El CEU recurre el decreto de universidades del Gobierno: «Es innecesariamente ofensivo»

El CEU ha recurrido esta semana el Real Decreto 905/2025 de 7 octubre, por el que se modifica la normativa reguladora de la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, tal y como ha informado el director general de la entidad, Javier Tello.

A pesar de que el CEU cumple «con la globalidad» de las nuevas exigencias del Ejecutivo español en materia de creación de nuevas universidades, desde la fundación sostienen que «es excesivo». El presidente del CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, por su parte, ha criticado «el tono innecesariamente ofensivo que tiene el preámbulo del decreto» en relación con las universidades privadas, y ha asegurado que parece que se ha buscado «crispar, enfrentar».

De esta forma, el CEU se suma a varias comunidades autónomas, que también han recurrido ante el Tribunal Supremo este reglamento. La última región en presentar este recurso ha sido Extremadura, a las puertas de los comicios autonómicos, cuya portavoz aseguró este miércoles que se introducen «cambios en materia universitaria que afectan directamente a las competencias» de las comunidades en este ámbito.

«Desde la Junta de Extremadura no estamos de acuerdo ni con el procedimiento que se ha seguido ni con el contenido de la norma», aseveró en rueda de prensa la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Así, criticó que dicho decreto se haya tramitado por el trámite de urgencia «sin necesidad alguna de llevarlo a efecto» y no se hayan atendido ninguna de las alegaciones formuladas por las comunidades autónomas, que «son las que conocen, las que gestionan y las que tienen las competencias en materia universitaria».

Asimismo, la Comunidad de Madrid y Aragón también han interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo, ya que ambas comunidades lo consideran «arbitrario» y que «vulnera» las competencias autonómicas.

El recurso sostiene que el artículo 27 de la Constitución Española reconoce a las Comunidades Autónomas la capacidad de desarrollar y aplicar las leyes educativas en todos sus niveles y modalidades, mientras que el Estado solo debe fijar la normativa básica. Sin embargo, este Real Decreto, según el Gobierno de Ayuso, supera ese marco básico y deja escaso margen a las regiones para regular por su cuenta.

Por su parte, desde Aragón consideran que el cambio sustancial de los requisitos del Real Decreto nada tienen que ver con la calidad de la enseñanza argumentada por el Gobierno central, sino en constituir límites arbitrarios a la creación y reconocimiento de nuevas universidades. Unas modificaciones que nos dejan en situación de inseguridad jurídica.