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Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Unai Sordo y Pepe Álvarez.EP

La huelga general amenaza con dejar un agujero en la economía de hasta 4.560 millones

Conpymes advierte de que las pequeñas empresas y los autónomos serán los principales perjudicados por la jornada de paro y cuestiona las reivindicaciones de los sindicatos

La huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre podría ocasionar pérdidas de hasta 4.560 millones de euros a la economía española, el equivalente al 0,27 % del Producto Interior Bruto (PIB) anual. Así lo estima la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), que advierte de las consecuencias que tendrá la jornada de paro para las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, especialmente vulnerables a las interrupciones de su actividad.

El impacto dependerá fundamentalmente del seguimiento de la convocatoria. En un escenario de alta afectación, situado en el 70 %, la patronal calcula que las pérdidas podrían alcanzar los 4.560 millones de euros, mientras que con una afectación del 30 % se reducirían a 1.850 millones, el equivalente al 0,11 % del PIB.

La organización toma como referencia un PIB español de aproximadamente 1,69 billones de euros y advierte de que una jornada de movilización general puede alterar significativamente la actividad productiva. No obstante, reconoce que existen mecanismos que amortiguan sus consecuencias, como los servicios mínimos, la posibilidad de recurrir al teletrabajo y la decisión de numerosas pequeñas empresas y autónomos de mantener abiertos sus negocios.

Son precisamente estas pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia los que se encuentran en una posición especialmente delicada para afrontar las consecuencias de la huelga. A diferencia de las grandes compañías, muchos de estos negocios dependen de su facturación diaria y cuentan con menores recursos financieros para absorber una interrupción de sus ingresos.

Incluso aquellos establecimientos que permanezcan abiertos podrían verse perjudicados por la reducción del consumo, las dificultades de transporte o la paralización de empresas proveedoras.

«El problema de la vivienda es real y urgente, pero la solución pasa por generar certidumbre, movilizar suelo público y canalizar recursos de forma eficiente, no por restar capacidad financiera a quienes generan empleo», afirma José María Torres, presidente de la confederación.

El dirigente advierte, además, de que las consecuencias económicas de la movilización podrían prolongarse más allá de la propia jornada. «Al día siguiente de la huelga, las dificultades habitacionales serán las mismas, pero las pymes y los trabajadores autónomos seremos más vulnerables», sostiene.

La organización establece también una comparación entre el valor económico que podría verse afectado por la huelga y los recursos necesarios para construir vivienda pública. Según sus estimaciones, cada millón de euros de actividad perdida equivaldría al presupuesto necesario para levantar entre siete y ocho viviendas de alquiler asequible.

Críticas a las reivindicaciones

Conpymes también critca las propuestas de incrementos salariales defendidas por UGT y CCOO. A su juicio, las centrales sindicales no distinguen suficientemente entre las grandes empresas con capacidad para influir en los precios y los pequeños negocios que operan en mercados competitivos.

Advierte de que muchas pymes carecen de margen para asumir nuevas subidas de los costes laborales, especialmente después del encarecimiento de la energía, las materias primas y la financiación. En este sentido, atribuye buena parte de las tensiones inflacionarias acumuladas durante los últimos años a las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales y al incremento del precio de determinados activos, especialmente los inmobiliarios.

Por otra parte, la confederación reclama que se aclare el origen y el destino de los fondos públicos y las subvenciones que puedan haberse utilizado en las campañas de promoción de la huelga, y pide a las administraciones que garanticen tanto el ejercicio del derecho de huelga como la libertad de trabajar de quienes decidan no secundar la convocatoria.

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