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La  vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.EP

El último SMI de Yolanda Díaz deja una propina de 673 millones en ingresos extra para la Seguridad Social

El Gobierno aprueba este martes un incremento del 5,3 % para 2027, que supondrá 910 euros brutos más al año para los trabajadores y elevará también los costes laborales de las empresas

El Gobierno aprobará este martes una nueva subida del 5,3 % del salario mínimo, que se situará en 1.286 euros mensuales en catorce pagas a partir del 1 de enero de 2027. Esta medida supondrá además un aumento de unos 673 millones de euros anuales en los ingresos de la Seguridad Social por cotizaciones, financiadas en buena parte por las empresas.

El incremento, confirmado este lunes por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elevará el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros hasta los 1.286 euros mensuales. Esto supone una mejora de 65 euros al mes y 910 euros anuales para los trabajadores que perciben el SMI, que pasará de 17.094 a 18.004 euros brutos al año. La ministra ha asegurado, además, que la nueva cuantía estará exenta de tributación en el IRPF.

No será igual para las empresas, ya que el aumento del SMI repercutirá en las bases de cotización y, por tanto en los ingresos de la Seguridad Social. De acuerdo con el análisis de impacto normativo del propio Ministerio, cada punto porcentual de incremento del SMI supone unos 127 millones de euros adicionales en cotizaciones, en un escenario en el que el salario mínimo aumenta de forma similar al salario medio.

De esa cantidad, 89 millones corresponden a cotizaciones de trabajadores, otros 31 millones están vinculados a perceptores de prestaciones por desempleo y los siete millones restantes proceden de otros colectivos. Aplicando estas estimaciones al incremento del 5,3 % anunciado para 2027, el resultado asciende a 673,1 millones de euros extra. El cálculo está condicionado por la evolución de las bases de cotización y del mercado laboral, aunque permite hacerse una idea del efecto recaudatorio de la medida.

El aumento de las cotizaciones afectará a distintos grupos del Régimen General de la Seguridad Social, al sistema especial agrario, a las empleadas del hogar y a los contratos de formación, entre otros. También repercutirá en determinadas bases de cotización vinculadas a prestaciones por desempleo y convenios especiales.

Para las empresas, el incremento del SMI implicará un doble efecto: el aumento directo de las remuneraciones de los trabajadores afectados y el encarecimiento de las cotizaciones empresariales correspondientes.

Gasto público

Según la memoria, cada punto porcentual de subida genera alrededor de 8,9 millones de euros adicionales en determinadas prestaciones económicas. De esta cantidad, 4,9 millones corresponden a prestaciones por incapacidad temporal y orfandad no contributiva, mientras que otros cuatro millones están vinculados a prestaciones por nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo y la lactancia y otras situaciones relacionadas con la conciliación familiar.

La aplicación del 5,3 % arroja un incremento estimado de 47,2 millones de euros en estos conceptos. La cifra no incluye todos los efectos presupuestarios de la subida, ya que otros organismos públicos también deberán afrontar mayores desembolsos.

Entre ellos figura el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que calcula que cada punto de incremento del SMI supone aproximadamente 30,17 millones de euros adicionales en prestaciones y cotizaciones relacionadas con el desempleo. La memoria también estima mayores necesidades de financiación en programas de políticas activas de empleo, como las subvenciones a centros especiales de empleo y los programas de escuelas taller. Por tanto, el impacto presupuestario de la medida no se limita a los 47,2 millones correspondientes a determinadas prestaciones de la Seguridad Social, sino que se extiende a otros capítulos del gasto público.

Propuesta de los expertos

La decisión del Gobierno también supera la recomendación central de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo, que había planteado un incremento del 4,9 %, hasta los 1.281 euros mensuales. Trabajo ha decidido añadir otras cuatro décimas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los perceptores del SMI durante 2026. Según explica la memoria, la inflación media entre enero y octubre alcanzó el 3,5 %, frente al incremento del 3,1 % aplicado al salario mínimo a comienzos del ejercicio.

La comisión también había calculado que bastaría una subida del 2,7% para mantener el SMI en el equivalente al 60 % del salario medio neto. Sin embargo, optó por recomendar un incremento superior con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores remuneraciones.

Con el nuevo incremento, el SMI acumulará una subida cercana al 75 % desde 2018, cuando se situaba en 735,90 euros mensuales. Díaz ha defendido que esta política constituye una herramienta fundamental para combatir la pobreza laboral y ha reclamado que las mejoras salariales se extiendan también a los convenios colectivos.

La vicepresidenta ha reconocido, no obstante, que las negociaciones dentro del Ejecutivo para cerrar el incremento fueron intensas, debido a las diferencias sobre su cuantía. La aprobación prevista para este martes permitirá al Gobierno dejar fijado el salario mínimo de 2027 antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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