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La economía de la integridadEl Debate / Asistido mediante IA

«Lo lamentable del sufrir mentecatos gobernando con la boca llena, la bolsa abierta, la conciencia rota y la vergüenza ya del todo acabada y perdida»Jerónimo Castillo de Bobadilla1704

En los debates económicos contemporáneos abundan conceptos como gobernanza, calidad institucional, seguridad jurídica, transparencia o rendición de cuentas. Los organismos internacionales, los bancos de inversión y los centros de estudios económicos coinciden en señalar que las instituciones sólidas constituyen uno de los principales factores que explican la prosperidad de los países. Sin embargo, mucho antes de que la ciencia económica acuñara estos términos, algunos pensadores españoles ya habían trasladado al ámbito del gobierno y la administración pública una enseñanza arraigada en una larga tradición política y moral: la integridad de quienes administran los asuntos públicos.

En 1704 Jerónimo Castillo de Bobadilla advertía muy gráficamente en su Política para corregidores y señores de vasallos que «poner el consejo y regimiento del Estado en poder de los corruptos y no escoger personas de virtud para ello es quitar los ojos de la cabeza y ponerlos en la cola» y que «no en balde puso Dios los ojos en la cabeza y no en otros miembros inferiores». Añadía lo « lamentable del sufrir mentecatos gobernando con la boca llena, la bolsa abierta, la conciencia rota, y la vergüenza ya del todo acaba y perdida».

Lo llamativo es que esta reflexión, formulada hace más de trescientos años, encaja perfectamente en algunos de los análisis más actuales sobre desarrollo económico. La corrupción no es únicamente un problema ético o jurídico. También constituye un problema económico de primera magnitud. Cuando las decisiones públicas se adoptan para beneficiar a grupos determinados, a aliados políticos o a intereses particulares, los recursos dejan de asignarse según criterios de eficiencia, la inversión se resiente, la competencia se reduce y la confianza de ciudadanos y empresas se deteriora.

La previsibilidad es clave

La historia económica demuestra que las naciones prosperan cuando las reglas del juego son previsibles y se aplican de forma imparcial. Por el contrario, allí donde prevalecen el favoritismo, el clientelismo o el uso patrimonial de las instituciones, el crecimiento tiende a ser más débil y desigual. Los costes de estas prácticas no siempre aparecen en los presupuestos públicos, pero terminan manifestándose en menor productividad, menos innovación y menores oportunidades para la sociedad.

Especial atención merece el discurso pronunciado en 1795 por el Marqués de Bajamar ante el Supremo Consejo de Indias. En él sostenía que tres cualidades eran indispensables para servir al bien común: la sabiduría, la recta intención y la capacidad de sacrificar el interés propio. El planteamiento contiene una sorprendente modernidad. El autor no negaba la importancia del conocimiento o de la experiencia, pero advertía de que la competencia técnica, por sí sola, podía resultar insuficiente e incluso peligrosa cuando estaba al servicio de intereses espurios. Así se expresaba:

«¿De qué servirá la sabiduría y el fácil manejo de las facultades que constituyen a una persona en la clase de docto o experto, si por otra parte le faltan la rectitud de intención con que han de moverse los resortes de la ciencia o técnica que profesa? Si el deseo de acertar no anda unido con la sabiduría, ésta, más bien, servirá de obstáculo que de provecho a la causa pública. Si el anhelo de enriquecer y aumentar los bienes de fortuna, si la pasión y amor de los allegados y conocidos, si las falsas lágrimas de un hipócrita, si la amistad, si el favor del poderoso, del que se espera el beneficio, el puesto, la colocación ventajosa; si esto y mucho más de cuánto puede esconderse en el corazón humano, tuerce la vara de la justicia, inclina la balanza del lado del favor, que le quita el equilibrio y la perfecta igualdad, ¿De qué, pues, servirán las luces, los conocimientos, las instrucciones, la práctica y el ejercicio continuo de la magistratura? Lejos de aprovechar al Estado, y al bien de la monarquía y de los vasallos del rey, sería un trastorno universal de ella y la justicia divina y humana clamaría al cielo por la destrucción de un desorden cuyos inconvenientes y males serían incalculables.»

