El secretario general de CCOO, Unai Sordo.
CCOO exige «cabezas y dimisiones» por las cargas del 11-N y señala a Marlaska
El sindicato anuncia acciones legales contra Ayuso por injurias y exige investigar la actuación policial durante la huelga general, que considera «injustificada» y «desproporcionada»
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha exigido este miércoles «responsabilidades, cabezas y dimisiones» por las cargas policiales durante las manifestaciones de Madrid y ha advertido de que, si no se esclarecen los hechos, la responsabilidad recaerá directamente sobre el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Además, la organización ha anunciado que emprenderá acciones legales contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por sus declaraciones contra los sindicatos.
En una rueda de prensa, Sordo ha calificado de «absolutamente injustificada» y «desproporcionada» la actuación policial que puso fin a la manifestación celebrada en Madrid durante la jornada de huelga.
El dirigente sindical ha denunciado que una movilización «cívica, civil, tranquila, pasada por agua» terminó con una intervención policial en la que, según su relato, se utilizaron «gases lacrimógenos, pelotazos y porrazos», poniendo en riesgo a miles de ciudadanos.
Por ello, ha exigido conocer «quién y por qué tomó las decisiones operativas en la manifestación de Madrid en cada momento» y ha reclamado que se depuren responsabilidades por lo sucedido.
El secretario general de CCOO ha planteado la posibilidad de que la actuación policial respondiera a una intención de alterar la imagen pública de las movilizaciones. Según ha explicado, la fotografía que debía dejar la huelga general era la de unas manifestaciones «masivas y pacíficas» celebradas por toda España. Sin embargo, considera que las cargas policiales terminaron desplazando el protagonismo hacia los incidentes registrados en Madrid.
«Alguien pensó que era mejor que la foto icónica del 11 de noviembre fuera la de disturbios injustificados en la Gran Vía madrileña», ha afirmado.
Sordo se ha preguntado expresamente si existió «una directriz política» o si se trató de «una actuación policial autónoma con intenciones políticas». En cualquier caso, ha insistido en que deben identificarse los responsables y ha reclamado que «rueden cabezas».
El dirigente sindical ha advertido de que, si no se aclara quién ordenó las intervenciones y por qué, «la responsabilidad recaerá directamente sobre el Ministerio del Interior y quien lo lidera», en referencia a Grande-Marlaska.
Recurrirá la actuación policial
CCOO de Madrid, por su parte, ha revelado que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa por las intervenciones policiales durante la huelga general. La secretaria general de la organización en Madrid, Paloma López, ha explicado que el sindicato considera que se vulneraron derechos fundamentales de los piquetes informativos durante las actuaciones desarrolladas en Mercamadrid y en varias cocheras de transporte público.
Según la versión sindical, los agentes cargaron contra los participantes y utilizaron aerosoles irritantes, conocidos como «gas pimienta».
CCOO solicitará que se investigue si estas intervenciones vulneraron «el derecho a huelga, la libertad sindical, el derecho de reunión y el derecho a la integridad física» de los participantes.
Denuncia a Ayuso
Además, CCOO emprenderá acciones legales contra Isabel Díaz Ayuso por sus declaraciones contra las organizaciones sindicales, a las que calificó de «basura sindical» y de «mafia». Paloma López ha señalado que el sindicato considera estas expresiones «intolerablemente ofensivas e insultantes» y entiende que exceden los límites de la crítica política.
La dirigente sindical ha defendido que «la libertad de expresión ampara la crítica política sin ninguna duda, incluso la más contundente», pero ha sostenido que las descalificaciones de la presidenta madrileña constituyen un ataque a la dignidad y al papel constitucional de los sindicatos.
CCOO ha anunciado que denunciará a Ayuso por injurias y que estudiará si sus declaraciones pueden constituir también un delito de odio, una posibilidad sobre la que todavía no existe ningún pronunciamiento judicial.