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José Manuel Cansino

El cava, la prosperidad robada por el independentismo

La retirada de la bandera española en Sant Sadurní d'Anoia, pese a una sentencia judicial, reabre el debate sobre el impacto económico del secesionismo

Con la campaña de Navidad en marcha desde septiembre, el Ayuntamiento de Sant Sadurní d'Anoia, centro geográfico de la producción de cava, ha vuelto a ser denunciado por retirar de sus mástiles la bandera española mientras mantiene todas las demás. Incumple así una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sant Sadurní d'Anoia es considerada la capital mundial del cava y está situada en el corazón de la comarca del Penedès (Barcelona).

La asociación denunciante, Impulso Ciudadano, liderada por el jurista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Rafael Arenas, sobresale en la lucha por el uso neutral de las instituciones públicas y por el natural cumplimiento de la ley; en este caso, la conocida como Ley de Banderas. Afortunadamente, no es la única respuesta articulada de la sociedad civil, pero sí una muy relevante.

Aunque el suflé secesionista abandonó las calles y los sabotajes hace años, tras el golpe del 1-O de 2017, sus promotores no han dejado de ocupar los espacios de poder que los gobiernos de Sánchez y de Salvador Illa les han ofrecido. Tomaron buena nota de lo que pasó y preparan el próximo asalto, diseñándolo con mayor precisión. Especial cuidado han puesto en su presencia internacional a través de las embajadas propias camufladas de oficinas de promoción.

Sant Sadurní d'Anoia alberga decenas de empresas elaboradoras, desde grandes marcas históricas como Freixenet o Codorníu hasta productoras artesanales. Concentra cerca del 95 % de la producción total de cava de España. Precisamente España, con un 32 % de cuota de mercado, es el principal consumidor de cava catalán. El 68 % restante se exporta a muy diferentes destinos, entre los que destacan Alemania, Bélgica, EE.UU. y el Reino Unido, pero ninguno de estos países consumidores tiene el músculo del mercado nacional.

El cava no está en la carta de vinos de la mayoría de los restaurantes del mundo. Es otro de los ejemplos de la fallida diplomacia comercial del ministerio del ramo; la gastronomía y los vinos españoles gozan de notable reputación, pero su presencia en los restaurantes internacionales es mínima en comparación con la de la gastronomía italiana.

El boicot a la «Marca España» –que llegó a tener rango de Secretaría de Estado– por parte de los secesionistas que han dado soporte a los gobiernos de Pedro Sánchez impidió el uso de esta palanca de prosperidad, que se basaba en la buena opinión de nuestra nación con la que salen los casi 80 millones de turistas extranjeros que nos visitan anualmente.

El tamaño de la economía, a diferencia de lo que muchos piensan equivocadamente, no es parte de un juego de suma cero. No es una cifra constante sobre la que solo cabe aplicar la discusión de cómo se reparte.

Buena cuenta de ello da el aumento de la producción de vinos espumosos de otras regiones españolas, que atienden las preferencias de los consumidores nacionales a los que ofende el recurrente gesto de desprecio gratuito de retirar la bandera de España.

La impunidad del Ayuntamiento de la comarca del Penedès no alcanza al bolsillo de las familias que deciden cambiar de marca ni logra meterles la mano en la cartera, pero sí daña la prosperidad de los residentes locales y de los accionistas de las empresas propietarias, que se ven sancionadas por la pertinaz reedición del boicot. Un boicot que no se produciría si la normalidad de convivencia que se abre paso en Cataluña exigiera que se gobernase con arreglo al respeto y a las leyes vigentes. No es que las ventas de cava disminuyan; la cuestión es cuánto más podrían aumentar sin este tipo de acciones políticas ilegales que dañan la reputación de la denominación de origen.

La sequía que azota Cataluña en los últimos años agudiza sus efectos con esta innecesaria vuelta de tuerca. El problema no es un cambio de gobierno, sino que se quede la miseria. Que se siga permitiendo el robo de la prosperidad común por parte de quienes tienen su sueldo blindado en el presupuesto público depende de la permisividad de los ciudadanos, de los empresarios y, en definitiva, de la sociedad civil.

  • José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino