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El ministro de Transportes Óscar Puente durante una rueda de prensa posterior al accidente ferroviario de Urda

Los dimitidos Óscar Puente, ministro de Transportes, y Luis Pedro Marco, presidente de Adif.Efe

Lacalle y Javier Morillas analizan la mala gestión de Transportes y Adif: «No ha sido profesional»

El consejero del Tribunal de Cuentas destaca que había 3.000 millones de fondos europeos para la alta velocidad, «pero la ejecución fue mínima»

Las dimisiones del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, han sido las primeras medidas drásticas tras el accidente de Urda. Se ha encargado de realizarlas el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha asumido de forma provisional las competencias de Transportes.

Parece que el Gobierno quiere vender la buena imagen pública y supuestamente técnica del ministro de Economía de cara a las elecciones, pero en estos días le ha explotado la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ha encendido las alarmas al constatar una fuerte desviación en el gasto público.

Hablamos sobre ello en una nueva edición de nuestro podcast El Debate de la Economía, que puede oírse completo en el audio que hay al inicio de estas líneas. Javier Morillas, catedrático de la Universidad CEU San Pablo y consejero del Tribunal de Cuentas, y Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, analizan los fallos estructurales en la administración de las infraestructuras, el deterioro fiscal y el escenario tras las elecciones de medio término en Estados Unidos.

El Tribunal de Cuentas ya alertó de una inversión reducida en mantenimiento

El análisis de las causas de la tragedia de Urda pone en evidencia problemas de gestión presupuestaria e institucional en el sector ferroviario. Javier Morillas señala que los informes del Tribunal de Cuentas sobre Adif ya revelaron una inversión en mantenimiento reducida frente a estándares de países como Alemania o Francia, donde alcanza el 33 %. «Adif dedica más dinero a pagar los intereses de su deuda que a realizar mantenimiento», afirma Morillas.

Destaca, además, que, de los 3.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation proyectados para la alta velocidad, la ejecución ha sido mínima. Asimismo, el Tribunal detectó sobrecostes superiores a los 7.000 millones de euros vinculados al desarrollo de estaciones en nodos como Valencia, Barcelona, Valladolid o Zaragoza. «La gestión no ha sido profesional», incide.

Por su parte, Daniel Lacalle enfatiza la pérdida de perfiles técnicos en la cúpula directiva de Adif y Renfe en favor de nombramientos políticos. Lacalle niega que la falta de presupuestos justificara los fallos en seguridad, dado que «el Gobierno ha recibido más de 5.800 millones para Adif y Renfe» procedentes de fondos europeos «de los que no sabemos absolutamente nada».

El economista recalca que lo más importante son las víctimas, pero al mismo tiempo remarca el menoscabo reputacional y económico que ha producido el accidente: «El gran activo de España ante el mundo era ser el país de la alta velocidad más segura y eficiente, y ahora ostenta el triste récord de registrar más fallecidos en accidentes que el resto de la Unión Europea junta».

A ello añade las pérdidas sufridas en regiones como Andalucía por las continuas demoras y la caída de ocupantes en los trayectos.

Varapalo de la AIReF al Gobierno: gasto desbocado y déficit estructural

El informe de la AIReF aparecido esta semana pone en entredicho el discurso oficial sobre la solidez de la economía española. Morillas detalla que el plan fiscal estructural a medio plazo muestra una desviación severa respecto de lo que pedía Bruselas, con una previsión de incremento del gasto público del 7,3 % para 2026 y un déficit público del 2,8 %, equivalente a más de 25.000 millones de euros anuales.

El catedrático tilda de «frivolidad» calificar el momento económico actual como de «exhibición de músculo», como ha señalado algún medio de comunicación, al sostenerse en transferencias multimillonarias de los fondos Next Generation, y en un país en el que se utiliza deuda pública para comprar acciones de empresas privadas. «El primer viaje del siguiente gobierno tendrá que ser a Bruselas para renegociar las condiciones», advierte Morillas

Lacalle complementa la advertencia indicando que el déficit estructural se ha duplicado durante la administración de Sánchez. Subraya que un crecimiento del gasto público cercano al 7,3 % contraviene frontalmente la recomendación de la Comisión Europea de situarlo por debajo del 1 %.

Además, citando proyecciones del Fondo Monetario Internacional, señala que el PIB per cápita entre 2018 y 2027 evolucionará en línea con la media de la eurozona, evidenciando un estancamiento absoluto.

«El PIB está dopado por un gasto público que no mejora los servicios y una inmigración que no mejora las cuentas de la Seguridad Social; esto deja una bomba de relojería para los próximos años. Bruselas no puede venir el año que viene a pedir al Gobierno un ajuste de 20.000 millones cuando durante seis años han estado callados ante el incumplimiento constante de todas las reglas de gasto de la Unión Europea», asevera.

El próximo Gobierno debe mejorar las relaciones con EE.UU. e Israel

En el ámbito geopolítico, los contertulios valoran el impacto de las elecciones de medio término (midterms) en Estados Unidos. Morillas estima que el resultado no alterará sustancialmente la economía española y aboga por un pragmatismo diplomático: «Hay que mejorar las relaciones con la administración americana, así como con Israel, Marruecos y Argelia»

Hablando de Marruecos, recuerda no olvidar lo que ocurre en Ceuta, y llama a vigilar los flujos migratorios en Canarias, recordando episodios recientes como la llegada de 1.000 personas en una sola jornada a Lanzarote.

Lacalle contextualiza el relevo en el control del Congreso estadounidense como un patrón histórico habitual en mandatos como los de Obama, Clinton o Bush. A su juicio, la pérdida de mayorías legislativas forzará a la Presidencia de EE. UU. a volcar su iniciativa en la política exterior. «Las elecciones de medio término constituyen una gran oportunidad para que España reoriente unas relaciones diplomáticas actualmente deterioradas y recupere su alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca», concluye.

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