El Sanchismo y la Educación en España

Las relaciones entre política y educación definen un entramado complejo de conexiones causales que van, principalmente, en el sentido de la política hacia la educación. Sólo en el largo plazo cabe esperar una acción retroactiva de la educación sobre la política; retroacción que será positiva si la educación tiene éxito, toda vez que una buena educación es capaz de contribuir a generar una política buena.

En una columna anterior (17-05-2023) analizamos los vínculos entre la política y las políticas educativas, centrando la atención en tres de ellos: las concepciones que se tengan sobre el poder y su ejercicio, las características del marco ideológico inspirador y los posicionamientos de naturaleza epistemológica que se adopten sobre las relaciones entre conocimiento y realidad.

No cabe ninguna duda de que, a través de las políticas educativas, la política termina afectando a la educación, a su calidad y, a la postre, a sus principales destinatarios. Pero existen otros canales de influencia más inmediatos, que conciernen a la generación de una atmósfera social, intelectual y moral, cuya función estructurante sobre las concepciones, principios y valores –que son asumidos, como por impregnación, por los niños y los adolescentes– resulta francamente relevante en el plano formativo. Aunque su condición de personas adultas pueda proteger a los profesores de esa influencia, estos actores intermedios no están en modo alguno aislados en una burbuja, sino que ejercen sus funciones envueltos en dicha atmosfera.

La educación reposa en España, como en otros muchos países, en un soporte ético de carácter transversal que tiene que ver con los ideales de honradez, de justicia, de libertad, de igualdad, de pertenencia a un proyecto común y de solidaridad entre personas y territorios; ideales que anidan en los textos constitucionales y encuentran en ellos su primera concreción. De tal modo que cuando ese soporte se ve amenazado por decisiones y comportamientos políticos, guiados por un enriquecimiento ilícito o por el puro ejercicio del poder y su cruda preservación, ese suelo, que otorga significado a una parte de las tareas de todos aquéllos que nos dedicamos a la educación, se tambalea bajo nuestros pies.

Hace unas semanas leía algunas declaraciones de profesores de Derecho constitucional en las que confesaban que, si se llegara a aplicar la Ley de Amnistía no sabrían qué Derecho enseñar a sus alumnos. Algo similar podría decirse de sus derivadas para aquellos que nos ocupamos de las políticas educativas. Por ejemplo, ¿dónde quedaría el sentido –más allá de lo puramente científico– de una preocupación académica por la desigualdad efectiva de oportunidades entre los diferentes territorios en materia educativa? ¿Dónde el de los análisis de las brechas entre comunidades autónomas? ¿Dónde el ideal de justicia y cohesión social que comportan? Nuestras enseñanzas mutarían hacia lo puramente tecnocrático y, en ese proceso, habrían perdido su alma.

Cuando se desciende al nivel de los estudiantes de la educación escolar y de sus profesores, cabe preguntarse ¿cómo sostener las lecciones escolares sobre la honradez personal y el respeto a lo ajeno? ¿cómo conciliar la corrección de comportamientos agresivos de alumnos hacia alumnos, cuando son testigos frecuentes, a través de la televisión, de una suerte de bullying político permanente en el que se ataca sin piedad al adversario con todas las herramientas retóricas que estén al alcance, sean éstas verdaderas o falsas? ¿Qué valor ejemplarizante puede asistir al titular de la cartera de Educación cuando se entrega con aparente fruición a esas prácticas, nada formativas, en apoyo de su partido?

Como parte del proceso de regeneración política que necesitamos, nunca más en España un ministro de Educación habría de ser, a la vez, portavoz del partido al que pertenece. Y es que la auctoritas intelectual y moral que requiere el ejercicio de esa noble función debería ser uno de los requisitos imprescindibles de los candidatos a desempeñarla, porque en ello también se ventila la calidad de nuestra educación.

En el plano de las enseñanzas y de los aprendizajes cognitivos, el respeto por los hechos y el compromiso con la verdad forman parte de la mejor tradición intelectual –y moral– de la civilización occidental; tradición que alcanza a los alumnos a través de las actitudes de sus maestros y del grueso de las materias del currículo. Pero si esas actitudes, que se valoran en el medio escolar como ideal transdisciplinar, contrastan con conductas del ámbito político en donde los hechos significan, pura y simplemente, lo que en cada caso se necesite; en donde las palabras pierden su valor, y la verdad y la mentira son intercambiables según convenga, se genera una disonancia intelectual –pero también moral– que resulta francamente peligrosa para las personas en formación. Lo antipático que puede resultar el rigor de los hechos, o las exigencias de la coherencia personal, frente a lo cómodo de lo laxo y lo sugestivo de la posverdad, sin más requerimiento que lo puramente coyuntural, comportan un hándicap evidente para las tareas tanto de enseñar, como de aprender.

En este contexto, característico del sanchismo, el objetivo deseado y deseable consistente en lograr un pacto educativo entre los principales partidos, que otorgue al sistema educativo la estabilidad necesaria en una serie de aspectos básicos, se aleja de nuestro horizonte. Y con ello, su contribución al avance de la educación en España.

Cuando pase esta pesadilla histórica, un gran esfuerzo constructivo, de los políticos y de todos los actores relevantes del mundo educativo, será imprescindible a fin de dotar a nuestra educación del impulso de mejora que necesita.

Francisco López Rupérez es autor de La gobernanza de los sistemas educativos. Fundamentos y orientaciones y expresidente del Consejo Escolar del Estado.