necesita un Plan de Urgencia para conservar y modernizar sus carreteras’, elaborado por el equipo de Infraestructuras Civiles del Instituto. El documento recuerda que Seopan cifró en 2025 en 11.494 millones de euros la inversión mínima necesaria para cubrir el déficit acumulado de conservación y acometer actuaciones de seguridad vial, digitalización, recarga y transición ecológica, a los que se suman 38.447 millones de euros de reposición durante 25 años.

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, afirmó que «conservar no es gastar en lo viejo: es defender el valor del patrimonio ya pagado». En su opinión, «España no puede normalizar que sus grandes redes se gestionen de crisis en crisis. La conservación exige anticipación, continuidad y responsabilidad medible».

El informe advierte de que en diciembre finalizan los diez contratos concesionales adjudicados en 2007 sobre 993 kilómetros de la A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, alrededor del 9,5% de la red estatal libre de peaje. A ello se suma la suspensión de licitaciones de conservación por 1.006 millones de euros tras el recurso de la patronal ACEX contra el nuevo pliego, por lo que Transportes prevé recurrir a contratos de emergencia para garantizar la continuidad en los tramos que revierten.

Prórroga, no emergencia

Para el Instituto, la emergencia puede evitar un vacío de servicio, pero es «una mala arquitectura de gestión para corredores estratégicos». El vencimiento de estos contratos «era conocido desde su adjudicación», por lo que el informe atribuye la situación a un fallo de planificación de la transición.

Como alternativa, propone una prórroga transitoria de los actuales contratos de concesión, con sus mismas obligaciones e indicadores de calidad, y la tramitación urgente de un modelo estable para estos corredores y sus tramos adyacentes. Como solución de fondo, plantea un nuevo plan concesional para los corredores más importantes del país.

Siniestralidad

La seguridad vial es el principal argumento del informe. Según datos de Seopan, al comparar los dos años anteriores al inicio de los contratos con los dos últimos de operación, los índices de peligrosidad y de mortalidad de estos corredores se han reducido de forma muy significativa, pese a soportar una intensidad de tráfico y una proporción de vehículos pesados superiores a la media. El documento contrapone el buen estado de tramos como la A-1 entre Santo Tomé del Puerto y Burgos con el de la A-4 entre Despeñaperros y Córdoba, gestionada con contratos ordinarios.

El Instituto cita además el deterioro de las autopistas de peaje revertidas al Estado, como la R-3, la R-5, la AP-41 o la AP-4, esta última con un programa de actuaciones de unos 270 millones de euros, y concluye que la conservación posterior debe estar contratada, dotada y operativa antes del cese de cada concesión.

El informe pide también rediseñar el pliego recurrido, que asigna 60 puntos a la oferta económica y 40 a prestaciones adicionales evaluadas de forma automática, para garantizar una relación calidad-precio real. A su juicio, la licitación de un servicio crítico no debe convertirse «en una competición casi exclusiva por precio».

Entre sus trece recomendaciones figuran también un programa de choque en firmes, puentes, drenaje y túneles; un observatorio independiente con datos abiertos; la rendición de cuentas anual ante las Cortes, y evaluar la colaboración público-privada con criterios de valor por dinero, tomando como referencia el Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón.