Adoctrinamiento LGTBI y libertad de enseñanza

Recientemente se ha hecho público el inicio de la tramitación del proyecto de ley LGTBI del Principado de Asturias, como un paso más en esa carrera autonómica del «pues yo más». Las noticias hablan de la posibilidad, en aplicación de la misma, de sancionar a los profesores que no eduquen en diversidad sexual con hasta 150.000 euros, si se considerara falta muy grave.

Este, como todos ya, deviene en un tema muy radicalizado (polarizado, dicen ahora), que provoca enfrentamientos sin dar la menor cabida a la reflexión, al debate, a la escucha. Todos son eslóganes y ninguna búsqueda de consensos, que los hay, sino de alentar el enfrentamiento cainita; un juego maniqueo de extremos.

Lo cierto es que el proyecto de ley no es solo contra la discriminación, la afrenta a la dignidad de las personas, el rechazo… sino que, dando un paso más, parece pretender obligar al fomento de las ideologías de género y transgénero, al adoctrinamiento, hasta el punto de sancionar a los profesores que no la secunden. Es decir, impone al profesorado, no ya garantizar el respeto y la no discriminación a cualquiera de sus alumnos, sino transmitir al alumnado las teorías sobre la diversidad de género en las que se basa la ley, no fruto de un consenso social, sino de la opción política de quien gobierna.

Esto es un enorme problema, o debería serlo, para todo el sistema educativo, pero particularmente para los centros concertados de ideario católico, y con ello, no lo olvidemos, para la libertad de enseñanza que garantizan con su existencia, porque la ideología de género es contraria a la doctrina de la Iglesia y la visión antropológica cristiana (véase el documento de la Congregación para la Educación Católica «Varón y mujer los creó. Para un diálogo sobre la cuestión gender en la educación», o el documento «La verdad sobre el amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar» de la Conferencia Episcopal Española, o documentos de diversos y sucesivos papados: del papa Francisco, por ejemplo, referencias en su exhortación apostólica postsinodal «Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia»).

Los colegios católicos son centros de la Iglesia y, por tanto, con independencia de la diversidad y riqueza de carismas, se espera de ellos que respeten el posicionamiento oficial de la Iglesia y su doctrina. ¿Les está imponiendo este tipo de leyes que vayan contra su propio ideario y apliquen una ideología que, por cierto, no cuenta con respaldo científico, pero además no está consensuada en nuestra sociedad?

En esto no hay que confundir términos, porque rápidamente hay quien pretende acusar de forma frívola y gratuita de alguna fobia. La postura de la Iglesia al respecto es la misma de siempre: cercanía, atención, empatía, escucha, cuidado, acompañamiento, respeto a la persona, reconocimiento de su dignidad absoluta como hijos de un mismo Dios… pero no a sus ideologías. Cuando el papa Francisco dijo aquello del «todos, todos, todos», no estamos ante una sorpresiva innovación, sino ante un mero recordatorio evangélico. En la Iglesia caben absolutamente todas las personas, o al menos las que quieran estar, pero no sus ideologías. Y así, por ejemplo, cabe el comunista, pero no cabe el comunismo, e igualmente cabe el trans, pero no la ideología de género. Es muy distinto respetar a la persona que comprar su argumentario.

Y, por tanto, ¿qué le cabe hacer al colegio católico en Asturias? ¿Debe traicionar su identidad o debe enfrentarse con valentía, y enorme riesgo, a la ley? Cabe recordar que la identidad, ese ser católico, es precisamente lo que justifica la existencia de esos centros y así también su financiación con fondos públicos, precisamente para que las familias puedan ejercer la libertad de enseñanza que les reconoce la Constitución española, eligiendo el tipo o modelo de educación que quieren para sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, y la posibilidad de elegir un centro distinto de los propios de la Administración pública y donde esos gobiernos, del signo político que sean, puedan intentar imponer sus posturas políticas e ideológicas no consensuadas ni aceptadas por el conjunto de la sociedad, como aquí precisamente es el caso. Si el centro católico deja de ser católico y se convierte en una especie de centro público más, ya no permite el ejercicio de la libertad de enseñanza y deja de estar justificada su existencia para la sociedad, al menos como centro sostenido con fondos públicos. Pero si sigue fiel a su ideario, además de la crítica sectaria (que esa viene ya de serie cuando se trata de la Iglesia), se enfrenta a sanciones, ya no solo para el centro, sino para su profesorado.

Todo esto, por cierto, mientras el gobierno pretende acuerdos educativos con el Reino de Marruecos en nuestro territorio…

Lo curioso es que, al menos hasta ahora, los únicos que han alertado y levantado la voz frente al proyecto de ley de Asturias han sido varios grupos feministas, alarmados por la deriva de la ideología de género de la ley.

Por cierto, que también informan que la ley insiste en los tratamientos hormonales a partir de los 16 años, incluso excluyendo la participación de los padres que no estén de acuerdo, e impidiendo que un profesional sanitario pueda negarse, incluso por motivos médicos, a su implantación, frente a la decisión del menor. Y eso a pesar de la marcha atrás de la legislación de países nórdicos y del propio Reino Unido, alertados por las graves patologías que parecen provocar esos tratamientos y, seguramente y sobre todo, por las reclamaciones posteriores, que acaban en sentencias, de muchos de aquellos menores, tras tratamientos hormonales y quirúrgicos, al considerar que fueron decisiones precipitadas y que se realizaron sin ningún control añadido a una voluntad aún no suficientemente formada, ni autónoma.