Una huelga general insólita: sin una reforma que combatir y a 18 días de las elecciones

España afronta este miércoles una huelga general de difícil encaje. Por primera vez desde 2012, UGT y CCOO secundarán conjuntamente un paro de 24 horas en todo el país, aunque esta vez no existe una reforma concreta del Gobierno que centre el grueso de la movilización. En su lugar, la convocatoria reúne una amalgama de reivindicaciones sobre vivienda, salarios y servicios públicos que interpelan tanto a la patronal como a los gobiernos autonómicos, en su mayoría en manos del PP. La huelga llega, además, con las Cortes disueltas y apenas 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Los propios sindicatos han reconocido el carácter excepcional de la convocatoria. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, llegó a calificarla de «heterodoxa» al admitir que, tradicionalmente, las huelgas generales han respondido a decisiones de los gobiernos perjudiciales para los trabajadores. «Normalmente han sido reacción a políticas de carácter lesivo para la clase trabajadora. Este esquema no es propiamente el que tenemos encima de la mesa», reconoció durante la presentación del paro.

La convocatoria comenzó a gestarse al calor de las movilizaciones impulsadas por el Sindicato de Inquilinas tras el caso de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó una oleada de protestas en Madrid. UGT y CCOO terminaron sumándose a la iniciativa en vista del creciente protagonismo de estas organizaciones, al tiempo que a las reivindicaciones sobre vivienda se incorporaban otras relacionadas con los salarios, las pensiones y los servicios públicos. Sin embargo, las sospechas sobre el trasfondo político de la huelga no han pasado inadvertidas para una parte del espectro político y empresarial, que ha cuestionado duramente tanto su coincidencia con la precampaña electoral como la decisión de mantenerla después del accidente ferroviario de Urda.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a pedir a los sindicatos que suspendieran la movilización tras la tragedia ferroviaria, que dejó 69 fallecidos el pasado 28 de octubre. «Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición», reclamó el dirigente popular, quien sostuvo que, si antes del accidente ya constituía «un profundo error de concepto», después de la tragedia se había convertido en «un grave error».

Y es que, durante décadas, los sindicatos recurrieron al derecho a al huelga para combatir decisiones económicas y laborales de los gobiernos, tanto socialistas como populares. En junio de 1985, CCOO convocó una huelga general contra la reforma de las pensiones del Gobierno de Felipe González. Tres años después, el 14 de diciembre de 1988, UGT y CCOO protagonizaron una de las mayores movilizaciones de la democracia contra el Plan de Empleo Juvenil y la política económica del Ejecutivo socialista.

En 1992 volvieron a convocar un paro contra los recortes en las prestaciones por desempleo y, en enero de 1994, contra una nueva reforma laboral impulsada también por González.

En junio de 2002, José María Aznar afrontó una huelga general contra el conocido como «decretazo», que modificaba la protección por desempleo. José Luis Rodríguez Zapatero sufrió otra en septiembre de 2010 por su reforma laboral, mientras que Mariano Rajoy afrontó dos convocatorias en 2012, la primera contra su reforma laboral y la segunda contra las políticas de austeridad.

No todas las huelgas generales de la democracia respondieron a cuestiones económicas. También se convocaron paros contra el intento de golpe de Estado de 1981 y las guerras del Golfo e Irak. Más recientemente, en 2024 y 2025, organizaciones sindicales minoritarias promovieron huelgas generales relacionadas con el conflicto de Gaza, aunque con escaso seguimiento.

La diferencia es que las grandes huelgas estatales de 24 horas respaldadas conjuntamente por UGT y CCOO habían tenido hasta ahora como referencia las políticas de los gobiernos en ejercicio. La de este miércoles llega con el Ejecutivo en funciones y sin una iniciativa legislativa concreta que retirar.

Una huelga en plena precampaña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a cargar este lunes contra la convocatoria, que considera un «disparate» si su objetivo es protestar contra la oposición. «Es un disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea», ha afirmado en una entrevista en Cuatro, donde también ha criticado que la huelga se celebre apenas un día después del funeral de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. A su juicio, la decisión «prescinde de todos los principios de sensibilidad y de respeto a los ciudadanos del país».

En la misma línea, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha cuestionado la «solidez» de la convocatoria al recordar que las huelgas generales tradicionalmente se convocan para modificar la política económica del Gobierno. «Estamos llamados a las urnas el 29 de noviembre, por lo tanto parece un contrasentido, porque ya los españoles van a elegir esa política económica que quieren», ha señalado. Nadal sostiene, además, que las reivindicaciones sobre vivienda deberían dirigirse principalmente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que responsabiliza del encarecimiento de los precios y de la escasez de oferta tras ocho años de gobierno.

Este lunes, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado la huelga de «electoral» y ha cuestionado que las centrales sindicales hayan decidido convocarla después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, la movilización no se dirige contra las políticas del Ejecutivo, sino contra la posibilidad de un cambio político tras las elecciones.

La CEOE también ha expresado su rechazo a la convocatoria, que considera política. La patronal anunció su intención de impugnarla por entender que no se ajustaba a la finalidad del derecho de huelga.

Hasta un histórico socialista como Paco Vázquez señaló en Espejo Público que «no es que sea una huelga típica», sino que se trata de «una astracanada total y absoluta».

Vivienda, negociación colectiva, SMI...

UGT y CCOO, por su parte, sostienen que la huelga responde a problemas sociales y laborales que afectan directamente a los trabajadores, independientemente del calendario electoral. Entre sus principales reivindicaciones figuran la mejora de los salarios, el desbloqueo de la negociación colectiva, la reducción de la jornada laboral y la adopción de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

UGT también ha planteado una subida de al menos el 7 % del salario mínimo interprofesional para 2027, mientras que ambas centrales reclaman avances en la prevención de riesgos laborales y la protección de los servicios públicos.

El propio Unai Sordo ha reconocido este lunes que el seguimiento de la huelga será desigual y «asimétrico» según los territorios y sectores productivos, aunque confía en que tenga una participación «importante». El dirigente de CCOO ha admitido, además, que el éxito de la convocatoria deberá medirse «en función de la visibilidad de la gente en la calle» que en la capacidad de paralizar los centros de trabajo.

Más allá del seguimiento que consiga en estos centros y de la participación en las manifestaciones, la jornada servirá para medir el respaldo social a una movilización cuya oportunidad y finalidad ha levantado una importante polémica. Su resultado ofrecerá, además, un nuevo argumento para la confrontación a solo dos días del inicio de la campaña electoral.