El decreto de Zapatero culpable del exceso de alumnos por aula y que nadie ha cambiado en 15 años
Este decreto fue promulgado después de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) del 2006, también bajo el mandato de Zapatero, en la cual no se especificaba ninguna variación de las ratios
En los últimos años, la reducción de ratios en las aulas se ha convertido en una de las banderas de reivindicación del profesorado, que reclama menos alumnos por clase para así poder mejorar las condiciones laborales de los docentes, quienes denuncian verse en ocasiones superados por la cantidad de estudiantes que tienen a su cargo.
Las ratios máximas actuales en las aulas se rigen todavía por un decreto promulgado por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación Secundaria.
Según reza el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, los centros docentes que ofrecen el segundo ciclo de la educación infantil tendrán, como máximo, 25 alumnos por unidad escolar, número que se establece también para los colegios de Educación Primaria. Por su parte, los centros de Educación Secundaria pueden tener, como máximo, 30 alumnos por unidad escolar en la ESO y 35 en Bachillerato.
Este decreto fue promulgado después de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) del 2006, también bajo el mandato de Zapatero, en la cual no se especificaba ninguna variación de las ratios. Esta ley fue sustituida en el año 2013 por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del Gobierno de Rajoy, quien tampoco valoró una reducción de ratios.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
La última ley educativa, y por la que nos regimos desde el año 2020, es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, promulgada por el Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez. En esta norma también se perdió la oportunidad de modificar la cantidad máxima de alumnos por aula y, por el momento, no hay constancia de ningún decreto preparado para abordar esta cuestión.
Reivindicación de los sindicatos
El pasado 18 de julio, UGT y Comisiones Obreras trasladaron a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, la obligación de cumplir con los compromisos asumidos en la mesa de negociación del Estatuto Docente.
Según estos compromisos, en la segunda quincena de julio el Ministerio tenía que hacer llegar propuestas articuladas sobre la bajada de ratios, la reducción de horas lectivas y las condiciones laborales del profesorado. «El Ministerio ha recogido nuestra demanda y hará llegar, como muy tarde en los primeros días de septiembre, una propuesta en relación con las horas lectivas y las ratios», aseguran desde CCOO.
Por su parte, UGT expresó a la ministra en una reunión su preocupación por la «falta de evolución» en los compromisos adquiridos en la LOMLOE y ha incidido especialmente en la necesidad de poner en marcha todos los grupos de negociación del Estatuto de la Función Docente.
En este sentido, el sindicato incide en la necesidad de regular el conjunto de derechos y deberes del personal de la enseñanza pública no universitaria que, a su juicio, debe partir de una premisa inicial: «La incorporación de todos los cuerpos docentes al subgrupo A1 con revisión de los complementos, partiendo al menos del nivel 24 para el cuerpo de maestros y del nivel 26 para el resto de cuerpos docentes».
Por su parte, UGT defiende que el futuro desarrollo de la negociación deberá incluir, igualmente, la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado en lo referente al horario lectivo, las ratios, la promoción profesional, el sistema de acceso, la reducción de la carga burocrática o el derecho a la jubilación anticipada entre otras cuestiones.
