Las tres semanas de Cuerpo para apagar el incendio ferroviario antes de las elecciones

Carlos Cuerpo tiene apenas tres semanas para intentar reconducir la mayor crisis ferroviaria de los últimos años. El vicepresidente primero del Gobierno, que acaba de asumir las competencias de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, afronta una carrera contrarreloj hasta las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En su agenda figuran tres jornadas de huelga, la reorganización de la dirección de Adif y la reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, interrumpida desde el accidente de Urda (Toledo).

El nuevo ministro hereda una situación particularmente compleja después de los dos grandes accidentes ferroviarios registrados este año. El de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero, dejó 46 fallecidos, mientras que el de Urda, registrado el pasado 28 de octubre, causó 69 víctimas mortales. En total, 115 personas han perdido la vida en ambas tragedias, que han provocado una profunda crisis de confianza en la seguridad de la red ferroviaria española.

El margen de actuación de Cuerpo es reducido. Aunque las reformas necesitarán más tiempo, el vicepresidente deberá demostrar en estas tres semanas que las medidas anunciadas comienzan a aplicarse y que los compromisos de inversión, mantenimiento y seguridad se traducen en actuaciones concretas.

El primer desafío llegará la próxima semana. El sindicato de maquinistas Semaf mantiene convocadas dos jornadas de huelga para los días 10 y 12 de noviembre, pese a las reuniones mantenidas con Cuerpo el jueves y el viernes. El nuevo responsable de Transportes ha intentado acercar posiciones con los representantes de los trabajadores, pero, por el momento, el sindicato no ha desconvocado los paros.

A estas movilizaciones se suma la huelga del 17 de noviembre, convocada por el comité de empresa de Adif, en el que están representados CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviaria. La convocatoria también se ha extendido a Renfe y a operadores privados como Ouigo e Iryo, por lo que podría provocar una paralización generalizada del transporte ferroviario.

Si las negociaciones no permiten evitar las huelgas, Cuerpo tendrá que garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos y una información adecuada a los viajeros para reducir las consecuencias de las interrupciones.

Los sindicatos consideran insuficientes las medidas de seguridad anunciadas hasta ahora y denuncian incumplimientos de compromisos anteriores. Por ello, reclaman nuevas actuaciones y calendarios concretos para su aplicación.

Reorganizar Adif

Otro de los asuntos urgentes es la renovación de la cúpula de Adif, después de la dimisión de su presidente, Pedro Luis Marco de la Peña, aceptada esta semana por Cuerpo. El vicepresidente deberá designar una nueva dirección del administrador ferroviario en un momento en el que se están revisando los protocolos de circulación y el funcionamiento de los centros de control.

Entre las medidas anunciadas por Puente antes de abandonar el Ministerio figura la doble supervisión de las órdenes emitidas desde los centros de control cuando se producen fallos en los sistemas de señalización. También se contemplan mejoras en las alertas informáticas, la formación de los trabajadores y las condiciones laborales del personal responsable de la circulación ferroviaria.

El reto de Cuerpo será conseguir que estas actuaciones se implanten efectivamente y responder a las demandas de los sindicatos, que consideran que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes.

Recuperar el AVE Madrid-Sevilla

La reapertura de la línea Madrid-Sevilla constituye otro de los asuntos prioritarios para el nuevo ministro. El corredor permanece interrumpido tras el accidente de Urda y su restablecimiento depende de la autorización judicial.

Antes de presentar su dimisión, Puente se comprometió a recuperar la circulación en un plazo máximo de diez días naturales desde que la jueza autorizase los trabajos necesarios.

Cuerpo deberá gestionar esa reapertura y garantizar que el servicio vuelva a funcionar en condiciones de seguridad y fiabilidad. La recuperación de uno de los principales corredores de alta velocidad del país será también una prueba para los esfuerzos del Gobierno por restablecer la confianza de los viajeros.

A ello se suma la necesidad de asegurar que los compromisos de inversión ferroviaria se traduzcan en obras y mantenimiento. Adif ha aprobado un incremento de hasta el 50 % de sus inversiones durante los próximos cinco años, con una dotación cercana a los 19.000 millones de euros.

Conflictos heredados

Más allá del ferrocarril, Cuerpo también hereda otros conflictos pendientes en el Ministerio de Transportes. Las principales patronales de la construcción reclaman una revisión extraordinaria de los precios de los contratos públicos para compensar el encarecimiento de los materiales y la energía, agravado por las consecuencias de las guerras de Ucrania e Irán.

Las empresas advierten de que el aumento de los costes compromete la viabilidad económica de determinadas licitaciones y dificulta la ejecución de nuevos proyectos de infraestructuras.

Por su parte, las compañías privadas de ingeniería reclaman una mayor inversión pública en mantenimiento y conservación. También denuncian lo que consideran competencia desleal de empresas públicas como Ineco y Tragsa, a las que se encargan directamente determinados proyectos sin recurrir a procedimientos competitivos.