Vista de una promoción de obra nueva
El problema que frena la construcción de vivienda: «Muchos pueden bloquear una promoción sin asumir el coste de hacerlo»
Fedea aboga por restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual y facilitar la construcción de pisos
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en un estudio elaborado por el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) Benito Arruñada, sostiene que «los fallos de la política agravan, en vez de corregir, los del mercado de vivienda» en España, ya que «las restricciones a construir, transmitir y contratar generan escasez y perjudican especialmente a quienes buscan vivienda».
El informe, titulado El problema de la vivienda: escasez y carestía por voluntad propia, señala que en el segmento de la vivienda nueva la falta de suelo edificable responde a «decisiones políticas», dado que numerosos ciudadanos y grupos pueden bloquear una promoción sin asumir íntegramente el coste de hacerlo.
Según estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recogidas en el trabajo, urbanizar suelo exige entre diez y quince años -«en ocasiones superiores a veinte»-, a lo que se suma una carga tributaria que equivale al 25,78% del desembolso final de los compradores en un supuesto elaborado por el Consejo General de Economistas (CGE).
Respecto a la vivienda usada, el estudio apunta que gravar mucho las transmisiones y relativamente poco la tenencia «penaliza la movilidad» residencial y favorece que muchos inmuebles permanezcan vacíos o infrautilizados.
En este sentido, recuerda que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a España «reducir gradualmente los impuestos sobre transmisiones», cuyos tipos figuran entre los más altos de sus países miembros.
En el mercado del alquiler, el documento sostiene que limitar las rentas, imponer prórrogas a los contratos y dificultar la recuperación de la vivienda protege al inquilino que ya tiene contrato a costa de quien busca uno, al inducir a los propietarios a «retirar oferta y seleccionar inquilinos más solventes».
Para la regulación catalana de 2020, el trabajo recoge estimaciones que apuntan a una «reducción media de rentas cercana al 5 % y una caída de nuevas contrataciones próxima al 10 %».
Asimismo, advierte de que los seguros de impago atenúan el riesgo privado del propietario, pero a costa de que sus filtros «excluyen a candidatos vulnerables».
Valoración del nuevo decreto de vivienda
El trabajo examina también el último decreto de vivienda convalidado el pasado 12 de noviembre por la Diputación Permanente del Congreso.
Junto a nuevas prórrogas anuales de hasta dos años y límites a la actualización de las rentas hasta finales de 2027, la norma obliga a la Administración, en determinados supuestos, a «ofrecer una alternativa habitacional o atender la deuda y las costas» del inquilino si transcurren dos meses sin solución.
Para el autor, este mecanismo «recoge parcialmente el principio de financiar la asistencia con recursos públicos», si bien su eficacia «depende de que el pago sea suficiente, puntual y exigible».
Arruñada explica que estas políticas pueden resultar «electoralmente rentables» pese a su coste social porque «los beneficiarios actuales identifican la ventaja inmediata», mientras que «los futuros contratantes perciben peor el coste de las oportunidades que pierden».
Según indica, esta asimetría se ve reforzada por moratorias presentadas como temporales, excepciones para pequeños propietarios e impuestos formalmente atribuidos a bancos o promotores, que permiten «hacer visibles los beneficios y ocultar los perjuicios».
A partir del análisis de microdatos de encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), 40dB y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el estudio muestra que el apoyo a la regulación varía en función de la posición contractual del entrevistado.
En Cataluña, vivir de alquiler se asocia con 12 puntos porcentuales más de apoyo a regular los precios que residir en una vivienda propia ya pagada, mientras que tener otra vivienda arrendada se vincula con 19,8 puntos menos.
Del mismo modo, en el experimento del CEO, mencionar a un banco o a un fondo como propietario eleva en 1,5 puntos sobre diez la justificación de ocupar una vivienda.
El autor advierte además de que algunas encuestas «presentan la intervención como garantía de acceso y omiten sus costes», por lo que difundir sus porcentajes como un «mandato mayoritario» puede reforzar el apoyo a instrumentos cuyos costes no se han hecho explícitos.
Cinco líneas de reforma
Para revertir la escasez y ampliar la oferta tanto de obra nueva como de segunda mano, el trabajo de Fedea propone cinco líneas prioritarias de reforma.
En primer lugar, plantea facilitar la construcción ampliando los usos y densidades permitidos, evaluando el coste de las exigencias de calidad y revisando qué intereses justifican un veto y cuáles pueden protegerse mediante indemnización.
Aboga además por reequilibrar la fiscalidad, reduciendo los gravámenes sobre construcción y transmisiones y evitando gravar plusvalías inflacionistas«, así como »compensar las rebajas con otros ingresos, incluidos los de la tenencia, o con menor gasto".
Pide además restaurar la seguridad jurídica y la libertad contractual, respetando los contratos, facilitando su ejecución y recuperando la libertad para pactar rentas y duración, sin discriminar a los arrendadores por su tamaño.
Asimismo, reclama separar asistencia y contratación privada. Así, apuesta por financiar las ayudas con recursos públicos explícitos y permitir que la oferta privada responda, «evitando cargar la protección del vulnerable sobre su arrendador o acreedor».
Por último, pide favorecer la subsidiariedad normativa y la transparencia, permitiendo soluciones territoriales distintas, comparando sus resultados y haciendo visibles los costes de las normas, además de «vincular los porcentajes demoscópicos a las preguntas y alternativas que los produjeron».
Según concluye el autor, la principal dificultad para acometer estos cambios es política, dado que los ciudadanos reclaman «viviendas accesibles sin asumir las consecuencias de permitir construir, transmitir y contratar». «Mientras premiemos las restricciones y ocultemos sus costes, seguiremos eligiendo una vivienda escasa y cara», advierte el informe.