La cuestión continúa siendo central en la economía contemporánea. Los gobiernos, las empresas y las instituciones financieras necesitan directivos competentes, pero también mecanismos que garanticen que esa capacidad se utiliza en beneficio de la organización y no para favorecer intereses particulares. La literatura económica ha dedicado décadas a estudiar precisamente este problema: cómo evitar que quienes gestionan recursos ajenos actúen pensando en el beneficio propio.

Cuando el Marqués de Bajamar describía la influencia de las amistades, los favores, los vínculos familiares o las expectativas de recompensa personal, estaba identificando lo que hoy denominaríamos conflictos de interés. Su advertencia era clara: la inteligencia y el conocimiento pueden convertirse en instrumentos de enorme daño cuando dejan de estar guiados por el bien común.

También Cervantes contribuyó a este debate. En boca de don Quijote afirmaba «que el toque de los gobernantes está en que tengan buena intención y deseo de acertar en todo»; «que no les faltará»- añadía- «quien les aconseje y encamine en lo que han de hacer». Faltando la buena intención, sobran los asesores.

Nunca ha sido tan importante disponer de expertos. Pero tampoco había sido tan necesario garantizar que el conocimiento esté acompañado por principios de servicio público y responsabilidad

La reflexión posee especial relevancia en una época caracterizada por la creciente complejidad de las decisiones públicas y por la creciente preocupación que suscitan los problemas de integridad en la vida institucional. Los responsables políticos manejan cuestiones relacionadas con la energía, la vivienda, los transportes, la digitalización, la regulación financiera, la inteligencia artificial o la sostenibilidad. Nunca ha sido tan importante disponer de expertos. Pero tampoco había sido tan necesario garantizar que el conocimiento esté acompañado por principios de servicio público y responsabilidad.

Desde una perspectiva económica, esta idea remite a un elemento cada vez más valorado por los analistas: la confianza. Los mercados funcionan mejor cuando existe confianza en las instituciones; las empresas invierten más cuando perciben seguridad jurídica; los ciudadanos aceptan mayores sacrificios fiscales cuando consideran que los recursos se administran con equidad y eficacia. La confianza reduce costes, facilita acuerdos y favorece la cooperación social. Por eso constituye uno de los activos más valiosos de cualquier economía.

En realidad, la distancia entre aquellas reflexiones del siglo XVIII y los debates económicos actuales es mucho menor de lo que podría parecer. Lo que entonces se describía como virtud pública hoy se traduce en calidad institucional. Lo que se denunciaba como corrupción o favoritismo se analiza ahora como captura regulatoria, es decir, la subordinación del regulador a los intereses que debería supervisar, o como problemas de gobernanza. Lo que se atribuía al recto proceder de los gobernantes se estudia actualmente bajo conceptos como confianza, capital institucional o buen gobierno.

La terminología ha cambiado, pero la cuestión esencial permanece. La prosperidad de una sociedad no depende únicamente de sus recursos naturales, de su tecnología o de la preparación de sus ciudadanos. Depende también de la calidad moral de quienes administran las instituciones y de la confianza que son capaces de inspirar. Ningún procedimiento, ninguna regulación y ningún conocimiento técnico pueden sustituir enteramente la rectitud de intención cuando se ejerce el poder.

Estas reflexiones no pertenecen únicamente al terreno de la teoría política o de la historia de las ideas. Su relevancia se hace especialmente visible en circunstancias que afectan directamente a la seguridad y al bienestar de los ciudadanos, como los recientes accidentes ferroviarios. Más allá de las causas técnicas que determinen los informes oficiales, cada uno de estos episodios reabre una cuestión esencial de integridad pública: si las decisiones relativas a la seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras, la inversión o la supervisión se adoptaron exclusivamente en función del interés general o si estuvieron condicionadas por criterios políticos, económicos o burocráticos ajenos a ese objetivo. Cuando una organización minimiza advertencias, retrasa actuaciones necesarias, diluye responsabilidades o subordina la seguridad a otras prioridades, no sólo se produce un fallo de gestión y se erosiona la confianza pública; también acaba por desencadenar terribles consecuencias.