El DNI digital autorizado ya para las elecciones no está reconocido por la Unión Europea

MiDNI, el carné de identidad en el móvil desarrollado por el Ministerio del Interior cuya utilización en las próximas elecciones generales aprobó ayer la Junta Electoral a instancias del Gobierno, es una aplicación que carece del reconocimiento transfronterizo, la certificación y las funciones de autenticación que la Unión Europea exige a sus sistemas de identidad digital. Tan solo cuenta con certificaciones nacionales de seguridad.

El modelo europeo sobre autenticación, validación, seguridad alta y certificación se construye bajo la normativa eIDAS2. Las carteras certificadas deben poder identificar y autenticar al usuario de forma transfronteriza, tanto en línea como, cuando proceda, fuera de línea. La aplicación del DNI en el teléfono móvil no es la cartera europea, no figura como sistema notificado a la Comisión y no consta certificada bajo ese marco. El Ejecutivo debe poner a disposición de los españoles al menos una cartera europea de identidad digital antes del 24 de diciembre de 2026.

Cinco años sin homologar su DNI digital

El Gobierno ha tenido más de cinco años para desarrollar una identificación digital acorde con la normativa europea y no lo ha hecho. La UE pidió formalmente a los Estados que empezaran a prepararla el 3 de junio de 2021. El 20 de mayo de 2024 cada Estado quedó obligado a proporcionar al menos una cartera europea antes de la fecha tope marcada por la Comisión. Sin embargo, solo ha comenzado a tramitarla cuando faltaban dos meses del vencimiento del plazo.

El Gobierno ha dejado la obligación europea para el último minuto. El Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente del real decreto que debe organizar la cartera europea el pasado 29 de septiembre. Seis días después, Sánchez disolvió las Cortes y convocó las elecciones. El proyecto, que el propio Ministerio define como el «habilitador jurídico esencial» del sistema, seguía entonces en audiencia pública. España disponía de menos de tres meses para aprobar el marco, designar a las autoridades responsables, completar la certificación y poner la cartera a disposición de los ciudadanos antes del 24 de diciembre. El adelanto electoral no impide jurídicamente culminarlo, pero deja el cumplimiento europeo contra el reloj y seriamente en entredicho.

«España ingresa en el selecto grupo»

El 1 de abril de 2025, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernando Grande-Marlaska presentó MiDNI como uno de los grandes avances de la transformación digital del Gobierno. «España ingresa en el selecto grupo de países europeos que ya disponen de sistemas que permiten acreditar la identidad a través del teléfono móvil», mediante un soporte que calificó de «fácil, intuitivo, seguro» y, sobre todo, «efectivo», proclamó.

Anunció que el Ejecutivo acababa de aprobar el real decreto que permitiría llevar el documento de identidad en el teléfono móvil desde el día siguiente, aseguró que tendría «la misma eficacia jurídica» que el único DNI existente hasta la fecha, y que serviría para «algo tan importante como el ejercicio del derecho al voto». El propio Marlaska reconoció que no servía fuera de España: «Tampoco podremos utilizarlo como documento de viaje para cruzar fronteras o para acreditar nuestra identidad en el extranjero». El ministro presentaba como segura y válida para votar la identidad digital de su departamento y anunciaba así su utilización en las urnas cinco meses antes de que el árbitro la autorizara.

Marlaska sabía que su nuevo DNI no podía estar en el marco europeo de identidad digital por carecer de las características exigidas por la UE y lo ocultó. Vendió su aplicación como un gran avance en Europa. La única identidad electrónica española que Bruselas reconoce es el actual carné de identidad físico consistente en una tarjeta con chip electrónico, denominado DNIe, calificado por la Comisión como sistema con nivel de seguridad «alto».

Las prisas por llevarlo a las urnas

El funcionamiento oficial de MiDNI exige que el titular genere un QR temporal con datos solicitados en ese momento a la Policía Nacional y firmados por ella. Un segundo dispositivo debe leer el código y comprobar su autenticidad y vigencia.

Para las urnas, sin embargo, Interior defendió inicialmente ante la JEC que bastaba con mostrar la pantalla del móvil, sin leer el QR ni realizar ninguna verificación criptográfica. Con ese criterio, MiDGT pudo utilizarse en nueve procesos electorales desde mayo de 2023 y MiDNI, autorizada en septiembre de 2025, en los tres últimos, hasta que la Junta suspendió ambas aplicaciones el 26 de marzo de 2026.

Una pantalla sin verificar era «más fácil de falsificar que una fotocopia del DNI físico», explicó a este periódico Miguel Bañón, presidente en su momento del CTN-UNE 320 de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales y coordinador de los grupos de evaluación de seguridad de CEN-CENELEC e ISO-IEC. Y si la aplicación se encontrara en el marco europeo eIDAS2, habría sido causa de «una infracción severa», según declaró también Ignacio Alamillo, uno de los auditores de sistemas críticos en la Unión Europea, quién aseveró taxativamente que Ignacio Alamillo, auditor de sistemas de información certificado y experto en eIDAS, introdujo el matiz jurídico: el reglamento no se aplica a MiDNI porque España no la ha notificado a la Comisión. Pero, si le resultara aplicable, utilizarla sin verificar el QR supondría «una infracción severa»: «Resulta impensable degradar las garantías que actualmente ofrecen los documentos oficiales de identidad».

La grieta de seguridad introducida en el proceso electoral por el propio Gobierno fue corregida por la JEC el 26 de marzo de 2026 cuando suspendió esa autorización «hasta tanto se garantice» una verificación «suficientemente segura», tras la publicación de las investigaciones de este periódico.

Las dos llaves del censo y el cambio de reglas de juego

Después de que Interior defendiera ante la JEC que bastaba con mostrar la pantalla sin verificar el QR, el árbitro ha levantado ahora la suspensión basándose en la confirmación del propio ministerio de que todas las mesas dispondrán de un dispositivo capaz de comprobarlo «con todas las garantías necesarias». El acuerdo de una página no identifica ninguna auditoría independiente, prueba técnica o protocolo de contingencias: comienza con una fórmula inequívoca, «Al confirmar el Ministerio del Interior…».

MiDGT continuará suspendida. MiDNI tampoco recupera, por ahora, su uso en los trámites del voto por correo, que la JEC había autorizado en marzo y suspendió después: el acuerdo de hoy solo reactiva la identificación ante la mesa electoral. La Junta no explica públicamente por qué mantiene esas dos restricciones.

Pese al precedente del engaño a la máxima autoridad electoral confirmado por los expertos tras las investigaciones de El Debate, el árbitro ha vuelto a dar por buena la palabra del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska.

Cabe preguntarse el especial interés del Gobierno por volver a introducir en las urnas una aplicación de móvil que Europa no reconoce. A menos de una semana de la convocatoria electoral el Ejecutivo no estaba presentando la cartera terminada que Europa exige, sino comenzando a ordenar jurídicamente quién debía proporcionarla, certificarla y supervisarla.

Censo e identidad son las dos llaves del voto. Hoy las dos, la ley de nietos y el DNI digital, cuelgan del llavero con el que La Moncloa ha cambiado las reglas del juego, con Sánchez al frente del puchero electoral.